• POR LEA GIMÉNEZ
• Economista y ex ministra de Hacienda

Entre el 2002 y el 2018, Para­guay se destacó en la región por reducir la pobreza en aproxi­madamente 50% y duplicar su población de clase media. El ingreso laboral, asociado al cre­cimiento, fue identificado como el principal factor explicativo de estas dinámicas positivas.

Entre 2013 y 2018, en coinci­dencia con importantes refor­mas legales e institucionales en el campo laboral, la ocupación informal se redujo más de 10 puntos porcentuales (de apro­ximadamente 78% a 64,4%). A partir del 2018 esa tendencia se revirtió y, en 2020, la infor­malidad volvió a subir lle­gando a 65.1%, aproximada­mente 1.764.000 personas de las cuales unas 1.376.000 (casi el 80%) percibieron menos del salario mínimo. Además, el salario real promedio en Para­guay, o capacidad de compra del trabajador promedio, está en caída libre desde el 2018. Esto evidencia una pérdida de “cali­dad” de los empleos. Además de ganar menos en términos rea­les, los altos niveles de infor­malidad impiden a los traba­jadores aportar al sistema de previsión social y acceder a una jubilación.

SALARIO Y PRODUCTIVIDAD

De acuerdo con los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Paraguay tiene la productividad más baja de todo el continente americano, un continente donde los países se caracterizan por un bajo y estancado nivel de producti­vidad. Lo que es peor, en pos­pandemia aumentaron las dife­rencias de productividad entre un trabajador promedio de los países de ingresos altos y los de ingresos bajos: los primeros son hasta 18 veces más productivos que los segundos. La producti­vidad depende de dos factores: la innovación tecnológica de las empresas, pasando de tecnolo­gías bajas a tecnologías medias y altas; y la apropiación por los trabajadores de esas nuevas tecnologías lo cual supone procesos de educación básica de calidad y capacitación per­manente y acorde con el desa­rrollo de la industria.

Paradójicamente, a pesar de nuestra baja productivi­dad laboral que se expresa en empleos de baja calidad, el costo mínimo de contratar un traba­jador formal en Paraguay –que se calcula dividiendo el costo de pagar el salario mínimo ade­más de todos los otros costos salariales y no salariales por el PIB por trabajador– es de 68%, muy por encima del promedio regional (39%). Es decir, el costo mínimo del trabajo asa­lariado es desproporcionada­mente mayor que en países de ingresos promedios mucho más altos. Al agregar rigideces al mercado laboral, el salario mínimo, que originalmente tiene por objetivo garantizar un ingreso mínimo y formalizar a los trabajadores, tiene un efecto contrario que se refleja en nues­tras estadísticas laborales.

Hoy, el principal y más urgente desafío de Paraguay es el acceso a empleos de calidad. Sin embargo, no se trata solo de generar empleos de calidad, sino suscitar una economía que pro­mueva la productividad a través de la formalización y la capacita­ción constante. Es decir, impul­sar políticas que de manera proactiva incentiven la creación de empleos formales, que per­mitan a los trabajadores crecer profesionalmente, y que pue­dan garantizar un salario digno y cobertura del sistema de pre­visión social. Esto nos permitirá avanzar más rápidamente en la buena senda de crecimiento y formalización que veníamos transitando y disminuir la pre­cariedad y vulnerabilidad eco­nómica de los trabajadores y sus dependientes.

Existen barreras importantes para la generación de empleo formal que deben ser aborda­das con franqueza y pragma­tismo para poder superarlas y movernos así a un nuevo equili­brio con mejores indicadores de empleo. Necesitamos asegurar la formalización y la protección social del trabajador y la traba­jadora haciendo que los costos de la formalidad sean más bajos que los de la informalidad, pro­moviendo condiciones espe­ciales para que las pequeñas empresas puedan formalizarse, la transparencia del mercado laboral, y la movilidad del tra­bajador y la trabajadora sin que esto suponga pérdida de benefi­cios, impulsando un sistema de remuneración por resultados que premie el esfuerzo de mayor productividad con una remune­ración superior al mínimo legal. También debemos de desarro­llar mecanismos que garanticen la estabilidad laboral y alienten la inversión de las empresas en la formación continua de sus trabajadores sin castigar a los y las trabajadoras más jóvenes.

Es clave entender que el aumento de la productividad se asocia a un conjunto de medi­das vinculadas a la inversión continua en innovación, tec­nología, y capital humano y no con un mero aumento del sala­rio mínimo. Por ejemplo, mi productividad como trabaja­dora será mayor a medida que aumenta mi capacidad para leer y entender, formular y resol­ver problemas matemáticos, trabajar en equipo y gestionar conflictos humanos (asertivi­dad, empatía, servicio). Tam­bién puedo ser más productiva a medida que en mi lugar de trabajo se incrementa la inver­sión en tecnologías producti­vas (máquinas y herramientas con TICs) y yo aprenda a utili­zarlas. Lo que hará que mi tra­bajo sea más eficiente y efectivo. Por tanto, seré más produc­tiva a medida que mi emplea­dor fomente la innovación, invierta en tecnología, y faci­lite mi capacitación continua, mi entrenamiento en servicio, y mi actualización permanente. La banca pública de desarrollo, por su parte, puede contribuir a generar instrumentos finan­cieros válidos para los flu­jos de caja y modelos de nego­cio de las pequeñas empresas de manera a que estas puedan invertir y mejorar su produc­tividad. El trabajo en equipo de las empresas será más produc­tivo a medida que estas invier­ten en la formación de mandos medios capaces de organizar el trabajo y articularlo con los objetivos de la empresa. Final­mente, todos seremos más pro­ductivos a medida que interna­cionalicemos nuestra economía para que nuestros productos y servicios puedan competir a nivel internacional.

La política de salario mínimo no afecta a todos los trabajado­res por igual. Para entenderlo mejor tomemos las últimas estadísticas laborales: en nues­tro país, 952.000 trabajadores, 3 de cada 10, son asalariados que ganan más del salario mínimo y sus ingresos en vez de mejo­rar pierden valor relativo con un reajuste del salario mínimo ya que no son afectados por el aumento obligatorio. Por otro lado, los trabajadores no asala­riados, categoría que engloba a pequeños empresarios, cuen­tapropistas y no remunerados totalizan 1.556.000 personas (4 de cada 10 trabajadores), para quieres el aumento del salario mínimo no mejora sus ingre­sos, sino que, más bien, tiene un impacto inflacionario porque incrementa sus gastos empre­sariales y familiares.

El incremento del salario mínimo si protege el valor del salario de 355.000 asalaria­dos que ganan salario mínimo, 400.000 jornaleros y 230.000 asalariados domésticos. En otras palabras, solo 3 de cada 10 trabajadores se benefician con un reajuste retroactivo del poder adquisitivo de sus sala­rios. Los restantes 7, no solo no se benefician, sino que hasta pueden salir perjudicados y para ajustarse a la inflación tienen que ajustar sus gastos y reducir su calidad de vida. Está claro entonces que el salario mínimo no es una panacea y es necesario trabajar en políticas salariales y laborales comple­mentarias, más justas, inclusi­vas, y en armonía con políticas de incremento de la productivi­dad por la vía de la innovación tecnológica y la capacitación continua de los trabajadores.

Las políticas públicas acerta­das no se imponen, se discuten y se acuerdan. La reactivación de las mesas de diálogo social tripartito, creadas y organiza­das a partir del 2014, son el espa­cio más adecuado para negociar, con una visión de gana-gana-gana, políticas salariales y de empleo que incentiven la for­malidad y la productividad. For­malizar a la economía y mejorar la productividad no es ciencia oculta. Si requiere de capacidad de consensuar medidas prag­máticas donde cada parte ceda algo a cambio de alcanzar un mejor equilibrio en conjunto. Necesitamos de una clase media pujante, resiliente, que pueda dar su mejor contribución a nuestro crecimiento hoy mien­tras que entre todos invertimos en las generaciones futuras. Además de resolver cómo pro­mover la creación de empleos formales, debemos facilitar el encuentro entre el buscador de empleo y el buscador de perso­nal mediante la adecuación de la oferta a la demanda y el aprove­chamiento de nuevas tecnolo­gías hoy disponibles para poner mayor información al alcance de todos. Con el aumento de la calidad de los empleos y la pro­ductividad laboral, vamos a estar mejor.

Esther Duflo y Abhijit Baner­jee, los Nobel en economía, ana­lizaron encuestas de hogares de 13 países en desarrollo y con­cluyeron en un famoso estu­dio que la principal diferencia entre los considerados pobres y aquellos considerados clase media es “para quién trabaja y en qué términos”; en otras palabras: lo que caracteriza a la clase media es un buen empleo. De manera muy simple, pero también rigurosa, estos gran­des economistas definen algo que sabemos muy bien en Para­guay: un buen trabajo es un trabajo estable y bien pagado que permite el espacio mental necesario para hacer todas esas cosas que sabemos hacer bien.