• POR RICARDO RIVAS
• Corresponsal en Argentina
• Twitter: @RtrivasRivas

En la Argentina faltan 51 días para las elecciones parlamentarias con las que se renovará un tercio de la Cámara de Senadores y la mitad de la de Diputados. Se realizarán el 14 de noviembre próximo. De cara a esa fecha, desde el momento en que los Fernández –Alberto, presidente, y Cristina, vicepresidenta– conocieron, en la medianoche del pasado 12 de setiembre, que la coalición oficialista Frente de Todos (FdT) y ellos, sus líderes, fueron derrotados en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), por la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), un solo objetivo ocupa al gobierno: ¡Ganar a cualquier precio! Cristina F. –ideóloga de los coaligados con inmerecida fama de infalible entre propios y propias– siente que su proyecto político se desmorona.

Al gobierno de Alberto F., cuando asuman sus bancas quienes serán flamantes senadores, senadoras, diputados y diputadas, le faltarán aún 24 meses para completar su mandato. Objetivos políticos claros para los Fernández, tales como reformar el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y hasta la mismísima Constitución, podrían congelarse, como sucede desde el 10 de diciembre del 2019, cuando se hicieron cargo de la conducción política y la administración de este país. Intentar dar vuelta los resultados electorales en las PASO no será un paseo. Perdieron por poco más de 9 puntos porcentuales, en todo el país y, en la relevante provincia de Buenos Aires –donde reside el 39% de los electores– la derrota alcanza a los 5 puntos.

Y es precisamente en ese territorio extenso y pauperizado donde la disputa será más intensa. Todos y todas –ganadores y perdedores, estos últimos con mayor motivación contextual– van, en esta etapa de la campaña, por el 32% de la ciudadanía que no votó, por el 3,7% que votó en blanco, por el 2,7% que anuló su voto y por el 9,9% de quienes sufragaron por partidos pequeños. La ley electoral prescribe que todas aquellas fuerzas electorales que no alcancen en las PASO el piso mínimo del 1,5% del padrón, no podrán participar del comicio general. La vara está muy alta, aunque los indicadores históricos dan cuenta que, en las elecciones generales, la concurrencia a las urnas –a pesar de que el voto en este país es obligatorio– suele ubicarse entre el 80 y 84%.

No es tiempo lo que sobra para un objetivo tan elevado. La coalición oficialista perdió la semana posterior a las PASO envuelta en una crisis que no ha finalizado. Para intentar una suerte de relanzamiento, el presidente Alberto F. presentó un nuevo gabinete nacional. Lo hizo en soledad. Su segunda al mando, la vicepresidenta Cristina F., se encuentra en “su lugar en el mundo”, el patagónico pueblo turístico de El Calafate, unos 2.750 Km al Sur de la sede gubernamental federal en Buenos Aires. Los cambios y enroques no se concretaron de la mejor forma. La sociedad no les prestó demasiada atención. La derrota debilitó al gobierno. De hecho, Mariel Fornoni, directora de la consultora Management & Fit, explicó a este corresponsal que el 69,9% de la población considera, además, que “entre Alberto y Cristina el resultado los debilitó, al menos a uno de los dos”.

No precisan a quién más ni a quién menos. En ese contexto, el 62,1% de la muestra consultada “cree que los cambios le harán peor al gobierno o dejarán todo igual”. Hay descreimiento. Los liderazgos se diluyen. Así las cosas, algunas de las medidas dispuestas por el flamante jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, hasta el lunes último gobernador de Tucumán, sorprendieron a la población. En particular, el cese de las disposiciones sanitarias preventivas para evitar la circulación comunitaria del SARS-Cov-2. El uso del barbijo, tapabocas, mascarillas o cómo se las prefiera llamar, dejó de ser obligatorio en la vía pública.

Varias provincias incumplen lo dispuesto. Los datos sobre la pandemia, sin embargo, no dan tregua. Hasta la tarde del pasado sábado, los indicadores reportan que 5,24 millones de personas se contaminaron desde el inicio de la emergencia sanitaria, durante la cual se produjeron 114.849. Mientras, 15.569.420 personas todavía no recibieron ninguna dosis de las vacunas con las que se inocula a la población. Por ello, en el estudio de Management & Fit emerge que el “57,5% de la sociedad considera que las flexibilizaciones (sanitarias) anunciadas son una medida electoralista”. Ganar las elecciones de medio tiempo, cambiar el voto de muchas y muchos que votaron a las oposiciones, es el objetivo.

Sin embargo, la pesquisa de Management & Fit revela que “el 75,4% de quienes votaron no están dispuestos a cambiar sus votos el venidero 14 de noviembre”. El ex ministro de Educación hasta el lunes pasado, Nicolás Trotta, está entre ellos. “Pensar que por lo que se haga en 50 días la sociedad votará de una manera distinta es subestimar a la gente”, sostiene enfáticamente. No coincide con el kirchnerista Daniel Gollán, candidato a diputado nacional en el segundo lugar de la lista bonaerense, quien considera que “con un poco de platita en el bolsillo”, los resultados comiciales hubieran sido diferentes.

Curiosa forma la del señor Gollán –médico, ex ministro de Salud del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, otro de los derrotados en las PASO– de valorizar al conjunto social. Aquella manifestación pública claramente da cuenta que adhiere a la idea de que todo se puede comprar. Hasta la voluntad popular. Para este emergente, es recomendable coimear al votante o, por qué no, comprarle el voto. Tal vez, en el oficialismo no sea el único que piense en la indignidad del votante como certeza. De hecho, en la semana que pasó, trascendió que el gobierno volcará cerca de 160 mil millones de pesos (poco más de 1.500 millones de dólares al precio oficial), a la calle, para incentivar al consumo popular. Según la Real Academia Española (RAE) de la lengua, la palabra coima explica la “acción y efecto de sobornar”.

Habla de la “dádiva con que se soborna” y de la “cosa que mueve, impele o excita el ánimo para inclinarlo (al sujeto social) a complacer a otra”. Un par de encumbrados dirigentes peronistas que prefieren mantenerse en el anonimato para “no complicar más el crítico panorama” coinciden en las críticas al médico Gollán, uno de los responsables de la cuarentena extrema que se aplicó durante su gestión ministerial en la provincia de Buenos Aires. La síntesis de lo dicho por ambos al ser consultados tiene forma de interrogante: “¿Es posible exhibir tanto desprecio social explícito? No es aceptable tanta indignidad para un candidato del peronismo que, desde sus raíces, procuró y abogó por la dignidad social. Con urgencia debe releer, si es que lo ha hecho, a Perón y a Evita”.