• Por Aníbal Saucedo Rodas
  • Periodista, docente y político

Durante décadas, dirigentes de la oposición y medios de comunicación se encargaron de instalar en el imaginario colectivo que la prepotencia es una particularidad exclusiva del Partido Nacional Republicano. Y no es así. Ni en el pasado ni en el presente. Aunque para la sociedad, y con razón, la mayor carga recae en esta asociación política por la memoria reciente de la larga dictadura del general Alfredo Stroessner. Cruel, atroz, infernal. Multiplicó el exilio y los apresamientos ilegales de sus adversarios, internos y externos, práctica que heredó de los regímenes liberales, y perfeccionó la tortura y las desapariciones forzosas con ayuda técnica de “asesores” norteamericanos. No existe ninguna posibilidad de eximirlo ante la historia, por más de que se empeñen sus actuales y constantes reivindicadores. Este legado maldito ha permeado a las personas y a todas las instituciones, desde su más básica constitución, la familia, hasta la más compleja, el Estado, impidiendo, hasta hoy, la instalación de una cultura democrática que desplace a la ley no escrita del mbarete.

La decisión de la concertación opositora de utilizar el padrón nacional, incluyendo a los afiliados a la Asociación Nacional Republicana, en las internas simultáneas que se verificarán el próximo 18 de diciembre, es una acción exclusivamente política. Ni siquiera se evaluó su pertinencia e implicancias jurídicas. El senador Enrique Salyn Buzarquis, quien siempre anda sobrevolando los límites de la racionalidad –creemos que lo hace a propósito para ganar notoriedad política–, afirmó, sin inmutarse, que quienes se opongan a esta determinación del frente opositor pueden “recurrir a instancias nacionales y organismos internacionales”, pero que ellos no van a desistir de su iniciativa. En síntesis, pueden ir a llorar a su abuela.

Confirmando que lo político se antepone a lo jurídico, el propio legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se encargó de validar la hipótesis que íbamos a formular en este artículo sobre ese apego obsesivo de utilizar el Registro Cívico Permanente (RCP). Nuestra conjetura tenía propósitos de arrancar de las declaraciones (del 13 de abril de este año) del senador del Frente Guasu (FG) Hugo Richer de que no pensaban “regalarse al padrón liberal” en una concertación. Y cuando resolvieron integrarla, es lícito suponer que habrán recibido la garantía de que serían incluidos los inscriptos en los registros del Partido Nacional Republicano. Salyn Buzarquis fue explícitamente obsceno: “Ellos (los colorados) quieren romper la concertación para forzarles a algunos actores claves a que no participen de ella, porque hay candidatos y candidatas que hoy están en la concertación (por)que creen que van a tener mayores posibilidades en una elección a padrón abierto”.

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Esos actores claves son Fernando Lugo y Esperanza Martínez. El Frente Guasu y su Ñemongeta por una Patria Nueva. Como los apoderados de la ANR ya adelantaron que recurrirán a las instancias jurisdiccionales pertinentes, el ingreso a la concertación de este sector representante de la izquierda (o el “centro progresismo”, como le gusta definirse a la senadora precandidata) concede rango de certeza a la utilización del padrón nacional. Certeza que solo podría originarse en una previa consulta a los nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE): Jorge Bogarín (FG, aunque ahora lo ubican en el casillero de “independiente”) y César Rossel (PLRA), un profundo estudioso de los sistemas de alianzas y concertaciones. Y, eventualmente, una vez que el TSJE vote a favor de las pretensiones de la concertación, en la Corte Suprema de Justicia el reclamo de la ANR iría a dormir una interminable siesta paraguaya. Más allá de las especulaciones, en lo personal considero que tanto Bogarín como Rossel decidirán a conciencia, sin dejarse intimidar por el patoterismo político.

Este acto político conlleva un alto grado de hipocresía. En el supuesto de que el PLRA no estuviera en la concertación, Efraín Alegre jamás hubiera permitido, en términos llanos, que se utilice el padrón de los radicales auténticos. Pero jamás. Y aquí no estoy prejuzgando. Solo me guío por sus repetidas conductas de intolerancia, prepotencia y autoritarismo con que maneja el directorio de su partido. Y como la sabiduría popular nunca falla, ahora está más bueno que político en tiempo de elecciones. Declamó que la “concertación no se funda contra el Partido Colorado, sino con el Partido Colorado”. Muchos colorados convencidos y otros de buena fe votaron por Fernando Lugo en el 2008. El presidente electo nombra a Efraín Alegre ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Y Alegre tira a la calle a funcionarias embarazas y funcionarios con estabilidad laboral, por la sola razón de ser colorados. Y recargando sobre su persona la barbarie, el autoritarismo y la prepotencia con que condena a los colorados, ratifica que “nadie impedirá el uso del padrón nacional”. Suponemos que ni siquiera una sentencia de la máxima autoridad electoral.

El trato despreciativo de “salvajes, prepotentes y bárbaros” de Efraín Alegre hacia los colorados no es un acontecimiento inédito. En el pasado, sus ancestros, cívicos y radicales, se turnaban para calificar a la ANR como un partido de “incultos, bárbaros y gauchos”. Nos imaginamos esto último como una comparación agresiva con esa categoría social que en aquella época existía en la Argentina. Me quedo con la respuesta de Epifanio Méndez Fleitas: “El Partido Colorado no desdeña sus orígenes populares. Deja a la oligarquía sus ribetes de ‘sangre azul’, su apolillada ‘nobleza’ y su absurda suficiencia ‘aristocrática’”. Y su resucitada prepotencia, agrego yo. Aquí no se trata de la democracia, ni del pluralismo ni de la participación irrestricta. Es una simple maniobra política para que el Frente Guasu se adhiera a la concertación. Buen provecho.

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