Latinobarómetro -una corporación que desde varias décadas (1997) releva variables sociopolíticas regionales- advertía en el 2020 respecto de la “satisfacción con su democracia” en cada país integrado al campo constituido, que “al margen de un Uruguay que mantiene un alto nivel de satisfacción con su democracia (68 puntos) el resto de países, incluidos los que han sido y son referencia en la región: Chile, Colombia, Argentina o Brasil, los niveles de satisfacción con la democracia son inferiores a la media de los 18″. Agrega luego que “los indicadores de confianza en las instituciones muestran que los partidos políticos y los propios representantes elegidos en la expresión más nítida de la democracia, las elecciones, son las instituciones que más cayeron en la escala de confianza, frente a la iglesia y las fuerzas de seguridad, que se mantienen como asideros cuando todo naufraga” (https://www.minsait.com/ideasfordemocracy/es/informe-2021-latinobar%C3%B3metro).

Los cuadros publicados, son contundentes. En Brasil la “satisfacción” se ubica en 21; en Argentina, 20; en Chile, 18; en Colombia, 17; y, en Paraguay, 15. Tan contundente como doloroso. Pero, sin embargo, quienes se llenan la boca con la palabra democracia -no tiene sentido enumerarlos porque son emisores y emisoras múltiples a las que las audiencias saben ponerles nombre, apellido e imagen en cada lugar- parecen olvidarlo a la hora de candidatarse y, no pocas veces, cuando gestionan políticamente los Estados desde los gobiernos que lideran. Las autocracias se esparcen. Los y las otrora demócratas, que llegaron a las posiciones presidenciales a través de sistemas con normas institucionales tan claras como democráticas, parecen devenir con cierta frecuencia en anocracias o semidemocracias en las que las gestiones políticas son solo parcialmente ajustadas a los estándares internacionales del Estado Democrático de Derecho con perspectiva de derechos humanos. Drama regional que, recientemente, se puede observar en El Salvador (país declarado en “desacato” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos), Nicaragua, Venezuela, Cuba, Perú, Ecuador, Colombia y, muy recientemente en Brasil, donde el flamante presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a una semana de asumir el tercero de sus mandatos, cuando estaba fuera de Planalto -en San Pablo- supo de la actitud delictiva de seguidores del ex mandatario Jair Messias Bolsonaro que, en posible connivencia con militares, policías y recientes ex funcionarios, coparon y destruyeron la sede gubernamental, el Parlamento y la Corte Suprema de Justicia al tiempo que reclamaban un golpe de Estado para derrocar a las autoridades. Inimaginable para casi el 50% de la sociedad de ese país que, desde 1964 hasta el 21 de abril de 1985, cuando fue presidente José (Ribamar Elias Nascimento Ferreira de Araújo Costa) Sarney, fue aplastado por una dictadura cívico-militar que con Chile, Argentina, Paraguay y otros países sudamericanos adhirió al criminal Plan Cóndor para perseguir y desaparecer forzadamente a opositores y opositoras donde fueran capturados.

De allí que, mucho de lo que sucede aquí, allá y acullá en Latinoamérica, debiera inducir a la preocupación social para rechazar de plano la emergencia de regímenes de gestión democráticamente impura o híbrida, como los categorizan los académicos Monty G. Marshall y Benjamin R. Cole en el Center for Systemic Peace, por solo mencionar un par desde 1946 cuando fue sugerida esa categorización académica por Martin Buber Pfade. Muy grave. En ese contexto, para aportar un dato más, es relevante señalar que desde 1989 cuando las anocracias sumaban un total de 30 casos hasta el 2013 crecieron a un total de 53, académicamente contabilizadas. Camboya, Tailandia, Birmania, Nigeria, Zimbabwe, Uganda, Somalia, Rusia, son algunos de los países que así fueron o son considerados. Algunos lograron salir de ese escalón vergonante.

La semana que se inicia en la Argentina, una vez más, será la puerta para complejidades notables. El presidente Alberto Fernández, el pasado viernes 13, firmó el decreto 17/2023 con el cual llama a sesiones extraordinarias al Parlamento para que el Poder Legislativo se aboque -entre el 23 de enero y el 28 de febrero venideros- al tratamiento de un total de 27 proyectos de ley que el titular del Poder Ejecutivo considera imprescindibles para gestionar.

Entre ellos, se destaca el pedido de juicio político a los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti, a los que acusa de “mal desempeño de sus funciones”. También insiste -lo había propuesto el pasado mes de junio y fue tratado por la Cámara de Senadores en setiembre del 2022- con ampliar la cantidad de miembros de la Corte a un total de 25 jueces. Hoy faltan 328 días para que Alberto F. finalice el mandato que inició en la misma fecha en el 2019. El cuadro de la situación política y social desde entonces es totalmente diferente. Particularmente -desde los datos duros, lo verificable, lo concreto- porque en el 2021, el gobierno de Alberto y su vicepresidenta Cristina Fernández, fue derrotado por las oposiciones en las elecciones de medio tiempo.

El Frente de Todos (FDT) padece de debilidad política porque una buena parte de la sociedad decidió deslegitimarlo. Sobre legalidad y legitimidad Max Weber escribió y argumentó largamente. Todo poder, además de legal -sí y solo sí- debe ser legítimo para gestionar e imponer. El voto, es el camino. Así las cosas, los dos proyectos mencionados impulsados por Alberto F. relacionados con la Corte Suprema de Justicia, no tienen posibilidades de ser aprobados porque, para hacerlo es necesario contar con mayoría especial parlamentaria (2 tercios). Aquí y ahora, el oficialismo, solo dispone de mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados -para juzgar a los máximos magistrados de la Nación- pero carece de voluntades suficientes en el pleno, “en el recinto”, para aprobar la solicitud presidencial.

Un grupo de gobernadores obedientes y dependientes, especialmente, de la vicepresidenta Fernández, acompaña la iniciativa, pero más allá de lo que puedan intervenir discursivamente o presionar a los diputados que representan al pueblo de sus provincias, no tienen la facultad de votar en el legislativo. Jarabe de pico. Algunos diputados oficialistas como es el caso de la presidenta de ese comité, Ana Carolina Gaillard, junto con la divulgación de la solicitud presidencial, adelantó que citarán a los supremos para interrogarlos sobre las acusaciones recibidas y advirtió que habrán de solicitarse numerosas medidas de prueba de dudosa constitucionalidad, según coincidentes juristas.

Las oposiciones, especialmente la de la coalición Juntos por el Cambio (JxC), taxativamente informaron que no acompañarán y que tampoco votarán ninguno de los proyectos enviados por el Ejecutivo. Algunos de ellos de imperiosa necesidad para la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa para sostener el acuerdo que este gobierno alcanzó meses atrás con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar poco más de US$ 45.000 millones. Por el lado de los jueces de la Corte, tres de ellos, Rosenkratz, Maqueda y Rosatti dejaron trascender que “no” concurrirán personalmente para declarar ante la comisión, sino que -como lo prescribe la Constitución Nacional- responderán las requisitorias por escrito. En lo que concierne al juez Lorenzetti, se desconoce cuál será su actitud. “Es un proyecto para el escarnio”, dijo un allegado a la Corte a este corresponsal; agregó que “solo procuran debilitar al alto tribunal que más tarde que temprano deberá expresarse en numerosas causas que involucran a destacados integrantes del poder político” y, finalmente, sostuvo que “aunque parezca increíble por lo inconducente todo parece que va en contra del sistema democrático”.

Otro informante judicial recordó la necesidad democrática de la independencia entre los poderes del Estado y recordó que “el 19 de agosto del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ‘Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea vs República del Paraguay’ condenó a ese país, ordenó reponer en sus cargos a esos dos ex ministros de la Corte Suprema paraguaya que fueron destituidos por iniciativa presidencial en ese país en 2003 porque consideró que el Estado violó el derecho a contar con una autoridad competente mediante procedimientos previamente establecidos, pues posteriormente a la acusación formulada por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores emitió la Resolución No. 122, por medio de la cual estableció un nuevo ‘procedimiento para la tramitación del juicio político’”.

El jurista portavoz -que exigió reserva acerca de su identidad- admitió que “si bien los casos no son iguales o, más exactamente, son parcialmente diferentes, la intencionalidad política que trasunta la solicitud de juicio político realizada por el presidente Fernández y la ampliación de la cantidad de miembros del más alto tribunal de la República es la misma y, con esa metodología antijurídica y procesalmente inconducente, solo se atacan sentencias que disgustan al Poder Ejecutivo, se deteriora el sistema democrático y se afecta la credibilidad social de las instituciones”.

Dos veteranos dirigentes peronistas que “a disgusto nos mantenemos todavía en el gobierno porque no coincidimos con estas últimas actitudes de Alberto y Cristina”, con el compromiso de resguardar sus identidades, a requerimiento de este cronista coincidieron en sostener que “la denuncia contra los jueces de la Corte es una movida política y mediática porque, dado que no violaron la Ley, ni cometieron prevaricato para acusarlos, carecen del número de parlamentarios para echarlos, apuntan a desgastarlos en la opinión pública”. Consideran que “solo quieren ganar tiempo hasta las elecciones y no les importa, para hacerlo, deslegitimar a la democracia”.