Precisamos con urgencia una reingeniería global de todas las instituciones que conforman los tres poderes del Estado.

Tenemos un gigantismo estatal, con una superpoblación con aproximadamente 300.000 funcionarios, inaceptable en pleno siglo XXI, donde la tecnología y digitalización de los procesos están presentes día a día, además de la capacidad innovativa y creativa.

El Estado no puede estar ajeno, si pretendemos progresar como país de economía emergente que somos y ponernos “a tiro” con otros de la región y de extrarregión, que nos siguen superando “por varios cuerpos”.

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Dentro del Poder Ejecutivo tenemos ministerios y secretarías ejecutivas, con tareas y funciones superpuestas, excesiva burocracia administrativa, enlenteciendo los tiempos de ciclo, pues lo que podrían realizarlo 1 o 2 funcionarios eficientes y eficaces, los hacen entre 4 o 5, lo cual denota una descoordinación absoluta y un despilfarro en erogaciones por pago de salarios.

Todos los entes cuentan con unidades de organización y métodos (O&M), teniendo bajo su responsabilidad trabajos técnicos de visualización de funciones, métodos y responsabilidades dentro de su estructura organizacional, debiendo eliminar “lo que sea grasa”, realocando a los RRHH que puedan dar valor agregado, que permitan de una vez por todas brindarle a la ciudadanía el servicio de calidad que se merecen, pues con el pago de impuestos y otros tributos permiten que los servidores públicos puedan seguir percibiendo sus salarios mes a mes.

La tecnología permite que casi todos los entes puedan estar interconectados online, agilizando el flujo de procesos y gestiones realizados por los contribuyentes.

Triste resulta ver que seguimos teniendo muchísimos funcionarios que se han “quedado en el tiempo”, manejando todavía vetustos libros para anotaciones varias cuando que la computadora tenemos vigente hace más de 30 años.

Se caracterizan por una rigidez de pensamientos, temiéndole al cambio, lo que hace que antes que una solución, siguen siendo un gran problema.

El Estado no es una entidad de beneficencia. Si vamos a actuar con profesionalismo, no cabe otra, o se actualizan o definitivamente dan un paso al costado, pues no podemos seguir sosteniendo a gente mediocre, sin ansias de superación, que se pasan mirando su celular, esperando que llegue fin de mes para ser los primeros en ir al cajero, a cobrar su salario, sin aportar valor agregado alguno.

Tenemos muchos funcionarios capaces, pero subutilizados por a, b o z motivos.

Lo peor es que muchos mediocres son jefes y los que se merecen por actitud y aptitud siguen siendo subalternos.

Más del 70% de lo recaudado por el fisco está destinado a la cobertura de gastos rígidos (pagos de sueldos), cuando que esa superpoblación puede ser disminuida aplicando procesos abreviados y modernos que hagan “clic” con lo que nos facilita la tecnología y medios digitales, que nos permitirán destinar esa millonada de plata a otros propósitos más prioritarios como salud pública, educación y obras de infraestructura.

Si se hace una reingeniería como corresponde, aquellos que demuestren meritocracia, capacidad, honestidad y trayectoria profesional tienen derecho a acceder a funciones de mayor relevancia y responsabilidad, con posibilidades potenciales de recibir mejor remuneración.

Falta voluntad política, pues hace tiempo que se tuvo que haber realizado una revisión a fondo ente por ente, para llegar a conclusiones válidas que apunten a una verdadera reforma y modernización del Estado dejando atrás al prebendarismo y clientelismo político que ya debería ser “historia antigua”.

Si la ciudadanía llegare a apreciar en forma tangible los resultados que deriven de una modernización de la estructura obsoleta y desfasada de la mayoría de las instituciones del Estado es dable esperar una actitud diferente.

La reforma y modernización del Estado no debería tener vuelta atrás, pues hoy día a la vista de todos resulta viejo, anacrónico y casi inservible, y si no nos “aggiornamos” a este mundo globalizado seguiremos inexorablemente rezagados per “seculum seculorum”.

La calidad del gasto público sigue siendo deficiente, pues que G. 70 por cada G. 100 recaudado estén destinados a la cobertura de gastos rígidos es un despropósito para un Estado pobre, pero que nos encanta vivir como ricos.

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