Argentina registra tensiones en todos los frentes. Procrastinar es política de Estado
Ricardo Rivas
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Por Ricardo Rivas
Corresponsal en Argentina
Twitter: @RtrivasRivas
El ecosistema político, económico y social de la Argentina se complejiza. En quince meses de gobierno y doce de trabajo contra la pandemia de SARS-CoV-2, los resultados que percibe la sociedad no son los esperados, como tampoco lo son para el presidente Alberto Fernández que, cuando era candidato, se comprometió a “poner plata en los bolsillos de la gente”, “aumentar los ingresos de los jubilados”, “controlar la inflación” y “poner a la Argentina de pie” para dejar atrás “el país incendiado” que recibió de la administración de Mauricio Macri.
Ninguna de aquellas palabras empeñadas se hace realidad, hasta el momento. Continúan en la lista de objetivos a alcanzar y, se suman a ellos, cuatro preocupaciones sociales concretas: corrupción, inseguridad, inflación y la vacunación por el coronavirus. A ello se añade –como problema– que la bifrontalidad que, desde el inicio, existe en el seno de la coalición de gobierno se tensiona y las diferencias entre Alberto F. y su vicepresidenta, Cristina Fernández, lejos de resolverse, son cada hora que pasa más evidentes, inocultables y graves. Según fuentes inevitables del gobierno que solo aceptan el diálogo si sus identidades se mantienen en reserva, “los compromisos asumidos con Cristina” tampoco se cumplieron.
En ese tránsito, Alberto perdió al ministro de Salud, Ginés González García, y, a las ministras de Justicia, Marcela Losardo, y de Vivienda, María Eugenia Bielsa, que, en todos los casos, resignaron sus cargos que fueron ocupados por colaboradores estrechos de Cristina. Así sucede con el flamante titular de la cartera de Justicia, Martín Soria, quien minutos después de ser designado en el cargo, sostuvo que la vicepresidenta –que deberá ser juzgada en cinco juicios orales por la presunta comisión de delitos de corrupción– “no tuvo nada que ver, es inocente, la acusaron mediática, judicial y políticamente porque eso es el lawfare, quiere que sea la misma justicia la que la libere de culpa y cargo, que es lo que corresponde cuando uno no hizo nada”. El gabinete se desbalancea. La gestión se paraliza. En todo sentido.
El presidente Alberto F. sinceró a través de un mensaje que emitió por cadena nacional que la lucha contra el covid-19 se torna difícil porque “no” hay cantidad suficiente de vacunas para inocular a la población. Hasta el momento, el 1% ha sido vacunado. De todos modos auguró que hay contratos firmados para disponer de 65 millones de vacunas. Desde hace poco más de dos semanas, 3 millones de dosis de Sinopharm están listas en Beijing para traer a la Argentina –comentaron dos fuentes seguras a este corresponsal telefónicamente desde China–; sin embargo, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en rueda de prensa y ante una pregunta concreta sobre el tema, solo se limitó a confirmar que “están” en ese país. En diálogo con los gobernadores, también el jefe de Estado lo confirmó y fue más allá. Aseguró que la ANMAT (organismo nacional que autoriza el uso de medicamentos) emitirá una resolución para que ese compuesto pueda ser utilizado en mayores de 60 años. Nada dijo sobre cuándo podrán arribar.
Los motivos de la demora se desconocen. Mientras, el gobierno prepara un nuevo decreto de necesidad y urgencia que contendrá medidas restrictivas para “blindar” a la población de la llegada de una segunda ola que, según comentan fuentes oficiales, “es inevitable”. Al parecer, con la participación de los gobernadores, se procurará restringir al máximo los vuelos desde Chile, Brasil, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Italia y Francia, entre otros países. Se persistirá en el cierre de las fronteras. Entre los mandatarios provinciales las mayores quejas al presidente Fernández, en el transcurso de un Zoom, fueron expresadas por el formoseño Gildo Isfrán, quien aseguró tener problemas en la frontera seca con Paraguay”. La economía también se encuentra en zona de interrogantes.
El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, –en Nueva York– aún no alcanza un acuerdo para refinanciar US$ 44 mil millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a su buena relación personal con la directora-gerente de ese organismo multilateral, Kristalina Gueorguieva. Al parecer, la Argentina tendrá que aguardar varios meses para resolver la situación. Procrastinar parecería ser una política de Estado. El año electoral avanza. Las encuestas no son halagüeñas para el oficialismo. Tampoco lo son para quienes lideran las fracciones más visibles de las oposiciones.
Especialmente, en lo que concierne a Mauricio Macri –60% de valoración social negativa– quien, a pesar de que insisten sus más cercanos colaboradores en que no será candidato a ningún cargo electivo, con sus apariciones públicas bloquea eventuales acuerdos para que renueven los compromisos alcanzados en los últimos años en la coalición actualmente opositora que, primero, fue Cambiemos y, hoy, es Juntos por el Cambio.
La ministra secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Marianna Saldívar Gadea, en el programa "Expresso", con Augusto dos Santos. Foto: Pánfilo Leguizamón
“Los programas de gobierno ya son programas de Estado”
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Fotos: Pánfilo Leguizamón
La ministra secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República habló sobre los programas emblemáticos del actual proceso.
“Expresso” invita en esta edición a una reflexión desde dentro sobre el cómo, el para qué y el por qué de los programas emblemáticos de la actual gestión del presidente Santiago Peña. Para ello, Augusto dos Santos convocó a Marianna Saldívar Gadea, secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República.
La mirada amplia de la realidad, el aprendizaje a partir de la sistematización de las experiencias anteriores y una visión de futuro son algunos de los componentes que permiten al actual gobierno, primero gestar y después ejecutar, programas con gran aceptación tales como Hambre Cero, Che Róga Porã, Semillas del Futuro de Atención Integral a la Primera Infancia, entre otros.
ADS –¿Cómo es un proceso de elaboración de un programa de gobierno?
MS –Yo creo que es vital el rol del líder, en nuestro caso el presidente Santiago Peña, de transmitir la visión a su gabinete, hablando de ministros y también hablando un poco del equipo de presidencia que le acompaña. Esa visión él busca transmitirla, pero también propicia que existan intercambios internos para poder ir afinando la visión y que eso te traduzca en un proyecto implementable.
Hambre Cero, que es uno de los ejemplos más palpables de lo que es quizá nuestra política pública principal del Gobierno, tuvo ese proceso no solamente con actores a la interna del gabinete, sino también con colegas parlamentarios, con senadores, con diputados, gobernadores, hubo varias mesas de trabajo que son esenciales. La política pública no puede ser algo que se impone, sino algo que se consensúa y que, con el trabajo de consensuar, con el debate, con el diálogo, se perfecciona.
–¿Cómo es que se diseña el proyecto Hambre Cero y cómo un proyecto puede pasar de cubrir un 5 % a un 100 %?
–La conceptualización del programa Hambre Cero nace ya con el inicio del Gobierno, con una idea de que el futuro de nuestro país son los niños y para poder garantizar que los niños tengan el futuro próspero que buscamos que tengan y, por ende, también nuestro país, teníamos que entrar con mucha decisión al ámbito de la educación. Y cuando pensábamos en educación, antes incluso de pensar en programas pedagógicos, teníamos que pensar en cuál era la calidad de vida de los estudiantes en los colegios y en las escuelas. Y ahí nos dimos cuenta de que una gran parte es incluso anterior a la instrucción propia de las escuelas, que es que estos niños estén bien alimentados para tener las fuerzas, para estar en la escuela y efectivamente aprender, y que eso les lleve ya a los siguientes hitos de su vida, tanto de formación técnica como profesional y bueno, obviamente su carrera o el trabajo que van a desempeñar. Entonces, dijimos antes, y a pesar de que se trabaja en paralelo en todo lo que sean programas pedagógicos, en la carrera docente, tenemos que asegurar que los chicos estén en aula y que estén bien alimentados. Entonces, Hambre Cero lo que apunta es justamente a una población, a un montón de chicos, con el objetivo de garantizar que esta alimentación esté dada. Ahora bien, el concepto de la alimentación escolar no es algo que obviamente implementamos nosotros, es un programa que ya venía implementándose hace 10 años, estaba la Ley de Fonacide, que destinaba un monto a los municipios y a los gobiernos locales para destinar la alimentación escolar, pero ese programa era como máximo podíamos decir un poco inconsistente, o sea, habrá tenido éxito en algunas localidades, en otras no. Recuerdo cuando se hizo un análisis también de la cobertura de la alimentación escolar y estábamos hablando de que ni siquiera la mitad del ciclo escolar se cubría con la alimentación escolar. O sea, empezaban las clases, empezaban quizás 100, 120, 160 días y luego ya no había cobertura. Entonces, ¿cómo aseguramos que el chico se encuentre cubierto, alimentado y con la posibilidad de estar presente en las clases si nosotros a los primeros 3 meses luego ya no teníamos capacidad de darle? Entonces el programa se diseña tomando esa perspectiva, también, tomando un poco el aprendizaje de 10 años de aplicación de la Ley de Fonacide. La Contraloría fue un actor principal en eso. Ellos nos trajeron todo lo que ellos relevaron en sus años de auditoría, de relevamientos, de análisis de la ejecución del proyecto y nos dijeron estos son los dolores principales. Entonces tomando estas 2 cosas, tanto lo que abarca el proyecto como las cuestiones de falencia en cuanto al control y la ejecución es que se decide impulsar un nuevo sistema de alimentación escolar que realmente llegue a donde queremos llegar. Y ahí sí el presidente fue muy ambicioso al decir “yo quiero llegar a todos los niños”.
–Cuando se aplica imaginación y una voluntad precisa a una estructura que se hereda, puede servir para potenciar 100 % los programas.
–Totalmente. Yo empecé mi carrera en el sector público, estuve unos 10 años, luego me fui al sector privado unos 5, y ahora volví con el gobierno del presidente. Y si hay algo que noto es: uno, que el sector público es cada vez más complejo, cuando yo salí era una complejidad y ahora que entré, el doble de complejidad, es más grande, más complejo, más difícil, pero también hay cosas que yo me di cuenta que iniciaron cuando yo salí de la función pública que hoy las veo madurar, y eso es porque yo creo que llegamos a un nivel de desarrollo institucional que hace que los programas de gobierno ya son programas de Estado; entonces, vos ves cómo los programas, independientemente de quiénes estén en el Gobierno, van transitando. Ahora bien, para que realmente estos programas puedan quedar en el tiempo y proyectarse hay que tener la decisión.
–¿Qué significa construir 100 centros de atención a la primera infancia?
–A mí me gusta pensar en este proyecto como en algo que va a permitir llegar a acompañar al niño para que llegue quizás al inicio del programa Hambre Cero, o sea, lo veo casi como una línea de tiempo de la vida de una persona. En lo que es Centro de Primera Infancia hay un programa de primera infancia que se lleva adelante a través del Ministerio de Niñez y Adolescencia, donde se busca atender o garantizar el cuidado de los niños desde la primera infancia, incluso desde que está en el vientre de la madre. Entonces, este programa lo que hace es, llega al territorio para atender a la madre en cuanto a los cuidados que tiene que tener, orientarla también, sea en la alimentación de los chicos, le estamos orientando en cómo estimularles en temprana edad, cómo jugar, qué cosa sí, qué cosas no. Y estos centros lo que van a generar es la posibilidad de llegar a cada vez más territorios y tener como un PC del cual van a ir desprendiendo estos servicios y a los cuales también uno puede acudir para tener esa asistencia que muchas veces nosotros necesitamos construir en las comunidades.
–¿En qué consiste la apuesta infraestructural de este proyecto?
–Los Centros de Atención en la Primera Infancia se van a construir 100 en distintos puntos del país, en todo el país. Esa es la apuesta final.
–¿Ya se empezaron a construir?
–Ya se empezaron a construir. La primera, porque se está licitando esto de forma conjunta entre el MOPC y el Ministerio de la Niñez. Se van a hacer con fondos de Itaipú Binacional. Ya se hizo el inicio de obras de los primeros 20, se está licitando los siguientes 30 y así estamos haciendo distintos paquetes buscando que esto se vaya entregando a partir de fin de año, inicio del trimestre, en paquetes de 20, 30 centros.
–¿Cómo se ve la sostenibilidad de Hambre Cero a partir de cómo se está encarando?, ¿su financiamiento no corre riesgos? ¿Cómo están observando la coparticipación de las comunidades educativas?
–El rol de las gobernaciones en este proyecto fue esencial porque es uno de los programas que nosotros sabemos que la gente conoce, también hay una apropiación muy interesante por parte de las escuelas, no solamente de los centros educativos, sino de los padres, de los alumnos. Yo creo que no hay una mejor forma de blindar un programa que no sea involucrándole a los mismos beneficiarios, a la comunidad. También dentro de lo que es la estructura del Estado, yo creo que permeó en todas las instituciones, es un programa que toca a muchísimas instituciones, es casi universal. Hambre Cero el año pasado se presenta el proyecto de ley, se aprueba, empieza la implementación parcial y recién desde este año empieza la implementación al 100 %. Y es un programa masivo. Estamos hablando de 1.000.000 de chicos que comen todos los días a través de este programa. Entonces, es un programa que naturalmente va a tener su proceso de maduración, de ajuste, y para nosotros era muy importante que la comunidad, los padres, los chicos, los jóvenes, participen de este proceso.
–Cuando se plantean cuestiones de discursos, cuestiones que tienen que ver con la economía, sobre lo cual quiero hablar, avances en materia de índices económicos, siempre existe una reacción sobre que los números son reales, no son reales y se plantea un debate, digamos ¿cuál es la trastienda detrás de eso?
–En ese debate yo creo que es muy interesante, porque este es el famoso debate entre la macroeconomía y la microeconomía. Hay una verdad que es que Paraguay en los últimos 20 años se desarrolló muchísimo a nivel institucional y eso acompañó también un desarrollo económico que yo creo que el hito innegable fue nuestro grado de inversión, que nos otorgó Moody’s el año pasado en julio de 2024, que es el testamento, realmente un trabajo de décadas, no fue una cuestión puntual o mérito de un solo gobierno, sino que un trabajo totalmente estructural. Entonces yo creo que eso es lo que te valida esa idea de que Paraguay está en el camino correcto y se está desarrollando. Ahora bien, ese desarrollo económico, ese crecimiento que nosotros estamos viendo y vemos con números, vemos el crecimiento del 4 % que es por encima de lo que la región se está desarrollando en un momento donde hay retracción económica, donde tenemos problemas a nivel geopolítico, de guerras, de conflictos. Esos números son auspiciosos, pero para nosotros siempre tienen que responder a una mejora en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Entonces, yo entiendo que solamente decir estamos creciendo al 4 % quizás a una persona en situación de vulnerabilidad, que tiene un problema de salud o no tiene vivienda o no tiene acceso a los servicios que el Estado le tiene que proveer, no le significa nada. Yo no le puedo decir a un ciudadano vulnerable que estamos creciendo al 4 % y pretender que con eso se resuelva su preocupación. Entonces, en ese sentido nosotros sabemos que las 2 cosas deben acompañar, nosotros creemos en el desarrollo económico, en el posicionamiento de Paraguay en el exterior y vemos que estamos yendo por el camino correcto, pero eso es lo que nos tiene que dar, son los elementos para poder atender justamente a las poblaciones más vulnerables.
–¿Cómo se fue construyendo un edificio de institucionalidad en Paraguay, al margen de hechos de corrupción y compañías que ocurren y que probablemente, lamentablemente, pueden seguir ocurriendo?
–Cuando hablamos de esa construcción de institucionalidad probablemente podamos hacer referencia al advenimiento de la democracia, a los primeros gobiernos democráticos, la construcción de nuestra banca central, de nuestras instituciones principales. Entonces vemos cómo Paraguay fue transitando un camino hacia el ordenamiento de sus instituciones que hace que el Estado y el Gobierno vayan madurando. Hay una historia por ahí que quizás con el tiempo habremos escuchado más de una vez donde para un país corrupto, tercermundista, y esa yo creo que es una idea que tenemos que desterrar, porque nosotros tenemos como país una de las leyes más robustas de acceso a la información pública. Eso para mí fue una revolución. Hoy un ciudadano puede acceder a toda la información sobre la estructura del Estado paraguayo, en qué gasta, cómo lo gasta, y no solo eso, sino que está bien entrenado, sabe identificar eso. Quizás hace 15 años una persona no iba a poder reclamarle al Estado el servicio o lo que estaba haciendo porque no tenían las herramientas. Hoy para mí el síntoma de una sociedad sana y de buena institucionalidad es que la ciudadanía puede reclamar y tiene que hacerlo. (…) Siempre nosotros hablamos en el Gobierno con el presidente de que una cuestión superpositiva es justamente que nuestra ciudadanía, nuestro país, ya no se conforma sencillamente con lo que el Estado le da. Hoy exige y está viendo. Tiene que exigir a los gobernantes.
–¿Qué es Che Róga Porã y cómo va ese proceso?
–Es la apuesta más fuerte del Gobierno. Quizá ya estamos pensando en la siguiente fase: el chico que salió se cubrió con Hambre Cero, estudió gracias a quizá una de las becas que pudo haber otorgado el Gobierno y luego ya está listo para formar una familia o ya la tiene, y lo que quiere hacer es invertir en el bien de la familia. Qué finalmente es la vivienda. La vivienda es el bien familiar por excelencia, y lo que buscamos con Che Róga es, dado que nosotros desde el Estado podemos, a través de nuestras instituciones financieras, tanto las instituciones de primer piso como el BNF, como el segundo piso, como la AFD, potenciar la financiación a viviendas. Dijimos: ‘Vamos a generar un producto que sea agresivamente accesible, o sea, la tasa más baja que podamos concebir nosotros desde el Estado y orientarla a las familias para que puedan acceder a esa vivienda que finalmente va a ser la base de su economía y de su familia’. Porque ese bien es el que le va a permitir luego crecer financieramente hacia otros horizontes, es el que le da una sensación también de arraigo a las familias del lugar en el que están. Y también nosotros desde el Estado nuestra tarea fue generar el ecosistema, la infraestructura para que estas familias puedan acceder a eso. Entonces, es multicomponente. Por un lado, tenemos toda una ingeniería financiera para que sea accesible esa vivienda de la familia y, por otro lado, a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat hay una planificación también que se hace en cuanto a las viviendas, las ubicaciones, en qué parte del país se pueden construir y es un poco construcción de ciudad también; porque si nosotros empezamos a planificar el lugar de vivienda de las familias, podemos alrededor de eso ofrecer servicios públicos de calidad, ordenar un poco nuestro crecimiento territorial.
–¿Culturalmente sigue inamovible esta actitud del paraguayo joven recién casado, o por casarse, o recién estudiado, que quiere una casa propia?
–No cambió. Yo creo que hay muchísima demanda para la vivienda propia, incluso hace poco hubo un evento, uno de los eventos del día de gobierno donde fue el presidente y le entregaron las llaves a una chica que tenía 22 o 23 años. Ella estaba orientada a tener su casa y fue una de las aplicantes al programa y lo obtuvo. Quizá la innovación con Che Róga es que se están contemplando no solamente viviendas, sino también quizás soluciones habitacionales en altura, departamentos, porque hay familias también que pueden sentirse más seguras en un departamento porque tienen vecinos. Yo creo que hay algo muy importante en ese tipo de soluciones habitacionales que es también creación de comunidad. Finalmente, los vecinos, las personas que viven cerca son las que generan comunidad y eso hace también que las familias tengan un apoyo adicional al que puedan tener esa familia inmediata, gente que de repente viene del interior o se muda a otro lugar a vivir, tiene esa interacción con sus vecinos. Y Che Róga 2.0 tiene esa flexibilidad de ofrecer distintas soluciones a distintos tipos de personas.
Conmemoraron 31 años del atentado contra AMIA, a la espera del juicio en ausencia
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En la conmemoración del atentado de 1994 contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), el peor en la historia de Argentina, la comunidad judía espera cautelosa cerrar un capítulo doloroso con la perspectiva de un juicio en ausencia, y recibe con mesura el apoyo del presidente Javier Milei a Israel. El 18 de julio de 1994, un coche bomba destrozó la AMIA en Buenos Aires, dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Dos años antes otra bomba había explotado en la embajada de Israel, con saldo de 29 muertos y más de 200 heridos.
Ayer viernes cientos de personas se congregaron en un acto en la puerta de AMIA para recordar a las víctimas y pedir justicia. “La impunidad sigue, el terrorismo también”, fue el lema de este año, el segundo en que asiste Milei. Los acusados no han sido juzgados. En 2024 la justicia argentina señaló a Irán y al movimiento libanés Hezbolá como responsables y en junio de 2025 un juez habilitó un juicio en ausencia contra diez acusados iraníes y libaneses.
El juicio, aún sin fecha definida, se realizará bajo una nueva ley aprobada en marzo que habilita esa modalidad para delitos graves. La AMIA está a favor, pero con reserva: “Que se aplique la ley es la postura de la AMIA, pero con un rigor y con un cuidado súper extremos”, dijo el abogado institucional Miguel Bronfman a la emisora local Radio Mitre.
“Hacer un juicio para que después termine (...) con alguna nulidad, con alguna declaración de inconstitucionalidad, sería nuevamente muy penoso para todos”, señaló Bronfman.
La organización Memoria Activa, de familiares, consideró que el juicio en ausencia “no es tolerable ni mucho menos homologable” porque considera “clave que los acusados participen” del proceso, en un escrito presentado a la justicia al que tuvo acceso AFP.
Ambas organizaciones han sido muy críticas del Estado argentino en el trato de la causa. En junio de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina es responsable por faltas en la prevención e investigación del atentado.
Milei y el judaísmo
Las críticas al Estado por la causa AMIA conviven con el acercamiento de Milei al judaísmo y su firme apoyo a Israel, donde ya realizó dos viajes como presidente. En ambos anunció que mudará la embajada argentina a Jerusalén.
El mandatario fue educado en el catolicismo, pero en los últimos años se acercó al judaísmo, aunque sin convertirse.
Su pasión por el judaísmo genera adhesión dentro de la comunidad. “Está haciendo lo correcto desde lo geopolítico y lo moral”, aseguró a la AFP, Alan Zuchovicki, economista de 29 años, quien valora el respaldo del presidente a Israel en medio de la guerra en Gaza.
Pero a otros, como el sociólogo Kevin Ary Levin, les preocupa la posición del presidente por “cuán expuesta queda la comunidad judía” ante la eventual sensación de que Milei “pone, entre comillas, intereses judíos por sobre el interés nacional”.
Milei descartó el año pasado un posible riesgo derivado de su estrecha alianza con Israel. “Ya estamos en el mapa (de posibles ataques)”, señaló en una entrevista en 2024. “La diferencia es si somos cobardes o nos plantamos del lado del bien”, añadió.
El ataque a AMIA fue el mayor atentado terrorista en la historia de Argentina y un golpe directo al alma de la comunidad judía, la más grande de América Latina, con casi 300.000 personas cuya mayoría vive en Buenos Aires.
“Se trata de una comunidad bien integrada a la sociedad (argentina) e identificada con ella”, dice Enrique Herszkowich en el libro Historia de la Comunidad Judía Argentina.
Es un grupo que, salvo excepciones, nunca sufrió hostilidad generalizada en el país sudamericano como ocurrió en otras latitudes. Sin embargo, desde la asunción de Milei algunos miembros temen, e incluso experimentan, un incremento del antisemitismo. “Hace dos semanas mi hermana tomó un taxi y el conductor dijo: ‘Milei es un judío de mierda, lo manejan los judíos’. Se bajó del taxi, nunca le había pasado algo así”, recordó Levin.
Nuevo juicio por muerte de Maradona está en duda para 2025
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El comienzo del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina sigue sin fecha, y algunas de las partes dudan que sea este año, tras una audiencia preparatoria entre la fiscalía, los abogados y los nuevos jueces designados luego de anularse el primer proceso. Siete profesionales de la salud imputados de homicidio con dolo eventual por la muerte de Maradona fueron juzgados por un tribunal entre marzo y mayo, pero ese proceso se anuló tras el escandaloso apartamiento de una de las juezas, y ahora el proceso debe reiniciarse.
Algunas de las partes consultadas por la AFP dudan que el comienzo sea cercano: “Aunque todos estemos de acuerdo en reiniciarlo lo antes posible, en lo personal veo muy difícil que pueda comenzar antes del año que viene”, dijo a la AFP Martín Montalto abogado del coordinador de enfermeros Mariano Perroni, imputado en la causa. El abogado querellante Mario Baudry, que representa a la expareja del ídolo Verónica Ojeda, es más optimista: “Yo creo que, si es por el tribunal, el juicio se va a hacer muy rápidamente”, dijo a periodistas al término de la audiencia.
El nuevo tribunal terminó de conformarse esta semana y convocó a las partes a la audiencia de este viernes para determinar los alcances de la nulidad del juicio anterior y el pedido de uno de los acusados de ser juzgado por un jurado popular. Tras reclamos de la defensa, el tribunal dio tiempo a las partes hasta el 5 de agosto para pedir el apartamiento de alguno de los nuevos jueces, lo que demorará la continuidad de los preparativos.
“Hay una intención (del tribunal) de acelerar y nosotros lo que pedimos es simplemente que se respeten los tiempos estipulados por la ley”, dijo a la AFP uno de los abogados defensores Francisco Oneto al término de la audiencia.
“La intención del tribunal es avanzar y, a veces, quiero avanzar demasiado rápido, pero no tengo problema en retroceder y concederle los 10 días (hábiles)”, explicó el presidente del tribunal, Alberto Gaig, en el cierre la audiencia.
Maradona falleció por un edema pulmonar el 25 de noviembre de 2020, mientras estaba en una internación domiciliaria en recuperación de una neurocirugía.
Siete miembros del equipo médico del astro futbolístico arriesgan de 8 a 25 años de prisión por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente. Estaba previsto que una octava enfermera sea juzgada en un juicio por jurados, pero su situación quedó en suspenso hasta que se decida los alcances de la nulidad del juicio principal.
Argentina mejora calificación de deuda en medio de protesta salarial
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La agencia de calificación de riesgo Moody’s informó ayer jueves en un comunicado que elevó la nota de la deuda a largo plazo de Argentina en dos niveles, de Caa3 a Caa1, aunque se mantiene en la categoría especulativa. La calificadora estadounidense justificó su decisión citando las reformas macroeconómicas recientes, que han contribuido a reducir la inflación y a regresar al crecimiento a finales de 2024.
Estima que el riesgo de un incumplimiento de pagos o de una reestructuración de la deuda ha disminuido gracias al retiro progresivo de las restricciones cambiarias “permitiendo una transición hacia un régimen de cambio más sólido, apoyado en la reconstitución de reservas internacionales”.
La agencia destaca además que la economía del país registró un crecimiento del 5,9 % en el primer trimestre de 2025 “impulsado por la demanda interna y sostenido por una recuperación de la confianza”.
La calificación de Caa1 tiene una perspectiva “estable”. “La desinflación contribuyó a un alza de los salarios reales, mientras que el ajuste presupuestal ha mejorado la disponibilidad de crédito, ahora menos competido por los préstamos del sector público”, agregó Moody’s.
Desde hace más de un año, Argentina se beneficia de una fuerte tendencia a la baja de los precios. En junio, la inflación interanual se ubicó en el 39,4%, contra el 211% de finales de 2023, al inicio de la presidencia de Javier Milei, y cuando se aplicaron las primeras medidas de austeridad, entre ellas una fuerte devaluación del peso de más del 53%.
En abril, el país recibió préstamos y ayudas del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 42.000 millones de dólares en total.
Es el “reconocimiento de los impresionantes avances realizados en la estabilización de la economía” argentina, indicó la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Moody’s precisa en todo caso que la debilidad de las reservas exteriores de Argentina y obstáculos estructurales a la inversión extranjera todavía impiden que la nota supere el nivel Caa1.
Miles de personas se movilizaron este jueves pasado a la Plaza de Mayo de Buenos Aires bajo la consigna “la salud no se toca” para reclamar por mejoras salariales para los trabajadores de la salud. Con pancartas con leyendas como “recomposición salarial ya” y “el hospital no se toca”, médicos, residentes, enfermeros y trabajadores de otros sindicatos se movilizaron para protestar contra lo que consideran un “vaciamiento sistemático” de la salud pública como parte del drástico plan de ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei.
“La situación actual es crítica”, dijo a la AFP Ignacio Meza, médico residente del hospital público Fernández, en la movilización. “Tenemos un gran ataque del gobierno nacional hacia la salud pública, donde los ajustes de salario de los trabajadores de la salud afectan directamente a la salud de la población”.
El detonante para la marcha fue la situación del hospital público Garrahan, principal centro pediátrico del país, cuyos trabajadores realizan paros y protestas desde hace meses denunciando una “asfixia salarial”.
“Hay un éxodo masivo de recurso humano capacitado”, dijo el miércoles en CNN Radio el médico neonatólogo del Garrahan Nicolás Morcillo. “El hospital funciona con un presupuesto del 2023 y no sabemos cómo llegaremos a fin de año”.
Meza señaló que en su hospital ve integrantes del personal “cansados y guardias explotadas” ya que “cada vez más pacientes caen (van) al hospital por falta de medicación, porque no logran atenderse en los centros propios de su obra social (privados, ndlr)”.
Mientras se llevaba adelante la protesta, el ministro de Salud, Mario Lugones, desmintió en X que se esté desfinanciando al hospital Garrahan y dijo que se trata de un reordenamiento para “terminar con los curros (trampas) legales y la mala administración”.