El presidente argentino, Alberto Fernández, y su ministro de Hacienda, Martín Guzmán, regresaron de Portugal, España, Francia, Italia y el Vaticano. Para Guzmán, en poco menos de una decena de días, fue el segundo regreso de los mismos lugares. Claro que, en esta oportunidad, fue y volvió, con su jefe. En aquellos países fueron recibidos por el primer ministro portugués, Antonio Costa; el rey español, Felipe VI y el jefe de Gobierno hispánico, Pedro Sánchez; su presidente francés, Emmanuel Macron; el primer mandatario italiano, Sergio Mattarella y el itálico primer ministro, Mario Draghi; el papa Francisco; y, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, por la que tuvo que estirar su presencia en Europa un día más pero, según coincidentes trascendidos gubernamentales, “no quería regresar sin hablar con ella”.

Los temas que abordó Alberto F. con todas sus interlocutoras e interlocutores, como lo reportara esta columna una semana atrás, fueron la refinanciación de la deuda que este país mantiene con el FMI por un monto original apenas superior a los 44 mil millones de dólares y, la eventual postergación de los vencimientos con el Club de París y el pago, antes de que finalice este mes, de una cuota de 2.400 millones de dólares que, si Argentina no recurre a sus debilitadas reservas, no podrá honrarla. Las respuestas con las que regresó Fernández fueron las que indican los manuales de buenas costumbres entre personas civilizadas y en el mundo de la diplomacia: “Apoyaremos a la Argentina”; “Queremos que les vaya bien”. Más que tales expresiones era improbable. Ningún cobrador desea tener impagos y, mucho menos, no recuperar los dineros prestados.

La insolvencia, aunque a golpe de discursos de liberación se la pretenda significar como convicciones inquebrantables y de pretensiones soberanas, no está bien vista entre los que prestan. Mucho más cuando los prestamistas son numerosos. El llamado Club de París, un nucleamiento multilateral no institucional, está integrado por Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Holanda, Noruega, Rusia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y los Estados Unidos. Todos esos países, antes de conceder una refinanciación exigen un acuerdo previo con el FMI o, por lo menos, que esa entidad, como lo dispone su estatuto en el Artículo IV, revise anualmente las cuentas fiscales de los Estados partes y que, además, que piden plata.

Mucho más cuando lo que se pretende refinanciar es una refinanciación realizada por el ex ministro de Economía argentino, Axel Kicillof –actual gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando Cristina Fernández, hoy vicepresidenta, era presidenta– en los últimos días de mayo del 2014, por un monto total de 9.700 millones de dólares, a pagar en no menos de cinco años. Vale detallar que, en aquel momento, de la deuda refinanciada, los países a los que el fisco argentino más debía eran: Alemania cerca del 30%; Japón, 25%; Holanda, 9%; Italia, 8% y, Estados Unidos, 7%. Por aquellos años, la entonces presidenta Fernández, responsabilizaba al FMI del colapso argentino del 2001.

En estos tiempos, se acusa al Fondo de haber prestado irregularmente al presidente Mauricio Macri (2015-2019), los ya mencionados 44.000 millones de dólares, “para que ganara las elecciones” que, finalmente perdió, dos años atrás. El Club de París es prestamista de la Argentina, aproximadamente, desde 1976. Cuando la refinanciación del 2014, menos del 50% de lo adeudado lo tomó la última dictadura cívico militar (1976-1983); el 9%, durante la administración del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989); en tanto que accedieron al 42%, sucesivamente, los presidentes Carlos Menem (1989-1999) y, Fernando de la Rúa (1999-2001). La nueva petición, en ese contexto, demandará de una negociación que es y continuará siendo durísima.

No le fue bien a la misión argentina en Europa que lideró el presidente Alberto Fernández quien, a pocas horas de su regreso, sumó a la verificación personal que realizó de las dificultades que este país tiene en el frente externo económico y financiero, las que lo aquejan en el orden doméstico. Hasta el momento de escribir esta columna la pandemia en números arroja el siguiente balance: Infectadas, 3.290.935 personas; recuperadas, 2.933.946; vacunadas con una dosis, 7.992.532 (17,6% de la población); vacunadas con dos dosis, 1.870.091 (4,1%); los fallecimientos, 70.253. Lamentablemente, en el momento de la lectura de este informe, los datos darán cuenta que la tragedia crece y aparece como imparable.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que en los próximos días “llegarán 4 millones de vacunas”. Desde muchos meses ese tipo de anuncios esperanzadores, finalmente, se incumplen. No son pocas ni pocos los que piensan que, si de vacunas para hacer frente a la crisis sanitaria del SARS-CV-2 se trata, Argentina tiene coincidencias con la “sala de espera sin esperanzas” que canta Joaquín Sabina. En lo que concierne a la economía, la inflación –el crecimiento del índice de Precios al Consumidor (IPC)– en el pasado mes de abril, fue del 4,1%.

La meta inflacionaria que el presidente Alberto F. propuso al Congreso de la Nación cuando envió para su tratamiento y aprobación el presupuesto para este año, es del 29%. En el primero de los trimestres del 2021 acumula 17,6%. Ese indicador, en doce meses, alcanza al 46,3%. Claramente, el presupuesto vigente, en ese acápite, está desactualizado. En setiembre venidero habrá elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), dos meses más tarde, serán las parlamentarias con las que se renovará el 50% de la Cámara de Diputados y el 33% de la de Senadores. Un escenario complejo.

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