El fiscal federal Diego Luciani, quien lleva desde muchos años la investigación de los presuntos delitos de corrupción estructural que habría cometido la vicepresidenta Cristina Fernández cuando era presidenta entre el 2007 y el 2015, culminará su labor y, finalmente, acusará a la segunda al mando para que los jueces del tribunal oral federal (TOF) 2 condenen o absuelvan a la acusada. La lectura pública del alegato de Luciani realizada hasta el momento, en el cual describe el modus operandi con el que la imputada y sus cómplices presuntamente cometían los delitos que el Ministerio Público investiga, permite proyectar que el acusador solicitará una pena de cumplimiento efectivo de entre 10 y 14 años de prisión para Cristina.

El fiscal, en esa línea de trabajo, habrá de demandar inevitablemente la inhabilitación perpetua para que Fernández ocupe cargos públicos y el decomiso de sus bienes hasta alcanzar un monto desconocido hasta el cierre de la presente edición, pero que, seguramente, será multimillonario.

El fiscal Diego Luciani, respetuoso de las normas que está obligado a cumplir, se ha negado a dialogar con el periodismo sobre cuál será la pena privativa de libertad que habrá de solicitar como así también el monto dinerario que, junto con la eventual sanción penal a la imputada, el Estado pretenderá recuperar. De todas formas, no es el representante del Ministerio Público el que tendrá la última palabra, ya que los que finalmente bajarán el martillo, luego de evaluar la prueba documental recogida, serán los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. Los cargos contra Cristina F. son graves.

Se la acusa de liderar una asociación ilícita y de haber defraudado a la administración pública por encima de los 46.000 millones de pesos (unos US$ 324 millones) junto con su fallecido esposo Néstor Carlos Kirchner, quien fuera presidente entre el 2003 y el 2007; el ex ministro Julio de Vido, los ex funcionarios José López (a quien cámaras de seguridad registraron cuando abandonaba US$ 9 millones en un convento de monjas católicas), Nelson Periotti y el empresario Lázaro Báez. Meses atrás, Cristina F., en el transcurso de una intervención telemática frente a los jueces, consideró que es víctima de una operación judicial, política y mediática a la que categorizó como lawfare y, a voz en cuello, sostuvo que “la historia ya me absolvió”.

En los últimos días, La Cámpora, agrupación política que lidera su hijo primogénito, el diputado Máximo Kirchner, lanzó una fuerte campaña en redes y vía pública en la que advierte que “no la toquen a Cristina”. Algunas convocatorias realizadas en plazas públicas y en las puertas de los tribunales para manifestarse en favor de la acusada tuvieron poca repercusión. Pero, pese a tales acciones, la causa avanza.

Los jueces Gorini y Giménez Uriburu tienen vasta experiencia en procesos penales vinculados con el accionar de dirigentes políticos. De hecho, fueron los primeros en la historia judicial argentina en condenar al ex presidente Carlos Saúl Menem (1989-1999) por graves delitos durante el ejercicio del cargo.

Menem, es preciso consignarlo, nunca cumplió con las penas de cárcel impuestas ni fue inhabilitado. Es más, falleció cuando era senador nacional. Pero, en el caso de Cristina F., por la cercanía de las elecciones presidenciales del 2023 y la grave crisis política, económica y social que se verifica en este país, la expectativa es mucho mayor aunque, mayoritariamente, la sociedad descree que sea detenida y encarcelada, aunque sobre ella recaiga condena por parte del TOF 2, ya que dicha pena no será una sentencia firme, dado que la señora Fernández tendrá el derecho de apelar el fallo ante la Cámara Nacional de Casación Penal y, si en este tribunal la decisión también le fuera adversa, podría ir con un recurso extraordinario o en queja hasta la Corte Suprema de Justicia.

Es muy posible que ese sea el camino que le indiquen sus defensores. Pero también hay que decirlo, mientras su eventual condena y solicitud de inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos no sea firma, podrá presentarse –si así lo decidiera– como candidata a la presidencia en las elecciones del año que viene.