Absurdo, derroche, des­pilfarro, desigual, una joda, humillante, asque­roso, dioses del Olimpo son algunas expresiones de indignación ciudadana que podemos rescatar de las redes sociales, principales medios de desahogo para muchos comunes que debe­mos hacer de tripas corazón ante los escandalosos privi­legios en las binacionales viralizados de vuelta en la última semana, con mayor destaque en Yacyretá.

Por lo bajo, hay 34 bonifi­caciones o cobros extras en Yacyretá, según un levanta­miento de datos del portal de la entidad que hicimos en la redacción de La Nación en estos días. La lista, sin exagerar, trasciende los límites de cualquier lógica. El extenso índice de bonifi­caciones desafía a la razón y muestra el ingenio que tie­nen los administradores para poner nombres a los rubros cuando se trata de inflar sus bolsillos.

Los de la “élite” tienen bonificaciones más exclusi­vas, como la establecida por Resolución 19304/20 fir­mada por Nicanor Duarte Frutos y Raúl Silva Busto de “ajuste de gastos de tras­lado” en setiembre del 2020 (año de pandemia) con un importe de G. 18.375.000 y ratificada en octubre del mismo período.

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Por citar, entre los más ridí­culos sobresueldos están los pagos por “dedicación funcional” (dedicarse a la función), “guardia pasiva” (por estar disponible el personal a la llamada del trabajo, “por semana no calendarizada” (trabajo en equipo durante el año), “gratificación adicional, ayuda habitacional y desa­rraigo a la vez, porcentaje adicional, antigüedad de la EBY y antigüedad (afín)”, etc., etc., dentro de una lista de 34 que en la binacional ya ni respondieron de qué se tratan.

Gracias a estas bonificacio­nes es que en Yacyreá existe una “élite” que cobra entre G. 80 millones a G. 100 millones al mes, así como operadores de medio pelo como una maquilladora sin registros de título universi­tario en las planillas con G. 16 millones en un mes, una fotógrafa con ingreso de G. 20 millones en un mes, los matrimonios vip con G. 60 millones, G. 87 millones o más de remuneración en un solo mes, equivalente a 40 salarios mínimos en nues­tro país.

Por estas razones es que el director de Yacyretá como su séquito de leales oportu­nistas no quieren transpa­rentar el uso del dinero en la entidad. Con la sola fil­tración de los exorbitan­tes salarios que cobran se volvieron locos en la EBY al punto de que una dipu­tada denunció días pasados en sus redes que Nicanor comenzó a incautar compu­tadoras para “pillar” quié­nes filtraron los recibos de la liquidación de los suel­dazos.

Cuántos amigos y operado­res más hemos de encontrar a través de los servicios ter­cerizados cuyos contratos se guardan bajo siete lla­ves. O cuántos proveedo­res amigos, precios super­inflados, maniobras, han de haber en cada contratación si vemos cómo nos meten la mano en el bolsillo con sus salarios privilegiados.

Así que debemos insistir en que los entes de control, en este caso la Contraloría General de la República, ingresen a las binaciona­les, como a todas las institu­ciones del Estado para que, con documentos, la ciuda­danía se entere cómo se usa su dinero y eliminar estos gastos tirados de los pelos.

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