El gobierno del presidente Alberto Fernández autorizó que, durante 4 meses, el sistema de salud privado aumente las cuotas mensuales a sus asociados en 9%. El incremento, retenido durante meses, se concedió luego de un plan de lucha con movilizaciones del Sindicato Argentino de los Trabajadores de la Sanidad (ATSA) que lidera el señor Héctor Daer (59), quien, desde el 26 de noviembre de 1992, es el secretario general del gremio. Con casi tres décadas en la defensa de los intereses de quienes se desempeñan laboralmente en clínicas, sanatorios y hospitales privados, Daer, entre el 10 de diciembre del 2013 y la misma fecha del 2017, fue diputado nacional oficialista, mientras gobernó la presidenta Cristina Fernández (2008-2015) –actual vicepresidenta– y opositor cuando el jefe de Estado era Mauricio Macri (2015-2019). Desde el 25 de agosto del 2016, además, es secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), organización liderada por un triunvirato de dirigentes obreros.

La relevancia de Daer, en las últimas semanas –en este país que desde el 20 de marzo del 2020 se encuentra en emergencia sanitaria por la pandemia de SARS-CoV-2 que ha provocado más de 105 mil fallecimientos– es porque ha conseguido un justo incremento de salarios para el sector del 45%. Pero, para que quede claro: Alberto F. autorizó aumentar el precio de las cuotas en la salud privada para que trabajadoras y trabajadores de ese sistema puedan transitoriamente defender sus ingresos, devorados por una inflación que, con un ritmo proyectado por coincidentes analistas, será del 3% mensual. El proyectado interanual, en ese contexto, del Índice de Precios al Consumidor (IPC), habrá de superar el 50%.

La situación de las trabajadoras y trabajadores de la sanidad, no es distinta de la que viven quienes se desempeñan en otras ramas laborales. La economía argentina, como se encuentra, no da muestras de reactivación a una recesión que acumula más de una década de desajustes. Claramente, la gestión económica exhibe carencias e ineficiencias. En lo que concierne a la pandemia, la información oficial, hasta la tarde de ayer, domingo, da cuenta que sobre un universo de aproximadamente 45 millones de personas a inmunizar, 15,6% del total (7,056 millones de personas) completaron el esquema de vacunación con dos dosis. Con una dosis, el 55,3% (25,09 millones); mientras que unos 20 millones no recibieron ninguna vacuna. Nada. Claramente, también en este indicador, la gestión de la emergencia sanitaria exhibe carencias e ineficiencias.

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Mientras, tanto las y los oficialistas del Frente de Todos (FDT), como las y los opositores del frente Juntos por el Cambio (JxC) y otras oposiciones ocupan cada uno de los minutos de sus días para llegar en las mejores condiciones personales hasta el 12 de setiembre venidero, cuando se realizarán aquí las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), de cara a los comicios de medio tiempo que se concretarán el domingo 14 de noviembre próximo. Cálculo sencillo: cuando la sociedad vote, sus bolsillos se habrán deteriorado, por lo menos, un 3% mensual acumulativo. Tal vez, en ese cuadro se puedan encontrar las razones por las que no son pocas ni pocos los argentinos que “no” saben aún por quién votarán; ni pocas ni pocos los que “no” saben si concurrirán a votar.

Pese a ello, cuando algunas y algunos de ellos son consultados (generalmente en forma telefónica) por quienes miden el estado de la opinión pública, ocultan sus sentimientos. Algunos estudios en marcha, que desarrollan no menos de tres empresas de investigaciones de mercados electorales que, por ahora prefieren no identificarse, visualizan –con preocupación– que el descrédito que, desde varios años se verifica en instituciones tales como sindicatos, parlamento, partidos políticos, algunos medios, comienza a afectar al sistema democrático que se percibe como ineficiente y poco contenedor. El concepto de república, también aparece como desdibujado. Es verdad, que los largos meses de ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) y DISPO (Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio), con los sistemas educativos y laborales presenciales suspendidos y realizados parcialmente a distancia, tienen efectos colaterales no deseados pero, más allá de esos daños que comienzan a ser evidentes, las sociedades piensan en la eficiencia, calidad y calidez de quienes debieran dar respuestas porque esa es la responsabilidad que asumieron en el momento en que decidieron ofrecerse para gestionar lo público.

No menos de cuatro informantes gubernamentales con compromiso de reserva estricto, confidenciaron a este corresponsal que “si ciertas variables económicas y financieras no logramos controlarlas, porque no lo impiden los especuladores que no quieren abandonar sus privilegios, no nos temblará la mano para disponer un plan de ajuste, de shock, que ponga fin a la inflación y ponga en marcha el sistema productivo”. Más de lo mismo, siempre. El clima social, en tanto, se tensiona a la espera de respuestas que parecen demorarse más de lo deseable. Desde las dos coaliciones que disputan electoralmente –la de gobierno y la de oposición– solo emergen agresiones y palabras duras que se destinan a otras y otros “en campaña interna”. No es lo que la sociedad espera de quienes se presentan como dirigentes –nuevos, nuevas, desgastados o desgastadas– con proyectos que permiten imaginar un futuro. La bronca opera porque, pese a la indudable crisis que afecta a todas y todos, “los políticos”, solo parecen preocupados por sus propios destinos.

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