• Por Rossana Escobar
  • Editora de Investigación del Grupo Nación

El joven del último semestre de la carrera de Análisis de Sistemas que coincidentemente ganó concurso en el ministerio donde trabaja su padre y quien me citó una serie de leyes en un derecho a réplica alegando su intimidad motivó las siguientes líneas. Lo dije desde el momento en que salimos con la difusión en “Tierra de nadie” de los 244 contratados en el proyecto “Desarrollo de Capacidades de Gestión del MOPC”, ejecutado entre el Programa de las Naciones Unidas y el Ministerio de Obras, esta publicación no implica una cacería de brujas. Es simplemente saber qué hace esta gente que entre todos nos cuestan US$ 10,5 millones y que, si continúan mamando de nuestro presupuesto nos costarán US$ 14 millones, dicho por los mismos responsables.

¡Por favor!, los privilegiados con jugosos sueldos a nuestras costillas asuman que está vigente una Ley de Transparencia y que la ciudadanía toda tiene el derecho de saber quiénes se alzan con el dinero del Estado. Es ridículo que se escuden en el derecho a la intimidad sobre sus datos publicados, cuando la propia institución que les paga el sueldo remitió íntegramente sus números de documentos, el dinero que cobran, nos proveyó lo solicitado porque así lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Como medio y como periodista estoy más que segura de los datos publicados, difícilmente huya de los amedrentamientos.

En cuanto a las fotografías, son los usuarios de redes los que hacen públicas sus imágenes. Las fotos están puestas a merced de los que navegan en internet. Respondiendo un poco al joven Oliver Wendell, quien debo reconocer, responsablemente remitió un derecho a réplica a nuestra dirección de Redacción, que se vea vulnerado en su derecho a la intimidad por la publicación de sus datos, debe saber que existe una ley que obliga a proveer los datos de todos aquellos que perciban remuneraciones del Estado y que todos los documentos que obren en poder de las administraciones públicas no pueden ser negados a quien los solicite. De hecho, la ciudadanía tiene hasta la atribución de conocer qué y cuánto se enriquecieron las personas que reciben dinero de los contribuyentes, por eso se hicieron públicas las declaraciones juradas de los funcionarios estatales.

Hubiera resultado mucho más fructífero que el joven Wendell remitiera los documentos del llamado a Concurso Público que hizo el MOPC, los exámenes que pasó y los puntajes por los que superó en su terna para acceder al puesto en la cartera donde trabaja su padre. Un brillante estudiante informático difícilmente se cuelgue de un sueldo de asistente. Pero el caso del joven Wendell es uno de los tantos privilegiados del groso presupuesto. Ayer nomás nuestro diario hacía referencia a los grandes títulos de los favorecidos, sin embargo, justifican sus sueldos con labores de asistente administrativo, hecho que sugiere que las contrataciones son innecesarias.

Afuera todos somos testigos de la inoperancia del MOPC que se llevó vidas con puente caído. Entonces, dónde está el mérito de la contratación de esta multitud que ingresó de forma reservada, sí, de forma reservada porque hasta una pelea de meses por la provisión de información nadie sabía de la existencia de los acomodados, catalogados como asesores de oro, por los sueldazos que tienen. Encima, se probó que son parte del mismo entorno, hijo de funcionarios, operadores y gente que nada tiene que ver con el rubro de obras, como el caso de la estudiante de psicología.

Acaben con la repartija señores del MOPC. Un poco de decoro, piedad de los sufridos contribuyentes y despréndase de las inoportunas contrataciones, redireccionando estos millonarios recursos a obras en servicio de la ciudadanía.

Dejanos tu comentario


Encuesta finalizada
¡Gracias por participar!

Click para votar