• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

El probable próximo presidente de la República Santiago Peña dijo que tiene previsto, en caso de ganar las elecciones generales, a partir del próximo 2 de mayo poner en marcha a un equipo de trabajo de transición, que se ocupen de acompañar de cerca la estructuración del PGN 2024, en lo que atañe a los gastos direccionados a los sectores de inversiones en infraestructura, salud pública, educación y seguridad, que se constituyen en el “talón de Aquiles” para que podamos tener el próximo año un PGN ordenado y con la asignación de rubros y recursos que permitan hacer frente en tiempo y forma a los grandes desafíos que tendrá el próximo gobierno en dichas áreas.

Esperemos que se concrete de la mejor manera, pues el PGN para el próximo año ya deberá ser presentado al Parlamento (Diputados y Senadores) para su estudio y sanción incluso antes del próximo 15 de agosto del 2023.

Dado que Peña fue ministro de Hacienda, debe tener sólidos conocimientos sobre esto, por lo que será de primaria importancia que pueda dirigir y coordinar las acciones del equipo de transición que estará trabajando en dichas áreas.

Se sigue dando, un nivel de gastos rígidos elevado que afectan a la estructura global del Presupuesto General de la Nación (PGN), como el caso de sueldos y otros beneficios destinados a funcionarios públicos que superan el 70% de las recaudaciones impositivas siendo altamente recomendable que nuestras autoridades económicas, arbitren todas las medidas necesarias orientadas a su racionalización, que puedan coadyuvar a que la gestión del próximo gobierno pueda ser más eficiente cualitativa y cuantitativamente.

Se hace necesario que el proceso de racionalización del gasto público, pueda permitir un “respiro financiero” a la coyuntura desfavorable actual, realizando paralelamente ajustes fiscales de forma racional y socialmente amigable de ser necesario.

Analistas económicos, habían señalado que nuestro país estaría perdiendo alrededor del 4% de su producto interno bruto (PIB) a causa de los gastos superfluos, lo que en términos monetarios ronda los 1.600 millones de dólares, que en moneda local representa más de 11 billones de guaraníes, que nos vendría muy bien si se pudiera hacer una reorientación y redireccionamiento al fortalecimiento de nuestra salud pública, calidad educativa e investigación y desarrollo.

El hecho que estemos gastando más de lo que nuestros ingresos fiscales nos permiten, podrían atribuirse básicamente a las deficiencias estructurales en las contrataciones públicas, las transferencias que precisan de un mejor direccionamiento y políticas de recursos humanos acordes al siglo que nos toca vivir pues no podemos seguir superando de lejos el porcentaje máximo de déficit permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había señalado que el 25% de los presupuesto en salud pública se pierde muchas veces debido a una deficiente gestión en el manejo de los recursos.

Evitemos que parte de los empréstitos sean destinados a la cobertura de gastos rígidos o corrientes, tratando que sean orientados a gastos de inversiones en infraestructura, salud pública y educación sectores que “piden socorro”.

Está en manos de nuestras próximas autoridades económicas corregir estas anomalías, para lo cual nuestros técnicos deberán arbitrar las medidas primarias, realizando cambios que sean pertinentes en la estructura del Estado y en el sistema de asignación de los recursos públicos.

Resulta necesario encarar una revisión y actualización de la Ley de la Función Pública que data del año 2000, que permita corregir los errores de la norma actual y que se dé un focus especial a la contratación de servidores públicos en los 3 poderes del Estado, en función a concursos públicos, con lo cual podremos llegar a la meritocracia, capacidad, idoneidad y trayectoria profesional que los jerarquice.

Considerar la necesidad de la reestructuración del Estado, a través de una disminución y/o realocación profesional del número actual de servidores públicos, superior a las necesidades reales, en función a que no somos más que 7,4 millones de habitantes, en plena era de la tecnología, a través de los procesos digitales, y una reingeniería vía Organización y Métodos (O&M).