Por Felipe Goroso S.
Columnista
Twitter: @FelipeGoroso
Las crisis en sí mismas no son malas ni buenas, son eventos se diría casi usuales en todo gobierno. A la par de ser previsibles, son, casi siempre, evitables. Ahora bien, son los procesos y mecanismos de resolución de esas crisis las que hacen la diferencia.
El objetivo primordial de la Comunicación Política es lograr consensos. Estos son primordiales, ya que sin consensos generar gestión resulta un imposible. Y sin gestión, bueno, ustedes ya saben lo que pasa. Por el contrario, con gestión, todo fluye de manera óptima. Se genera fortaleza institucional y eso da volumen político a los liderazgos.
Esta bien podría ser la descripción de la coyuntura que estamos atravesando, que tiene al gobierno en medio de una crisis tras otra. Semanas atrás, el programa “La caja negra” exponía la firma del acuerdo con Texos Oil y hace siete días el Washington Post nos contaba todo lo referente a un negocio con PDVSA. Estos escándalos se han convertido en elementos disociantes en medio de un proceso que se está desarrollando para consolidar consensos tanto en el Poder Legislativo como en eventuales candidaturas para las próximas elecciones municipales. Los elementos disociantes no llegan solos, son generados e incluso potenciados justamente cuando se está en pleno proceso de consenso para cortar esa construcción.
Y en ese momento es cuando el consenso y quienes lo defienden deben hacerse fuertes y de manera estratégica y organizada identificar a esos elementos disociantes. Una vez identificados deben ser aislados y, por último, expulsados. En este punto no hay convivencia posible.
La política, esa mala palabra que empieza con p y termina con a, debe tener la suficiente capacidad para consolidar su herramienta principal: el consenso. Y los elementos disociantes no tienen lugar en ese escenario.
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Bancada de Honor Colorado en Diputados ve viable la emisión de bonos ante crisis en el IPS
- Por Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
El líder de bancada del movimiento Honor Colorado en Diputados, Miguel Ángel del Puerto, aseguró que su sector respalda el análisis de nuevas alternativas de financiamiento para el Instituto de Previsión Social (IPS), incluyendo la emisión de bonos y créditos, actualmente en debate en el Senado.
A la vez, el parlamentario enfatizó la necesidad de saldar la “deuda histórica” del Estado con la previsional la cual treparía a aproximadamente a USD 800 millones, de acuerdo a lo informado desde la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP).
“Entendemos y compartimos la preocupación expresada por los jubilados. Es evidente que existe una deuda histórica del Estado con el IPS que debe ser atendida de manera responsable y progresiva. Todo mecanismo que permita fortalecer financieramente a la previsional, respetando el equilibrio de las cuentas públicas, merece ser analizado con seriedad, porque hoy lo más importante es garantizar medicamentos, insumos y una atención digna para los asegurados y jubilados”, comentó al diario La Nación/Nación Media.
Señaló también que “desde la Bancada Honor Colorado vemos con buenos ojos que el Senado esté analizando alternativas para darle al IPS el oxígeno financiero que necesita. Consideramos importantes tanto los mecanismos de financiamiento mediante bonos como las operaciones de crédito previstas en los proyectos, siempre que esos recursos estén destinados exclusivamente a garantizar el abastecimiento de medicamentos, insumos, equipamientos y el fortalecimiento de los servicios de salud".
Entre las propuestas presentadas en el Senado, figura la del senador Juan Afara, que declara en emergencia al Fondo de Enfermedad-Maternidad del IPS e incorpora mecanismos de financiamiento específicos, entre ellos, la emisión de bonos, empréstitos con organismos multilaterales y otros instrumentos financieros con el propósito exclusivo de adquirir medicamentos, insumos médicos, equipamientos y contratación de personal, sin usarse para el pago de deudas.
La propuesta plantea que el Estado honre su aporte pendiente al sistema de salud, equivalente al 39 % de los recursos, unos USD 304 millones. El proyecto de ley propone obtener esos fondos mediante emisión de bonos u otros mecanismos gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Nuestro acompañamiento a estas iniciativas comenzó desde la Cámara de Diputados. Aprobamos la declaración de emergencia sanitaria del IPS como una herramienta para dar una respuesta inmediata a la crisis que atraviesa la previsional“, refirió del Puerto.
Fretes goza del voto de confianza
Asimismo, del Puerto aseguró que el titular de la previsional, Isaías Fretes, también goza de la total confianza de su bancada ante los cuestionamientos provenientes principalmente de los sectores de la oposición en contra de la gestión del médico.
“Le damos nuestro voto de confianza al doctor Fretes. Valoramos que el Poder Ejecutivo haya iniciado un proceso de reingeniería institucional orientado a transparentar la gestión, ordenar las finanzas, fortalecer los controles, modernizar los sistemas, optimizar las compras, digitalizar procesos y combatir la corrupción", dijo.
Añadió que “como líder de la Bancada de Honor Colorado reafirmo nuestro compromiso de acompañar todas las medidas impulsadas por el Gobierno que beneficien a los asegurados y jubilados, pero también de ejercer el control que corresponde para que los recursos públicos sean utilizados con responsabilidad, eficiencia y total transparencia".
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Petróleo sube por ataques a infraestructuras en Oriente Medio
Los precios del petróleo se dispararon el viernes ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio, donde nuevos bombardeos cruzados golpearon infraestructuras civiles.
El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en setiembre, avanzó un 4,60 % hasta 88,10 dólares.
El de su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en agosto, subió un 4,48 % hasta 82,49 dólares. “No hay ningún indicio sólido de que la corrección alcista de los precios haya concluido”, subrayó David Morrison, de Trade Nation.
Estados Unidos bombardeó el jueves por sexto día consecutivo a Irán, que respondió con ataques a países del Golfo aliados de Washington.
El ejército estadounidense afirmó haber atacado “decenas de objetivos militares iraníes”, mientras que Teherán informó de daños en la red eléctrica en el sur del país.
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En Kuwait, una central eléctrica y una planta desalinizadora fueron alcanzadas por un ataque iraní. Con la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán el 7 de julio, los precios del crudo han saltado cerca de un 16 % en la semana.
El mercado petrolero está atento al estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y del gas licuado consumidos en el mundo.
Un “proyectil no identificado” impactó en un buque frente a las costas de Omán, informó el viernes la agencia británica UKMTO.
Un dron también atacó un navío frente al puerto de Basora, en el sur de Irak, cerca de una terminal petrolera, indicó a la AFP una fuente de seguridad.
Estos incidentes habrían podido impulsar el precio del crudo a más de 100 dólares el barril, opinó John Evans, analista de PVM Energy.
Pero no lo hicieron por dos factores, según el experto: la capacidad de adaptación del suministro mundial de petróleo, y la posibilidad de que el conflicto termine desactivándose.
Además del importante recurso de las reservas estratégicas de crudo, las consecuencias del conflicto se han visto atenuadas por el desvío de parte de las exportaciones saudíes a través del estrecho de Bab el Mandeb, que bordea Yemen, destacó Norman Lebke, de Commerzbank.
El repunte de las tensiones entre los rebeldes hutíes, que controlan parte de Yemen, y Arabia Saudita podría sin embargo complicar esta alternativa.
- Fuente: AFP
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Bolivia libera el precio del dólar en medio de una grave crisis
Bolivia liberó desde este lunes el precio del dólar tras 15 años de cotización fijada por el gobierno, en un intento de atraer divisas al país para aliviar la peor crisis económica en cuatro décadas.
La escasez de la moneda extranjera ha llevado en los últimos años a serios desajustes fiscales y monetarios, como el florecimiento de un dólar paralelo de masivo uso popular a un precio más alto que el oficial.
“Estamos ordenando la economía para que lleguen dolaritos de afuera”, dijo el domingo el presidente de derecha Rodrigo Paz, quien decretó el estado de excepción el 20 de junio tras casi dos meses de bloqueos opositores en las rutas.
“Pues ahora el gobierno reconoce el precio que ya pagábamos todos”, dijo a la AFP una vendedora de ropa de 42 años en El Alto, en uno de los mayores mercados populares de América Latina, que pidió reservar su nombre.
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En esta feria a 4.000 metros de altura en los Andes, cientos de comerciantes informales como ella deben importar sus productos a la cotización del dólar paralelo, “que sube cada vez que hay algún lío político”.
El precio del dólar oficial se establecerá ahora diariamente según el promedio de las operaciones de compra bajo libre negociación en el sistema financiero.
El Banco Central abrió el mercado con un nuevo dólar oficial a 9,73 pesos bolivianos, precio cercano al paralelo y que supone una devaluación de casi 40% respecto del valor de 6,96 fijado por las autoridades desde 2011.
El ministro de Economía, José Espinoza, también confirmó este lunes al canal Unitel negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener financiamiento, ante “la necesidad imperiosa de traer recursos a Bolivia”.
“Primer paso”
Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, opinó que la flexibilización cambiaria producirá “efectos directos sobre la economía de los hogares porque (...) es probable que aumenten los precios de los bienes importados”.
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Pero puede ser “el primer paso hacia (...) una menor incertidumbre y una economía más competitiva” si ayuda a reactivar las exportaciones e inversiones extranjeras, explicó a la AFP.
Bolivia, un país de 11,3 millones de habitantes, vivió en los años 2000 un ‘boom’ económico por las exportaciones de gas y minerales con altos precios internacionales.
Pero estas industrias, nacionalizadas por el izquierdista Evo Morales (2006-2019), enfrentaron en la última década problemas de productividad y la depreciación de los ‘commodities’, que llevaron a una caída severa de las reservas en dólares.
La crisis estalló bajo el gobierno del sucesor de Morales, Luis Arce (2020-2025), quien el año pasado sufrió la primera recesión de Bolivia desde 1986.
Tras 20 años de gobiernos de izquierda, Paz asumió en noviembre con la promesa de sanear la economía, pero sus opositores rechazan un plan de reformas que incluye liquidación de empresas públicas y ajuste del gasto.
Con el estado de excepción, el mandatario puso fin la semana pasada a siete semanas de bloqueos de rutas por sindicatos y organizaciones campesinas e indígenas, que desabastecieron de combustibles y alimentos a ciudades bolivianas.
Paz ha culpado por las protestas a Morales, fugitivo de la justicia. Sobre él pesa una orden de captura por un caso de presunta trata de una menor, que el exdirigente cocalero denuncia como persecución.
La Fiscalía acusa a Morales por una supuesta relación con una adolescente de 15 años con la que habría tenido una hija cuando gobernaba, con el consentimiento de los padres a cambio de beneficios.
“Esta devaluación encubierta (...) descarga el costo de la crisis sobre los trabajadores”, publicó el sábado Morales en X sobre la liberación del dólar.
- Fuente: AFP
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Bolivia: autorizan usar militares para desbloquear rutas cerradas por protestas
El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, recibió este domingo luz verde del Congreso para utilizar al Ejército en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace cinco semanas por manifestantes que exigen su renuncia.
Campesinos, mineros, transportistas y otros trabajadores mantienen protestas con bloqueo de rutas en todo el país ante el malestar por la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas.
Tras una sesión ininterrumpida de 15 horas que acabó en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la ley, ya antes avalada por el Senado, y la envió al presidente para su promulgación, explicó el jefe legislativo Roberto Castro.
Paz, en el poder desde hace seis meses, considera declarar el estado de excepción que le permitirá el uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización, esenciales para las manifestaciones. Hasta ahora la participación de los militares ha sido muy limitada en uso de efectivos y desplazamiento de pertrechos, con la policía antimotines en primera línea en los operativos para despejar algunas vías.
Los bloqueos han provocado una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, sede de gobierno, y su vecina El Alto, y también afectan, aunque en menor medida, a Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste), entre otras regiones.
El sábado, policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos contra campesinos que bloquean una estratégica ruta en el poblado de San Julián, en la próspera región de Santa Cruz (este), con saldo de seis policías y 14 civiles heridos. Los manifestantes bloquean rutas en al menos unos 80 puntos del país, con escombros, troncos y piedras, y se turnan en grupos para mantenerse apostados en el lugar.
Presunción de legalidad
Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el gobierno deberá asumir su defensa legal. Ese tema fue uno de los más debatidos.
“Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (...), estén dispuestos a protegernos”, dijo el diputado oficialista Carlos Alarcón.
Ese artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto. Un último antecedente es el caso de varios jefes castrenses de la expresidenta de derecha Jeanine Añez (2019-2020) que fueron enjuiciados y encarcelados por enfrentamientos con civiles tras la salida del poder del izquierdista Evo Morales, que dejaron más de 30 muertos.
Paz, de 58 años, ha reiterado llamados al diálogo, sin que hasta ahora haya sido acogido por las principales organizaciones que encabezan las protestas y que inicialmente pedían alza salarial y otras demandas sociales, y ahora su dimisión.
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En su cuenta en la red social X, Paz aseguró en la madrugada del domingo que La Paz y El Alto enfrentan “todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos”, como la lenta distribución de carburantes. Las filas en las estaciones de servicio son enormes y conductores esperan desde la anterior semana comprar gasolina y diésel. Muchos duermen al interior de sus automotores.
El gobierno boliviano, que ha recibido el apoyo contundente de Estados Unidos y mandatarios conservadores de la región, ha culpado de las protestas a Morales, quien gobernó de 2006 a 2019. El líder indígena ha negado las acusaciones y se mantiene aislado en su feudo cocalero del Chapare, centro del país, de una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega.
Fuente: AFP