La película “Argentina 1985″ acaba de ser estrenada en los cines locales y en la plataforma Amazone Prime, en la misma se aborda el trabajo del fiscal Julio César Strassera, quien fue el que lideró el trabajo de investigación, entrevista con las víctimas y familiares, aporte de pruebas y acusó a los personeros de la dictadura militar argentina en lo que fue conocido como “juicio a las juntas”. El país vecino fue el único de la región que realizó proceso semejante con sus dictadores, luego del retorno a la democracia y con el respetado Raúl Alfonsín como presidente de la República.
Escribir una columna política sobre la base de una película recientemente estrenada debería ser considerado como deporte de riesgo, por aquello de spoilearles a los muchos que aún no la vieron. Lo que se puede decir es que es absolutamente necesaria, recomendada de ver y con paralelismos llamativamente vigentes con nuestra realidad en Paraguay.
Uno de los mensajes principales que deja la cinta es que un ministerio público debe ser absolutamente independiente de las coyunturas políticas, al punto de brindarle a la ciudadanía que representa un trabajo profesional y técnico que no se deje influenciar por políticos, medios de comunicación u otros grupos de presión con gran poder de lobby. Sin importar quiénes sean los acusados o sospechados, la Fiscalía les brindará las garantías que recibirán un trato igualitario y no sesgado dependiendo del color o sector en el que militan. Fiscales que, con preparación académica, capacitación permanente, coraje y determinación logren ofrecer los resultados que la población reclama. Y en ese sentido, son claves dos elementos: el liderazgo de la institución y la suficiente y adecuada asignación de recursos.
En gran medida estos componentes se lograron con la actual administración del Ministerio Público, por eso molesta tanto a algunos que a pesar de haberle escamoteado año tras año los recursos suficientes, desde la Fiscalía le sigan dando pelea a estructuras criminales que superan por lejos en logística y poder económico y político. Denuncias a fiscales sin nada más que fundamentos políticos ante el Jurado de Enjuiciamiento y sucesión de presentación de juicios políticos a la actual cabeza de la institución, completan el cuadro de situación bastante complejo actual y ni hablar de lo que se viene en el futuro cercano.
En momentos en que el Consejo de la Magistratura se halla en un acelerado proceso (cuestionado por muchos este adelantamiento) de búsqueda de un nuevo fiscal general del Estado y con sendas candidaturas a ocupar el cargo que están siendo impulsadas desde el propio Ejecutivo y medios afines de comunicación, es oportuno poner en la agenda pública de discusión y debate una mirada que nos permita recordar la importancia vital de que el Ministerio Público siga siendo independiente y no una herramienta de persecución política.
Aunque sea contra corriente, no debemos permitirnos dejar de proponer líneas de discusión más que necesarias para el mejoramiento de nuestras instituciones. De eso también se trata la política, esa mala palabra que empieza con p y termina con a.