“Son tantos los conflictos irresueltos y los frentes abiertos, que en verdad, no es sencillo saber, discernir, cuál será el que podría desatarse en los próximos días”, dijo a este corresponsal un alta y confiable fuente gubernamental que, pese a esa incertidumbre -que no es exclusivamente suya- confía en que “en las próximas semanas las tensiones aflojarán”. A dos meses de gestión del ministro de Economía Sergio Massa, un puñado de días atrás, la vicepresidenta Cristina Fernández hizo pública su primera crítica a través de su cuenta en la red Twitter: “Está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda.

Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”, sentenció en el primero de sus posteos en un hilo que, pese a ser público, tiene como destinatario preferente al ministro Massa. Inmediatamente, añadió: “El Ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”. Los receptores deseados, en este caso, parecerían ser también los que adhieren a su liderazgo y no comparten las políticas que aplica el jefe de la hacienda pública que nada respondió. Sin embargo, su segundo, el viceministro Gabriel Rubinstein -como Cristina F. activo tuitero- sí lo hizo para señalar que “la culpa del desorden cambiario, las altísimas brechas, la obligación a financiarse a 180 días para importar, cupos, etc., etc., no la tienen las empresas. Aunque haya abusos normativos y corrupción. Es nuestra responsabilidad (gobierno) que todo esto mejore. En eso estamos (sic)”. Luego, fue a fondo y recordó en forma destacada los años del presidente Néstor Kirchner (2003-2008): “Lo antes que podamos deberíamos volver a la macro del 2003-2005: superávit primario del 3% del PIB. Por ende superávit externo (cta. cte. del 2% del PIB). Dólar único. Inflación del 5% anual (sin controles de precios). Tasa Lebac (Leliq) 6% anual. US$ 40.000 millones de Reservas Netas”. Palabras fuertes y datos duros. ¡Qué bien que estábamos cuando estábamos mal en la salida de la crisis política, social, económica y financiera de 2001!

Abroquelado, el equipo económico, según trascendió, le hace conocer algunos movimientos operativos a las centrales empresarias. Se buscan aliados y aliadas. Massa, confió al titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, que con el equipo de gestión que lo acompaña, “tratamos de disipar por completo el riesgo de crisis inminente” que desde muchos meses y hasta hoy, se percibe. Veamos algunos datos: Pobreza en diciembre del 2019, 35,5%. Indigencia, 8%. Pobreza en setiembre del 2022, 36,5% (casi 17 millones de personas). Indigencia en setiembre del 2022, 8,8% (en torno de los 4 millones de personas). Es dable destacar que en el período enero-junio del 2021, la pobreza se ubicaba en 40,6%. Hubo mejoras, por cierto, aunque alguien pudiera considerarlas intrascendentes. Especialmente, pobres e indigentes.

En lo que concierne a proyecciones de estos dos indicadores mencionados, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), estima que para diciembre venidero, podría marcar en situación de pobreza al 40% de la población y en la indigencia, al 10%. Poco alentador. Si se revisan los datos del índice de precios al consumidor (IPC - inflación), en diciembre del 2019, era del 53,8%. Hasta agosto de este año, alcanza al 78,5% en la medición interanual, en tanto que en los primeros 8 meses del 2022, creció 56,4%. El valor del dólar en el mercado oficial en diciembre del 2019, $60 por unidad de billete verde. El valor del dólar oficial hasta el viernes pasado, $152. El valor del dólar en el mercado informal, ilegal, paralelo o blue, como prefiera llamárselo, en diciembre del 2019, $70. Hasta el viernes último, $288. En este paquete de datos concretos es donde se encuentran las preocupaciones del oficialismo y, por qué no, de las oposiciones. Los primeros, porque en el 2023 habrá elecciones presidenciales y no son pocos ni pocas las encuestadoras que aseguran que una buena parte de toda sociedad vota en línea con la economía. Pero, desde el exterior, también llegan datos preocupantes para oficialistas y oposiciones.

“Tres cuartas partes de las naciones que se prevé que estén en alto riesgo o riesgo extremo de disturbios civiles para el cuarto trimestre de 2022 son países de ingresos medios, según la definición del Banco Mundial”. Así lo reportó el 11 de mayo pasado la colega periodista Jorgelina do Rosario, apoyándose en una proyección con tono de advertencia realizada por el analista Verisk Maplecroft quien, con esas palabras, actualizó su “Informe de Riesgo Político” que emitiera en marzo de este mismo año y que confecciona para aquel organismo multilateral. En esa actualización, considera como “inevitable” que se produzcan “disturbios civiles” como consecuencia del incremento en los precios del combustible y los alimentos en los mercados globales y señala a “Brasil o Egipto” como países que “están particularmente en riesgo”. Destaca después que “a diferencia de los países de bajos ingresos, (los ya mencionados no lo son en línea con las categorizaciones del Banco Mundial) eran lo suficientemente ricos como para ofrecer protección social durante la pandemia, pero ahora tienen dificultades para mantener un alto gasto social que es vital para el nivel de vida de grandes sectores de su población”.

En ese contexto, Maplecroft coloca -en la misma categoría que a Brasil y a Egipto- a “Argentina, Túnez, Pakistán y Filipinas”, como países a observar porque “sin una resolución del conflicto (bélico entre Rusia y Ucrania) a la vista, la crisis global el costo de vida continuará en aumento hasta 2023″. Para el pasado quinto mes del 2022, Líbano, Senegal, Kenia, Sri Lanka y Bangladés, también forman parte de los que se encuentran en “riesgo político” que, en su conjunto, superan el centenar de países, en alguno de los cuales ya se verificaban aumentos en los disturbios civiles. De hecho, el 9 julio último, el presidente esrilanqués, Gotabaya Rajapaksa, tuvo que renunciar y huir de su país como consecuencia de las protestas sociales que incluyeron la ocupación del palacio presidencial. En Latinoamérica, en los últimos años, se verificaron estallidos sociales -por los motivos anunciados en el reporte comentado- en Chile, Ecuador, Perú, Colombia, por solo mencionar cuatro y, en todos ellos, se deterioraron políticamente los oficialismos y en el corto plazo fueron derrotados electoralmente. Sobran motivos, en Argentina, para que todos y todas se preocupen.