• Por Jorge Torres Romero

El jueves de la semana pasada desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) advirtieron a las autoridades que en las inmediaciones del puerto de Itá Enramada, se aproximaban 19 (diecinueve) barcazas con productos de contrabando provenientes de la Argentina. Desde el gremio hicieron el seguimiento y por cada barcaza abonaron en concepto de coima G. 15 millones. En total, solo ese día por esas barcazas los “encargados del control” recibieron G. 285 millones en coimas. Es decir, si este mismo monto reciben por día para hacer la vista gorda al contrabando, solamente en este punto, estamos hablando de un promedio de US$ 1 millón al mes.

Mientras esto sucede en uno de los puntos de acceso del contrabando a la capital, con la anuencia de las autoridades, con la advertencia de los industriales, ¿dónde está el ministro anticontrabando, Emilio Fúster? Fúster está recorriendo medios de comunicación reflotando un episodio del 2018 ocurrido en Salto del Guairá lanzando acusaciones irresponsables contra la labor del Ministerio Público. En su primera intervención el ministro anticontrabando dijo que la Fiscalía “cajoneó” el caso de caída de la carga de cigarrillos en la zona fronteriza. Sin embargo, la fiscala María Estefanía González, quien tomó intervención del asunto reveló los detalles del trabajo realizado y el caso llegó a juicio oral y hubo personas condenadas. Es decir, cajoneada no estuvo la causa. Algunos medios de prensa se quedaron solamente con la versión irresponsable de Fúster en titulares catástrofes, pero al día siguiente las ignoraron y lo aclarado por la fiscala apareció junto a las exequias.

Según la fiscala González, el único propósito de Fúster era que se allanara la tabacalera de Cartes, sin ninguna razón más allá del show al cual el ex fiscal acostumbra a proceder. La agente fiscal dijo que no existían razones para ese efecto porque ninguna autoridad competente (SET) ni nadie apuntó a esta empresa en el esquema ilegal.

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El gremio de productores frutihortícolas de Caaguazú, específicamente de la localidad de 3 de Febrero, quienes cultivan tomates y locotes, sostiene que este año la mayoría de sus asociaciones dejarán la producción de tomate para dedicarse a otros rubros, venta de electrodomésticos, porque por tercer año consecutivo no ven ganancias como fruto del trabajo a raíz del nulo control al contrabando de tomates que invade nuestro mercado.

El presidente de la UIP afirma que varias empresas cerraron dejando gente sin empleo porque no pueden competir con los productos que ingresan de contrabando. Los cañicultores del Guairá anuncian que volverán a la capital con sus camiones a exigir hacer frente al contrabando de azúcar porque está matando el negocio y no ven otras alternativas.

El gas sube esta semana, el combustible también, la inflación llegaría al 5%, economistas hablan de una retracción económica, y este año la soja tendrá una merma del 60%. Empresarios vialeros que emplean a 300 mil compatriotas sostienen que ya no podrán mantener los puestos de trabajo porque el MOPC les debe US$ 285 millones, una deuda arrastrada desde hace dos años y no ven señales de solución.

La inseguridad cada día va en aumento, el ministro del Interior, abocado a diseñar un plan con los organismos encargados de la seguridad interna, se reúne en Foz con los brasileños para defender la industria del vecino país mientras acá matan por robar un celular.

No existe un plan de contingencia para hacer frente al drama económico, tampoco un plan para el combate al contrabando, menos para la inseguridad. El Gobierno está en campaña política, y los ministros enfocados en erosionar al líder de uno de los movimientos internos del Partido Colorado, mientras tanto la calle con hambre, con miedo y sin plata. Este es el legado de la dupla Marito-Velázquez. ¿Y si les votamos de vuelta? Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

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