• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

El ministro de Hacienda había señalado que tenían elaborado una propuesta en la cual se estipulan los diferentes niveles de remuneraciones para los servidores públicos, basados primariamente en la meritocracia de cada uno de ellos.

La misma estaba incluida dentro del paquete que contemplaba la reforma del Estado y que debía ser presentada al Poder Legislativo para su estudio/aprobación en el mes de abril pasado.

Ha sido preparado en el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia del covid-19, ocasión en que el vicepresidente de la República, como enlace natural del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional, empezó a socializarlo.

No tenemos la certeza si a la fecha este proyecto de ley empezó a analizarse y evaluarse en las comisiones asesoras, pues inicialmente tuvo bastante resistencia, dado que también se incluía la revisión/actualización de la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, ultranecesario desde hace varios años.

El acceso a la función pública deberá estar basado en la meritocracia, capacidad, idoneidad, experiencia y trayectoria profesional del funcionario.

Esperemos que los puedan analizar en plenaria (senadores y diputados) cuanto antes, pues está en juego el buen servicio que deben brindar nuestros funcionarios, que hasta ahora dejan mucho que desear, salvo honrosas excepciones, pues sigue predominando la politiquería, el prebendarismo y el amiguismo, antes que la meritocracia que no es para nada excluyente.

Nuestro país no puede seguir con este gigantismo estatal de aproximadamente 300.000 funcionarios, donde apenitas somos 7,4 millones de habitantes, yendo más del 70% de lo recaudado en concepto de impuestos y otros tributos a la cobertura de gastos rígidos (pago de sueldos y otros beneficios a los funcionarios).

La difícil coyuntura de orden económico y social tanto a nivel doméstico como dentro del mercado internacional impactan sobremanera obligando a realizar una profunda reestructuración a nivel estatal con medidas que puedan afectar fuertemente la vida del país de forma positiva. Cuanto antes se llegaren a concretar y mayor sea el acierto de las disposiciones que emanen de la misma, podremos abrigar mejores esperanzas y garantías para un Estado que sigue siendo un mal administrador.

Las cuestiones estructurales de mayor relevancia no se relacionan solo con el incremento de cotización de los derivados del petróleo, que de por sí tiene un fuerte impacto dentro de la macro y microeconomía y que está causando pronunciados desequilibrios en diversos sectores. Se agregan temas que atañen a la estructura impositiva de nuestro país, con un déficit que impacta en el fisco, además de la ingente necesidad de una adecuación de los gastos a los requerimientos cada vez más elevados que demanda el Estado.

Estamos ante un escenario que requiere de urgentes y bien orientadas medidas que no pongan en peligro, los esfuerzos a nivel macroeconómico que se han venido haciendo en los últimos 15 años. Las autoridades deben actuar proactiva y profesionalmente, adoptando las medidas que en su momento han sido recomendados por los expertos.

Precisamos de una reingeniería de los gastos estatales, recortando todo lo que “sea grasa” y priorizando desembolsos a programas con impacto social (salud pública y educación).

Con ello podríamos conseguir que las políticas económicas se ajusten a la realidad, dejando de lado medidas superficiales que duplican el problema antes que solucionarlo”,

El déficit fiscal del 3,6% está financiando gastos corrientes con mayor endeudamiento, lo que de por sí es peligroso.

Estamos en un período en donde los ingresos tributarios crecen menos que los índices de inflación.

La deuda en sí no es mala cuando va a aumentar la capacidad productiva, para desarrollar el campo y generar nuevos ingresos. Pero si una parte se los destina a la cobertura de gastos corrientes, no resulta para nada recomendable.

Sin pérdida de tiempo debemos iniciar la reestructuración del gigantesco aparato estatal y dar inicio a una reforma que beneficiará al país, y la consecución de un Estado eficiente que redunde en beneficio de nuestra gente, que sigue siendo la más castigada.