El presidente argentino Alberto Fernández, por estas horas, se encuentra en la isla de Bali, Indonesia. Se encuentra bajo dos miradas. La del ministro de Economía, Sergio Massa, que lo acompaña y la de su vicepresidenta, Cristina Fernández, en ejercicio de la presidencia, desde Buenos Aires.
En ese paradisíaco destino de alta gama Alberto y Sergio, se encuentran allí para participar de la cumbre del G20, integrado por los países del G8 –Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Rusia– a los que se agregan la Unión Europea, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía. Ese foro, creado en 1999, durante el año que corre lo lidera Joko Widodo (51), presidente del país anfitrión. También se están allí, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), todas ellas multilaterales de alcance global.
Del orden regional, también participan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Unión Africana, la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) y, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). No falta nadie, aunque en verdad, la misión del BID carece de presidente o presidenta porque ese cargo debe ocuparse por un consenso inexistente entre los países de la región.
Argentina propone para ocupar ese sillón a la economista Cecilia Todesca Bocco, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. ¿Cómo llegan Alberto F. y Massa al cónclave? Veamos. La moneda de referencia, el dólar –con la que una buena parte de la población ahorra para cubrirse de la pérdida de valor del peso– por sucesivas disposiciones gubernamentales de política económica, tiene 17 tipos (cotizaciones) con las que el ministro Massa procura proteger las menguadas reservas internacionales de libre disponibilidad que atesora el Banco Central (BCRA) con poco éxito.
La evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no responde a ninguno de los transitorios y reiterados intentos oficiales para evitar que se expanda, carcoma la capacidad de compra de la población y, en consecuencia, se deteriore el consumo. Cuando restan muy pocos días para que finalice este año, coincidentes evaluaciones especializadas y proyecciones de todo tipo, aseguran que el costo de vida se ubicará cercano al 100%, respecto del 31 de diciembre del 2021. Nadie asegura, hasta el momento, que la evolución creciente del IPC pueda desacelerarse con continuidad en el 2023. La política interfiere en la economía y proyecta desconfianza. Pocas horas atrás, Massa presentó formalmente un nuevo programa para controlar el valor al consumidor de 1.800 productos que, solo por algunos meses, deberán mantener su precio congelado.
Una porción mínima de los que una familia podría consumir dado que –para tener una referencia que facilite la comprensión social– en un supermercado de escala media, aproximadamente, la oferta disponible es de unos 60 mil productos. Como contraprestación al compromiso empresarial de no aumentar, Massa permitirá que esas firmas productoras que aceptaron congelar precios puedan acceder a los dólares necesarios para la compra de insumos que le permitan operar sin dificultades. De todas formas, Alberto F. y Massa –al igual que numerosos funcionarios y funcionarias– deberán explicar por qué la economía local se enfría y, en algunos casos, se encuentra cerca de la paralización. Inflación con regulaciones, caída en el consumo, descenso productivo, desempleo, 36,6% de pobreza, alta indigencia. Duro de explicar.
El sector productivo automotriz deja trascender que se encuentra en el borde del abismo. Algunos portavoces sectoriales dicen que “dentro de una semana tendremos que parar por falta de insumos”. Consecuencias posibles: licenciar a las y los trabajadores, adelantar las vacaciones. Complejo y angustiante, por cierto. El panorama no difiere mucho en otros sectores. La minería también está en una encrucijada. Además de ser cuestionada por su perfil extractivista, las empresas que trabajan sobre los recursos áuricos y de plata también analizan tener que paralizar sus operaciones.
Las proyecciones exportadoras para el presente año, del orden de los 4 mil millones de dólares, al día de hoy parecen inalcanzables. En consecuencia, los CEOs sectoriales revisan sus cálculos y previsiones para el comercio exterior podrían demorarse. No es bueno para las reservas argentinas. Ese tipo de transacciones transnacionales generan dólares genuinos. A este panorama complejo en el sector minero se añade que Canadá ordenó a la República Popular China “vender de inmediato sus participaciones en tres compañías mineras canadienses, ya que, dijo, la necesidad de inversiones en la extracción de minerales críticos choca con las crecientes preocupaciones sobre la seguridad nacional”, en ese país.
La información se conoció aquí a través de la revista Dang Dai, especializada en las relaciones de aquel país asiático con Argentina y Latinoamérica. La publicación precisa que lo dispuesto por Canadá fue reportado por el ministro de Industria canadiense, François-Philippe Champagne, quien dijo que “se exigiría a tres empresas chinas que se deshagan de empresas mineras júnior”. Una de las firmas afectadas es Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd, que deberá deshacerse de su participación en Ultra Lithium Inc. La novedad tendría fuerte impacto en el desarrollo que la empresa realiza en Laguna Verde, provincia argentina de Catamarca, donde explota “salmuera de litio”, que “originalmente conducía la canadiense Ultra Lithium”. Más preocupaciones.
Mientras aquí, en el plano interno, quienes lideran el oficialista Frente de Todos (FdT) –la vicepresidenta Cristina Fernández, el presidente Alberto F. y el ministro Massa– disputan incansablemente y producen movimientos de suma cero. Hasta el 10 de diciembre del 2023, cuando la presente administración finalice su mandato faltan 392 días. Antes, en el transcurso del mes de agosto –si se cumpliera con el cronograma electoral– habrá elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) para definir quiénes serán las candidatas y candidatos de cada partido y/o frente que participarán de las presidenciales que se celebrarán en octubre. No es tiempo lo que sobra y coincidentes encuestas dan cuenta que los números no favorecen en la voluntad electoral al FdT.