• Por Felipe Goroso S.
• Columnista político

El título de esta columna corresponde al libro del mismo nombre de Matías Ponce y Omar Rincón. Debe ser considerado un indispensable en la biblioteca de todo aquel que ame la política, la comunicación, la sociología, las campañas electorales, la comunicación gubernamental. Y si además se dedica a la asesoría y consultoría en estas áreas, es aún mucho más necesario de leerlo.

En Fakecracia podrán encontrar las consecuencias sociales de las noticias falsas en el mundo y lo que pasa cuando los gobiernos y las campañas las usan para comprar voluntades o cómo la utilización de las mismas nos ayudan a entender el escenario que estamos viviendo en América Latina. Habla también acerca de la premura, una característica de nuestros tiempos que nos impide comprender o verificar si algo es cierto o no, el énfasis está en que la información nos seduzca o el mensajero nos genere un cierto nivel de confianza o en su defecto empatía. Las noticias falsas se mueven rápidamente, penetran grupos de WhatsApp, usuarios de Twitter, Facebook e Instagram, y así logran afectar los criterios que utilizamos para tomar decisiones en democracia.

Lastimosamente, el libro no contiene un capítulo sobre Paraguay. En nuestro país aún hay una tendencia a minimizar el impacto y alcance de las noticias falsas. Ni siquiera hay estudios desarrollados al respecto. En el mundo digital, hay distintas redes de diversas índoles y orígenes. Las hay desde aquellas que responden a cuestiones específicamente políticas hasta aquellas que entran a maximizar activaciones publicitarias o de relaciones públicas de marcas y empresas del sector privado.

Si vamos un poco profundo, hay redes que se dedican a extorsionar mediante la publicación de denuncias falsas. Funcionan como auténticas organizaciones delincuenciales. Tienen una cara visible que es la que se presenta en redes y detrás hay informáticos, operadores de prensa, gente que logra acceder a los correos electrónicos y redes sociales de las potenciales víctimas. Se las presenta como una “denuncia”, incluso se recurre a pedidos de acceso a la información pública, se manipula las respuestas para posteriormente darle la necesaria verosimilitud de que la denuncia tiene base en información oficial.

O antes o después de publicar viene el pedido de dinero. Cuanto más tiempo pasa, más perfiles falsos entran a amplificar la publicación. Las víctimas, que son de distinta índole (políticos, comunicadores, empresarios, líderes gremiales, altos funcionarios) la mayoría de ellos con perfiles con un alto nivel de exposición pública y aun sabiendo de que toda la operación es un montaje deciden ceder al chantaje por miedo al escrache público. Otros optamos por no acceder a los pedidos y dejar que la denuncia siga su curso natural y se llegue a la verdad. Es, sin duda, la vía más larga y dolorosa. Y a la par la más justa.

Aunque luego las caras visibles de esas redes se vuelvan auténticos adalides de la justicia digital y se blanqueen ante la opinión pública, la verdad se sabe. Y si no, para eso también está esa mala palabra que empieza con p y termina con a: la política, para identificarlos y exponerlos tal cual son, parte de la peor cloaca de nuestro país.