El peor momento para tomar decisiones políticas es cuando ya casi no se tienen alternativas. Cuando se está contra la pared, se toman las decisiones posibles, que la mayoría de las veces no son las mejores. Se trata de llegar al día siguiente, esperando ver el amanecer. Buscar una salida. Aquello de la luz al final del túnel.
Algo de esto fue lo que pasó el viernes, cuando en medio de un escenario bastante crítico se toma la decisión de cambiar el proyecto de ley que creaba el fondo de estabilización del precio del combustible. El paro de camioneros con cierre de rutas, haber perdido la cómoda mayoría a favor que siempre se tuvo en la Cámara de Senadores, incluso aquellos partidos y sectores políticos caracterizados como colaboracionistas se habían pronunciado en contra; había que sumarle la voz cada vez más alta de los gremios de la industria y la producción por las millonarias pérdidas. Todo estaba en contra. Algo había que hacer, había que levantar el paro de camioneros como se reconfiguró todo. Se desechó el proyecto de ley por otro que cuente con la venia de la Cámara Alta y de la Federación de Camioneros, además de volver a bajar los precios de combustibles de Petropar.
En la jornada de hoy, la estrategia será distinta. El proyecto fue redactado por el Ejecutivo a medida de las sugerencias que hicieron los senadores. Es un trabajo técnico con base en la propuesta política. El Ejecutivo no enviará el proyecto al Congreso, directamente los senadores asumirán la paternidad del mismo, el plan incluye el tratamiento del mismo en una sesión que será convocada casi al instante. En teoría, contará con la aprobación. Diversas voces de la economía ya han expresado que la salida afectará al mercado de los combustibles. Subsidio y control de precios suenan demasiado a un modelo que viene siendo desarrollado por la Argentina. Y todos sabemos que muchas cosas pueden envidiarse del país vecino, pero ninguna de ellas incluye su economía.
En política, esa mala palabra que empieza con p y termina con a, tomar decisiones cuando se está contra la pared generalmente tiene consecuencias y no de las mejores. Si además esas decisiones afectan al muy delicado mundo de la economía, la cuestión empeora. Aún está por verse los alcances de estas decisiones.
Inician investigación contra el juez Osmar Legal por falta ética tras ser modelo de una barbería
Compartir en redes
El Tribunal de Ética Judicial decidió iniciar de oficio una investigación por presunta comisión de falta ética contra el actual Juez del Crimen Organizado, Osmar Legal. La presente investigación se genera a raíz de las publicaciones periodísticas generadas por una publicidad en la que él actúa de modelo de una barbería.
Los integrantes del Tribunal son Antonia Irigoitia; Miriam Peña, exministra de la Corte; Lourdes Breuer; Olga Talavera; Carmelo Di Martino y Amparo Samaniego Vda. de Paciello.
La presente investigación se genera luego de la viralización de un video en el que se observa al juez Legal ser modelo de una barbería, cuya propietaria sería su actual pareja.
Ahora el citado magistrado deberá brindar su versión al Tribunal de Ética, cuyos miembros deberán estudiar y decidir si aplican una sanción ética al mencionado magistrado judicial.
El presente proceso de investigación tiene una duración máxima de 60 días, en el marco del cual el magistrado indagado será citado a una audiencia oral para ejercer su descargo respecto a los hechos que se le investigan.
El video fue muy cuestionado debido a los casos que maneja el citado magistrado, atendiendo a que el mismo es juez especializado en crimen organizado, y tiene varios casos como el operativo Pavo Real II, donde el principal imputado es el Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, entre otros procesos penales.
Mafia de los pagarés: ratifican imputación contra jueza de paz suspendida, Analía Cibils
Compartir en redes
La Cámara de Apelación integrada por los jueces Arnulfo Arias, Andrea Vera y Silvana Luraghi ratificó la admisión de la imputación contra la jueza de paz, Analía Cibils, imputada por prevaricato por el caso conocido como la mafia de pagarés. Días atrás, el juez Rodrigo Estigarribia había admitido la imputación contra la magistrada suspendida en sus funciones.
De acuerdo al acta de imputación del Ministerio Público, la citada magistrada en más de 237 expedientes, entre el 2023 y 2024, habría dictado resoluciones judiciales violando el principio de igualdad que debe regir sus actuaciones.
La magistrada habría tenido conocimiento, consentido y acordado que los expedientes y las actuaciones obrantes en los mismos, fueron elaborados por los abogados demandantes, representantes de firmas de cobranzas.
Extracción de datos
Los jueces de Delitos Económicos, Humberto Otazú y Rodrigo Estigarribia, autorizaron al Ministerio Público la extracción de los datos de los teléfonos celulares de los enjuiciados y suspendidos jueces de paz Carmen Analía Cibils, Nathalia Garcete y Gustavo Villalba, a más de la ex jueza Liliana González de Bristot, imputados por el caso conocido como la mafia de los pagarés.
Los fiscales Jorge Arce, Leonardi Guerrero y Belinda Bobadilla, fueron los que solicitaron extraer datos de los celulares de los citados magistrados imputados. El juez Humberto Otazú dispuso la extracción de los elementos guardados en los celulares de los jueces de paz de La Catedral, del Primer Turno, Nathalia Garcete, y del Segundo Turno, Gustavo Villalba, a más de la exjueza de paz de San Roque, Liliana González de Bristot.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social rescindió años atrás el contrato con Imedic S.A quien no cumplió el contrato de proveer insumos durante la pandemia del Covid-19. Foto: Archivo
Rechazan demanda de Imedic S.A, que pretendía cobrar al Ministerio de Salud más de G. 47 mil millones
Compartir en redes
El Tribunal de Cuentas, primera sala de la Capital, integrado por los camaritas Gonzalo Sosa Nicoli, Edward Vittone, y Stella Mary Zárate, rechazó la demanda que presentó la firma Imedic S.A (Insumos Médicos) contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que rescindió el contrato con la mencionada empresa por no cumplir con el contrato de proveer insumos durante la pandemia del Covid-19.
Con el rechazo de la demanda administrativa, el Estado Paraguayo se salva de pagar la multimillonaria suma de G.47.000 millones, monto que reclamaba la empresa cuyo presidente es Justo Ferreira condenado a 3 años de prisión luego de ser encontrado culpable por el delito de contrabando debido al ingreso irregular de 50 camas hospitalarias en pandemia del covid-19.
Los camaristas mencionaron en su resolución que las normas aplicables y las argumentaciones vertidas en los actos administrativos llevados a cabo por el Ministerio de Salud constatan que se ha obrado correctamente y no se constata ninguna vulneración de derecho alguno, indica el fallo judicial administrativo.
Rescisión de contrato
El abogado Omar Gustavo Valdez Alcaraz, en representación del Ministerio de Salud, contestó la demanda presentada por la firma Imedic S.A y pidió que la acción administrativa sea rechazada.
De acuerdo al escrito de contestación de la demanda refiere que el procedimiento de rescisión de contrato N° 197/2020 se inició mediante resolución N° 317/2020 a raíz del incumplimiento contractual constatado y comunicado por Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.
Igualmente refiere que, mediante actas de verificación se detectaron incongruencias entre los bienes ofertados y adjudicados, y los efectivamente entregados por la empresa, situación reconocida en presencia de la autoridad de la empresa Imedic.
Señala también que la empresa no acreditó válidamente el supuesto caso de fuerza mayor que le ha imposibilitado cumplir con el contrato ya que la situación de la pandemia era plenamente conocida al momento de ofertar los insumos por lo que no es valida la argumentación de la firma Imedic S.A.
La funcionaria de INTN, Lourdes Sosa presentó querella adhesiva contra su agresor Walter Acosta, quien la agredió durante una inspección técnica en una estación de servicios en Tavapy. Foto: Captura
Funcionaria del INTN que fue abofeteada por abogado presentó querella
Compartir en redes
Los abogados Carlos Daniel Alarcón, y Karina Almeida Marcelo Riveros, en representación de Lourdes Sosa Cuevas, funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología de Normalización y Metrología (INTN) presentó querella adhesiva por los delitos de resistencia, coacción y coacción grave contra el abogado Walter Ramón Acosta, quien agredió brutalmente a la mujer.
La presentación se hizo ante el juzgado penal de garantía de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, que deberá admitir la querella adhesiva presentada por la víctima del grave hecho. Una vez admitida la querella, la víctima podrá proponer diligencias investigativas en el presente caso.
Acosta está imputado por resistencia, coacción y coacción grave luego de la agresión a la funcionaria de la INTN Lourdes Sosa. El hecho se había registrado hace dos semanas en una estación de servicios, ubicada en la localidad de Tavapy, departamento de Alto Paraná. La fiscala Rocío Celeste González había imputado al agresor, quien se mantuvo prófugo de la justicia hasta que un tribunal de apelación, integrado por Efrén Giménez, Raúl Insaurralde, y Marta Acosta, eximió de prisión al abogado Acosta, fallo judicial que fue sumamente criticado por la sociedad y diversos sectores políticos.
Igualmente, el Senado decidió hoy miércoles presentar una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra de los camaristas mencionados porlevantar la orden de captura del abogado Acosta.
Ministro pidió investigar
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Santander pidió al presidente de la Corte César Diesel y a los demás integrantes del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial que inicie un sumario contra el abogado Walter Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia.