Segunda semana de febrero. No es noticia, por cierto. Pero cuando se significa el dato desde la perspectiva del presidente Alberto Fernández y la totalidad de los decisores y ejecutores gubernamentales de políticas poco precisas, observar un almanaque, cobra mayor relevancia. Veamos: en agosto venidero -seis meses- habrá elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), para definir quiénes serán las candidatas y candidatos que participarán de las parlamentarias para renovar, en octubre próximo, la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de Senadores.
En las condiciones actuales, ese desafío, aparece en el horizonte del oficialismo como duda o preocupación. ¿Por qué? Porque los votos se cuentan de a uno y es preciso asegurarlos. 14 meses después del inicio del gobierno, el índice de inflación (precios al consumidor), anualizado se proyecta hasta cerca del 40% y se encuentra entre los más altos de mundo. El abastecimiento cárnico a costos accesibles y populares, parece imposible. Una mirada sobre algunos de los países de la Patria Grande da cuenta de la gravedad de los guarismos locales: en 2020, Paraguay, finalizó con inflación anual del 2,2%; Brasil, 4,53%; Colombia, 1,61%; Chile, 3%; Bolivia, 0,67%; Perú, 1,97. Afecto a las comparaciones transnacionales si atender si son reales o no, el mandatario local, sin embargo, no mencionó ninguno de esos datos en sus alocuciones.
La deuda pública externa aún no se ha reestructurado. Tal vez, trasciende, en mayo se pueda acordar con el Fondo Monetario Internacional por un monto aproximado a los 45 mil millones de dólares, mientras que nada se sabe sobre las conversaciones con el Club de París, ni cómo finalizará la reestructuración de lo que debe la hidrocarburífera YPF. El valor del dólar norteamericano, tanto en el mercado oficial como en el ilegal, da cuenta de una notable caída del peso frente a esa divisa y una significativa en el poder de compra con moneda local, especialmente, en los sectores sociales en situación de vulnerabilidad. Las importaciones que la industria necesita para producir, están restringidas por falta de divisas.
Al igual que las exportaciones, tienden a la merma, mientras que un conflicto con los productores rurales –en tiempos de alza en los precios de los productos primarios- parece inevitable, lo que agravaría el problema. Asimismo, la caída de la economía, luego de once meses de emergencia sanitaria por la pandemia de SARS-COV-2, se ubica en torno del 11%, según quien la mensure y con qué parámetros de análisis. Es razonable señalar que, una buena parte del parate, por cierto, se vincula con las decretadas medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) y, distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO), dispuestas por el presidente Alberto F, para enfrentar al covid. “Entre la economía y la vida, elijo la vida”, dijo públicamente el año pasado y nada indica que haya cambiado de parecer. Sin fondos públicos suficientes, el jefe de Estado habilitó al ministro de Hacienda, Martín Guzmán, para que cese los programas de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con los que se asiste, en particular, a las Pymes y a trabajadoras y trabajadores de menores ingresos suspendidos en sus actividades laborales. En ese contexto, las acciones para contener, controlar y, en el tiempo, superar brotes y eventuales rebrotes de coronavirus, tampoco inducen al optimismo.
Los cotidianos reportes gubernamentales dan cuenta de casi 2 millones de contagios y cerca de 50 mil muertes, desde el 20 de marzo. La prognosis no es alentadora. Sobre un universo en torno de las 35 millones de personas a vacunar, se informa oficialmente, hasta el 5 de febrero último, que 307.326 recibieron la primera dosis y, 163.069, fueron inoculadas con la segunda. De allí las preocupaciones en el oficialismo. Al punto que –como lo adelantó este corresponsal en el tercer trimestre del 2020- coincidentes trascendidos confirman que el gobierno “analiza suspender”, tal vez solo “hasta noviembre”, las elecciones de medio tiempo por la emergencia del coronavirus. Notables oficialistas, disienten. Habrá que ver. Pandemia, vacunación demorada y economía maltrecha, en tiempos comiciales son datos de riesgo. Desde varios meses, la casi totalidad de las consultoras en opinión pública dan cuenta que entre el 49% y el 56% de consultadas y consultados –según los diseños muestrales y parámetros de análisis que se apliquen en esos estudios- aseguran que votarán en las parlamentarias a candidatas y candidatos de “la oposición”. Los estrategas electorales gubernamentales sostienen, pese a ello, que “no” los preocupa “porque están profundamente divididos. Nosotros, no”.