• Por Ricardo Rivas
  • Corresponsal en Argentina
  • Twitter: @RtrivasRivas

Argentina comienza la semana con un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar su deuda pública externa con ese organismo multilateral de alrededor de US$ 44.000 millones. El presidente Alberto Fernández, el jueves último, lo anunció desde los jardines de la residencia presidencial de Olivos. “Sin este acuerdo no teníamos un horizonte definido”, sinceró Alberto F. “Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro”, precisó. Afecto a las comparaciones, destacó que “con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, no restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral, promueve nuestra inversión en obra pública, no nos impone llegar a un déficit 0, no impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe. Este entendimiento debe sostener la recuperación económica ya iniciada, prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de la obra pública del gobierno nacional. Tampoco dispone saltos devaluatorios”.

Por lo dicho –bastante poco, por cierto– parece bueno. Y en ese sentido, las oposiciones, aunque con cautela, se expresaron positivamente sobre la novedad que, justo es apuntarlo, se demoró por dos años desde el 10 de diciembre del 2019, cuando el jefe de Estado inauguró su mandato. Sin embargo, hasta que el gobierno argentino envíe la carta de intención para alcanzar el acuerdo definitivo con el FMI, faltan algunos capítulos que recién ahora comienzan a escribirse. “Hay mucho por hacer todavía”, sostiene Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo. Es así. Lo que proponga Fernández con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para ordenar y refinanciar el frente externo, deberá ser aprobado por el Congreso, luego por el staff del FMI y, finalmente, por quienes integran el directorio que son los que tienen la última palabra. Para que quede claro. Es un acuerdo político con impacto en la economía y las finanzas argentinas y, por tanto, los acreedores exigen del transitorio administrador local –el presidente Alberto Fernández– la construcción de un consenso amplio para asegurarse los pagos a futuro en el supuesto de la llegada de un nuevo gobierno en el 2023. No es poca cosa. Para el acuerdo interno, falta.

Si bien de las tres bases de sustentación de la coalición de Gobierno, el Frente de Todos, dos acompañan taxativamente –el propio Alberto F., por supuesto y Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados–, la vicepresidenta Cristina Fernández, permanece en silencio profundo. También sus principales colaboradores. “Hasta aquí el gobierno manifiesta que tiene el apoyo de Cristina, pero Cristina no ha dicho ni pío”, señala el senador Alfredo Cornejo, hasta pocas semanas atrás presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) e integrante de la coalición parlamentaria opositora Juntos y agrega: “Si Cristina no apoya esto, no estamos en condiciones de someternos a esta discusión”. ¿Advertencia realista o intromisión en la interna gubernamental para oxigenar sus desencuentros? Es mucho lo que resta por saber. La negociación trilateral que desarrolla el presidente Fernández, que conversa con el gobierno de los Estados Unidos y con los staffers del FMI, tiene condimentos de confidencialidad que claramente van en sentido opuesto a los estándares internacionales de acceso universal a la información. Lo que trasciende –pese a ser un tema de enorme trascendencia para este país y sus habitantes– es limitadísimo. Se podría afirmar que alguna información está encapsulada.

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Múltiples portavoces –siempre con reserva de sus identidades, casi en la clandestinidad– admiten que “si hay acuerdo, los técnicos del Fondo, cada tres meses vendrán a auditar la marcha de los compromisos asumidos”. No puede ser de otra forma. Es una exigencia contenida en el artículo 4 de la Carta Orgánica de aquella organización para todos sus Estados parte. Argentina, lo es. Nunca se fue. Es más, el señor Sergio Chodos es el representante argentino ante el FMI con despacho permanente en Washington. ¿Qué querrán saber en esas misiones?, consulta este corresponsal a esos informantes. “Si se reduce la emisión mentaría al 1%. Si la tasa de interés es positiva contra la inflación, por aportar dos ejemplos”, puntualizan esas fuentes consultadas. Un clásico argentino. Una vieja historia. La deuda externa.

El 4 de abril de 1982, el periodista Alejandro Olmos, militante peronista, la denunció ante el juez federal Jorge Ballesteros. El 13 de julio del 2000, ese magistrado sentenció que gran parte de esa deuda es ilegal. Aquella verdad judicial comprobó la comisión de 477 delitos cometidos en complicidad entre grupos económicos y funcionarios gubernamentales argentinos. La sentencia, que no se conoce que haya sido apelada, oficialmente, el juez Ballesteros la envió al Parlamento porque ese poder del Estado tiene a su cargo “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”, dictaminó el magistrado. Pasaron 22 años. El martes pasado –25 de enero– el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, hizo público que ante la jueza María Eugenia Capuchetti solicitó sean citados para declarar Roberto Cardarelli, ex director de la misión del FMI en la Argentina cuando concretó el préstamo más reciente [el que ahora se procura refinanciar], al igual que a sus colegas Yan Carrière-Swallow, Joyce Cheng Wong, Paolo Dudine, Jeta Menkulasi, Marcos Souto y Romain Veyrune. La jueza Capuchetti investiga el comportamiento de funcionarios argentinos y del FMI por el crédito que ese organismo multilateral le otorgó a la Argentina en el 2018 por US$ 57 mil millones de los cuales solo transfirió US$ 44 mil millones.

Como dice el tango: “La historia vuelve a repetirse”. El nuevo episodio de la relación entre la Argentina y el Fondo, recién comienza. Se sabe muy poco. Pero, este tema, es imprescindible resolverlo.

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