• Por Jorge Torres Romero
• Columnista

El 8 de agosto pasado, el banco Atlas publicó un espacio reservado en el que había afirmado que las denuncias realizadas por nuestro medio eran maliciosas y mentirosas. Sin embargo, ese mismo grupo empresarial, utilizando al diario Abc Color para su campaña de defensa, termina admitiendo que nuestras publicaciones se basaron en el contenido de una denuncia penal formulada el pasado 4 de febrero de este año ante el Ministerio Público. O sea, ni mentirosa ni maliciosa, la denuncia está y los documentos también.

Estas denuncias de la Conmebol no tienen nada que ver con esa “guerra empresarial” como algunos pretenden instalar a propósito o por desconocimiento para reducir la cuestión de fondo a una puja de poderes. Nada más alejado de la realidad porque los hechos objetivos echan por tierra esa teoría y explico por qué:

Cuando asume Alejandro Domínguez la presidencia de la Conmebol (enero de 2016), casi un año después de que haya estallado el escándalo Fifagate, ordena una auditoría, para determinar la situación contable de la institución, a la prestigiosa empresa Ernst & Young. Esta firma hace su trabajo basado en las documentaciones disponibles. Paralelamente, la Conmebol contrata un estudio jurídico norteamericano, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, para que actúe de nexo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a fin de proporcionar datos en el marco de la investigación del caso Fifagate. Este estudio jurídico le solicita en agosto del 2016 al banco Atlas y a Inmobiliaria del Este (del Grupo Zuccolillo) que les provea información relacionada a las operaciones de Leoz. El banco remite una nota en la que expresa que no lo puede hacer porque se ampara en el secreto bancario y la inmobiliaria sencillamente no respondió el pedido.

En la Conmebol no había prácticamente registros contables desde el 2013 para abajo, excepto algunos recibos y facturas que los auditores fueron construyendo y pidiendo informes para hacer el diagnóstico contable. Cuando Ernst & Young culmina su auditoría forense en el 2017, menciona a varios bancos con los que operaba la Conmebol y Leoz. Efectivamente no aparece el banco Atlas, pero por la sencilla razón de que se negaron a proveer información, mientras que los otros bancos sí lo hicieron.

Basado en esa auditoría forense, la Conmebol presenta en el 2017 una denuncia penal ante la fiscalía por presunto perjuicio patrimonial a la institución por cerca de US$ 130 millones. La fiscalía dispone una serie de diligencias, pero enfocadas en Leoz. Los agentes fiscales piden informes a todo el sistema bancario y ahí el banco Atlas remite solamente la copia de dos contratos de fideicomisos concretados con Leoz el 11 de febrero del 2016.

Los abogados de Conmebol acceden a la carpeta fiscal en calidad de víctima y observan esos contratos de fideicomisos que no figuraron en la auditoría forense y disponen una nueva auditoría, pero puntualmente sobre esos contratos. La conclusión de esa auditoría señala que los contratos fiduciarios se realizaron cuando sobre Leoz ya pesaba orden de captura internacional con fines de extradición por lavado de dinero y asociación criminal, y hacen la salvedad de que no encontraron documentos de que se haya realizado la debida diligencia ampliada para esta operación, ya que se trataba de un cliente de “alto riesgo”.

Basados en este segundo informe de auditoría forense, la Conmebol formula otra denuncia penal ante la fiscalía por presunto lavado de dinero. El grupo Zuccolillo alega que cuando saltó el escándalo Fifagate, el banco Atlas reportó las operaciones de Leoz ante la Seprelad (mayo 2015). Sin embargo, Leoz decide consolidar los fondos que tenía en Atlas en dos contratos fiduciarios por valor de US$ 6,1 millones, en febrero de 2016.

El banco Atlas confirma que para la operación de los dos contratos de fideicomisos no realizó la debida diligencia ampliada. Si el banco Atlas reportó fondos que estaban depositados (porque le parecían sospechosos) cuando saltó el escándalo de Fifagate y posterior a esto le piden una operación nueva con esos fondos y esa operación implica un cambio de titularidad de los mismos, debieron haber reportado de nuevo para poder asegurar la trazabilidad del dinero; de lo contrario cómo se podría saber que esos fondos fueron a un fideicomiso.

Esta negligencia administrativa y penal es la que el grupo Zuccolillo busca proteger a capa y espada para evitar afrontar las consecuencias legales. El asunto es muy simple. Para colmo las hijas de Léoz piden, en abril del año pasado, a Atlas que devuelvan US$ 2 millones, de los 6 millones, a la Conmebol. Nadie en su sano juicio pide ceder dinero bien habido o dinero lícito. La justicia tiene la última palabra. Cualquier campaña mediática distinta a este enfoque es manoteo de ahogado. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.