- Por Juan Carlos Zárate
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
A nivel país contamos con aprox. 300.000 funcionarios públicos, entre permanentes y contratados. El Estado debe racionalizar al máximo su plantilla de RRHH dentro de los tres Poderes, pues la superpoblación que se observa en casi todos los entes públicos no tiene sentido, dado que precisamos un mejoramiento substancial en calidad y no en cantidad.
La calidad de nuestros servidores públicos, salvo excepciones, deja mucho que desear, debido a la carencia de meritocracia, capacidad e idoneidad, pues dichos atributos se pasan por alto afectando la eficiencia y eficacia que deberían ser parte del perfil primario de los mismos.
El BID en uno de sus informes había señalado que la calidad del servidor público de Paraguay es uno de los más rezagados de la región, lo que directa y/o indirectamente afecta a nuestra calificación de riesgo país, pues las empresas calificadoras de riesgos internacionales para la asignación de calificación de solvencia buscan que desde el punto de vista técnico-profesional se dé la necesaria inflexión entre lo cualitativo y cuantitativo para que podamos alcanzar el grado de inversión.
La calidad del gasto público (principalmente los rígidos) amerita una urgente atención y reingeniería, pues resulta negativo que un elevado porcentaje de lo recaudado en concepto de impuestos y otros tributos sigan destinándose mes a mes al pago de sueldos y otros beneficios. (El promedio actual es de G. 72 por cada G. 100 recaudado en concepto de impuestos) de por sí elevado, obligando al Ministerio de Hacienda a tener que hacer “malabarismos” para poder encontrar fuentes de financiación.
A nivel país tenemos servidores públicos más allá de lo necesario urgiendo hacer una depuración “desechando lo que sea grasa” y dejando solamente los que puedan sernos de utilidad y aporten un valor agregado tangible.
Tenemos distribuidos en los diversos entes a mucha gente capaz, pero que por a, b o z motivos son subutilizadas, pudiendo comisionarlo a otros entes donde puedan rendir y dar todo lo que saben o bien recolocarlos en otras posiciones dentro de la misma entidad en que prestan servicio.
Con menos funcionarios, que sean idóneos y capaces podríamos manejar la administración pública con eficiencia y eficacia, más aún ahora en que estamos en plena era digital donde todo está al alcance de un clic.
Estamos en pleno siglo XXI. La tecnología está presente por todas partes y urge reemplazar procesos manuales desfasados y obsoletos que siguen observándose en muchos de ellos o funciones superpuestas que pueden ser realizados por un solo funcionario y, sin embargo, los hacen entre 3 o 4, enlenteciendo sensiblemente los flujos de procesos y velocidad de respuesta que se merece la ciudadanía.
Todos los entes tienen funcionarios responsables de la Unidad de Organización y Métodos O&M quienes deberían ser los que se preocupen y ocupen de todo esto. No justifica que funcionarios carentes de capacidad e idoneidad sigan percibiendo salarios mensuales superiores a los del sector privado no quedando ya margen disponible para invertirlos en otros propósitos más prioritarios y perentorios a nivel país como los son calidad educativa y salud pública en donde seguimos muy deficitarios.
Presionan más y más sobre los gastos rígidos que van desangrando año a año a nuestro maltratado PGN pues se siguen anteponiendo el prebendarismo y clientelismo político antes que técnicos y que nos permitan poder reducir el déficit fiscal vs PIB, que sigue fuera de rango. El histórico mal antecedente, que por el solo hecho de ser un seccionalero, ya le da derecho a ocupar un puesto en la administración pública es un craso error, que lo deberíamos de desterrar para siempre, pues antes que mejorar contribuye a incrementar la mediocridad.
El próximo gobierno dentro de su plan estratégico deberá prever un trabajo de reingeniería que nos permitan llegar a los objetivos con eficiencia y eficacia para que podamos recibir un servicio de calidad comprobada.