Benigno López, exministro de Hacienda del gobierno de su hermano Mario Abdo Benítez, vuelve a escena con pretensiones de dar cátedra sobre política económica. Pero es pura retórica, pues los números de su gestión cuentan la calamitosa gestión y los clavos que dejó.

Como ministro de Hacienda y principal arquitecto de la polí­tica económica de la adminis­tración de su hermano Mario Abdo Benítez, Benigno López no fue un mero observador externo: fue protagonista central de un ciclo que hoy pretende ignorar. Así, busca pontificar desde la tribuna, cuando su gestión al frente de la política económica fue dis­cretísima y aciaga.

Mientras el responsable del rumbo económico del desas­troso gobierno anterior rea­parece en el debate público con tono académico y pose triunfal, conviene recordar su administración y cómo su legado, ocupado por otros “téc­nicos” en Hacienda, causaron un gran perjuicio al país.

El problema no es la crítica –siempre necesaria–, sino la falta de coherencia entre el discurso actual y el legado que dejó su administración. Una gestión marcada por la ausen­cia de reformas estructurales, el debilitamiento de reglas fis­cales que habían sido emblema de estabilidad y una conduc­ción económica que priorizó el relato antes que la calidad del gasto y la solidez institucional. En ese contexto, las “cátedras” resultan, cuanto menos, difí­ciles de digerir cuando se las contrasta con el balance real de aquel periodo. En declara­ciones a La Unión AM, el exmi­nistro de Hacienda sostuvo que la actual administración del presidente Peña “no puede hacerse el pícaro y rehuir sus compromisos. Las deudas y los intereses hay que saldarlos”, recalcó López, omitiendo la desastrosa gestión que le cupo a este y a su sucesor Óscar Lla­mosas.

En ese contexto, hay que decirlo con todas las letras, la era Abdo dejó una cantidad de clavos y bombas activadas en todas y cada una de las ins­tituciones. Hay informes de auditoría forense de la Con­traloría General de la Repú­blica que hablan al respecto. Son más de sesenta y solo del periodo 2022.

El desempeño económico del periodo 2018-2022, cuyo diseño fue realizado por Benigno López hasta que dejó el cargo en octubre de 2020, fue uno de los más bajos, con un crecimiento del PIB per cápita de 0,4 %. Esta cifra es comparable a periodos de finales de los 90 y principios del 2000 cuando el país atra­vesaba periodos de profunda inestabilidad política y eco­nómica.

El Gobierno decidió exceptuar la Ley de Responsabilidad Fis­cal, hecho que se dio por pri­mera vez desde su aplicación, alcanzando un déficit fiscal que representó 2,8 % del PIB, argumentando una sequía que impactó a la economía para­guaya. Este déficit es el más alto que se registra desde 1999 durante el gobierno de Gonza­lez Macchi.

Como consecuencia del mayor déficit fiscal, el gobierno de este periodo es el que registra el récord de endeudamiento en 5 años de gestión, con más de USD 7.960 millones de nue­vos préstamos y obligacio­nes contraídas por el Estado paraguayo. Además, culminó el Gobierno sin reconocer deu­das contraídas con proveedo­res del Estado de más de USD 500 millones que debieron ser canceladas por el gobierno actual.

En varias ocasiones, el presi­dente Peña recordó los clavos dejados por la gestión Abdo. Recordó que la reducción de la pobreza no solo se estancó, sino que incluso aumentó, con un 25.5 % de pobreza total y un 6.1 % de pobreza extrema en 2022.

El de Abdo fue un gobierno que no supo aprovechar su periodo de gestión para promover las reformas de mejora de la cali­dad del gasto público para un mejor uso de los recursos públicos. Se enfocaron en una ley de modernización tributa­ria para recaudar más y en una ley de compras públicas que reglamentaron con un decreto a 4 días de terminar el gobierno y que luego debió ser revisado. Las propuestas de mejora de la calidad del gasto público como la reforma del servicio civil y de supervisión del sistema de pensiones fueron incluidas en un programa con el FMI, pero que no implicaba un compro­miso de aprobar estas leyes, sino solamente presentar al Congreso los borradores de los proyectos de ley.

Durante el periodo de gobierno, surgieron cuestionamientos con respecto al resguardo de la independencia del Banco Cen­tral del Paraguay. Específica­mente, se dieron nombramien­tos en el Directorio del Banco (Humberto Blanco y Carmen Marín) que claramente no fueron propuestos desde la institución. Fueron designa­das personas que registraban incompatibilidades para ejer­cer el cargo debido a que existían vínculos con instituciones que podían generar conflictos de intereses en la toma de deci­siones. Además, se afectaron derechos laborales del plantel de funcionarios del BCP que generó incertidumbre entre ellos y motivó a la renuncia de técnicos con años de experien­cia profesional, debilitando al capital humano de la ins­titución.

La gestión económica de la administración Abdo fue desastrosa y su impacto fue tal que incluso la actual administración de San­tiago Peña tuvo que ocuparse de esa pesada carga heredada. Estas son algunas de las perlitas heredadas de la gestión que comandaba Benigno López en 2018. Entre las deudas pendien­tes figura el Ministerio de Salud Pública, el cual debía USD 371,3 millones por el abastecimiento de insumos y medicamentos. Mientras que el Instituto de Previsión Social (IPS) adeudaba otros USD 210 millones por los mismos conceptos.

En tanto, la deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC) con las contratistas rondaba los USD 350 millo­nes solo en capital, sin contar los intereses devengados por los atrasos en los pagos por las obras viales que Abdo Benítez alar­deaba al justificar su gestión. El Ministerio del Interior era otra con una complicada situación financiera, con dinero comprome­tido por los contratos plurianuales que impactaron en el presu­puesto de varios años consecutivos. En total fueron unos USD 250 millones de compromisos pendientes con los proveedo­res, de los cuales unos USD 42 millones corresponden al Interior y USD 200 millones a la Policía Nacional y están relacionados a gastos de seguridad.

Resulta llamativo y contradictorio que ahora Benigno López Benítez, quien fue ministro de Hacienda durante el gobierno de su hermano, el expresidente Mario Abdo Benítez, salga a cuestionar el retraso en el pago a proveedores del Estado del actual gobierno. El exministro sostuvo que “las deudas y los intereses hay que soldarlas”, al referirse a las obligaciones monetarias vigentes con las empresas constructoras.

Sin embargo, López Benítez, quien ejerció el cargo de ministro de Hacienda entre agosto de 2018 y febrero de 2022, y que renunció en medio de cuestionamientos políticos y económicos, un año antes de que culminara el mandato de Mario Abdo Benítez, guardó silencio frente a las millonarias obligaciones financieras que dejó su hermano al finalizar su gestión en agosto de 2023.

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De acuerdo con lo señalado por el actual ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, al asumir el cargo se encontró con una obligación financiera cercana a los USD 600 millones, heredada del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente en los sectores de la construcción y la salud, por la compra de insumos y medicamentos. Estos compromisos heredados, sin embargo, fueron omitidos por el exministro López Benítez.

Cabe resaltar que este monto solo contempló las obligaciones del Ministerio de Salud Pública, que rondaban los USD 300 millones, y no incluyó los pasivos acumulados durante años por el Instituto de Previsión Social, entidad que también estuvo bajo la conducción de Benigno López Benítez en administraciones anteriores.

La obligación del Ministerio de Salud con las empresas farmacéuticas supera los USD 253 millones, según el informe brindado en su momento por la ministra de Salud, María Teresa Barán.

Estos pasivos se generaron durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, lo que obligó al actual Poder Ejecutivo a implementar mecanismos financieros, como préstamos y emisión de bonos, para destinar USD 256 millones al pago a proveedores de insumos y medicamentos, con el fin de evitar el desabastecimiento de hospitales. El pago se concretó en febrero de 2024.

En los USD 600 millones mencionados no se incluyen las obligaciones de otras instituciones del Estado, detectadas tras los cortes administrativos realizados al término del gobierno de Mario Abdo Benítez, que en conjunto conformaron una deuda flotante superior a los USD 1.000 millones. En ninguno de estos casos, Benigno López Benítez realizó críticas ni cuestionamientos a la gestión de su hermano.

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En su gestión al frente del Ministerio de Hacienda, Benigno López, hermano del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, también dejó heridas y una senda de cuentas impagas. Un legado de deudas, que hasta la actualidad tuvo consecuencias para el Estado, pero a pesar de ello Benigno López ahora aparece en algunos medios de comunicación hablando de la necesidad de que el Estado gaste menos.

Sin embargo, durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda dejó varias deudas impagas, si bien renunció al cargo en el 2020, Benigno López también hizo parte del gran esquema de endeudamiento del gobierno de Abdo, su hermano.

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Durante el tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN), para el ejercicio fiscal del 2019, Benigno López, había defendido esta política de endeudamiento que llevaba adelante el gobierno de Abdo. Para ese entonces, el PGN contemplaba ya una deuda de USD 1.450 millones, de los cuales USD 600 millones ya correspondían a los bonos soberanos y USD 850 millones en créditos de organismos multilaterales, de acuerdo a las propias expresiones de López.

El mismo también había justificado la emisión de bonos soberanos, afirmando que era la “única manera” de poder financiar las obras de infraestructuras. Obras que, muchas de ellas, no pudieron ser concluidas e incluso realizadas por las deudas generadas y que finalmente no fueron pagadas hasta dejar el mandato.

Durante su campaña en el 2022, el actual presidente Santiago Peña ya había advertido sobre esta situación, señalando que en ese momento no se habían destapado todos los hechos de corrupción que salpicaban a Abdo y su gabinete, afirmando que incluso se podría torcer la voluntad popular para seguir alimentándose del Estado.

“Les gustaría torcer la voluntad popular porque no se quieren ir, tienen miedo, no quieren soltar la teta del Estado donde se están alimentando hace 5 años y tienen miedo que nos enteremos respecto a todas las barbaridades que han hecho, todavía ni el 10 % sabemos. Cuando empecemos a hacer los balances de las auditorías de los balances de las instituciones públicas, cuando preguntemos a los proveedores el nivel de atraso de las deudas al sector vial, a las industrias farmacéuticas, entre otros más”, fueron las expresiones de Peña en ese momento.

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El presidente de la República, Santiago Peña, lamentó las críticas selectivas que hoy se han empeñado contra su gestión actual; sin embargo, señaló que nadie cuestionó los nombramientos de familiares políticos que se dieron durante el gobierno anterior. El mandatario puso como ejemplo el caso del exministro de Hacienda, Benigno López, cuando éste fue nombrado por el propio Mario Abdo Benítez, que nadie cuestionó cuando Mario Abdo Benítez había nombrado como ministro de Hacienda, a su propio hermano Benigno López.

Durante una entrevista que concedió a la radio 1330 AM, cuestionó a la prensa y sectores políticos que guardaron completo silencio cuando la administración de Mario Abdo Benítez contrataba a mansalva a funcionarios públicos. Los cuestionamientos por nombramientos de familiares de políticos forman parte de la dinámica política que busca atacar a su administración, ya que estas críticas no se dieron contra el gobierno anterior.

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“Principales grupos que hoy están atacando y haciendo sus líneas editoriales, son los que estuvieron callados durante cinco años cuando veían que el aparato público crecía cerca de 60 mil funcionarios. Nunca les escuchamos en cinco años hablar de las contrataciones masivas. El nepotismo, el presidente anterior le nombró a su hermano (Benigno López) ministro de Hacienda, un caso más flagrante no pudo haber y obviamente no dijeron nada”, recordó el mandatario.

No obstante, el presidente Peña remarcó que tiene una visión política que es la de contar con reglas claras para el ingreso, permanencia y salida de la administración pública, por lo que nuevamente abogó por el proyecto de Ley del Servicio Civil, que debe discutirse en el Congreso Nacional.

“Esta es una reforma que venimos abogando hace años, yo particularmente, que es la ley del Servicio Civil, que es una ley larga de más de 200 artículos, que tiene que ser discutida en el Congreso, y ojalá esto se pueda dar lo más rápido posible. Así como en la medida que haya incumplimiento de la la ley tiene que haber sanciones y existen los mecanismos. Lastimosamente, lo que se ha hecho en los últimos días es tratar de refregar diferencias políticas, de diferentes grupos, sobre todo económicos que están en contra del gobierno y están callando, lo que no dijeron antes en 5 años”, enfatizó.

Al respecto, señaló que del 2018 al 2023 la administración pública creció cerca de 70.000 funcionarios, y la pregunta es cómo entraron, cuáles fueron los criterios, eso es lo que hoy está golpeando, y que es una herencia super pesada que recibió su gobierno, y es lo que están trabajando para administrar y dar una solución; así como se está haciendo con la situación económica, con la situación de seguridad.

“Tacumbú no llegó a ser una tierra controlada por el Clan Rotela de la noche a la mañana, esto tenía la complicidad de las autoridades de turno, y que claramente nosotros le hemos enfrentado y lo seguiremos haciendo. No llegamos acá para aprender de los problemas, conocemos los problemas y estamos enfrentando día a día”, concluyó.

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