La crisis sanitaria generó una serie de decretos que bajaron algunos costos de los comerciantes formales para contrarrestar el impacto negativo en el comercio debido a la baja demanda de ciertos productos o a la restricción del comercio mismo en los primeros meses de pandemia. Al ser estos decretos de plazo temporal hace que se estén revisando y renovando en estas últimas semanas, ya que en su mayoría tenían como validez hasta fines del año dos mil veinte. Por cierto, si bien el comercio no tiene en la actualidad mayores restricciones dentro del territorio nacional, sí tenemos aún restricciones con los países vecinos, especialmente con Argentina, país con el que no se puede realizar turismo de compras formal, y dentro del Paraguay existen ciudades enteras que viven de esto.

Es por ello que es importante destacar que se produce un efecto significativo al combinarse estos factores ya mencionados: primeramente el reajuste de tasas a los comerciantes formales y, por otro lado, el cierre de turismo de compras con Argentina. Cuando el comercio formal es obligado nuevamente a una suba de tasas, por ejemplo la de visas consulares para poder importar productos, incide en que el costo de ese producto importado aumente. Por ende, el precio final al público también aumenta. Si a esto sumamos la disminución de ventas por falta de turismo de compras con uno de nuestros vecinos de la región hace que los comercios formales estén cada vez con mayor desventaja comparado con los informales, ya que los últimos tienen una moneda argentina débil y ninguna tasa que pagar puesto que ingresan de contrabando, generando una competencia desleal más fortalecida, y con cada vez más motivación o mayor diferencia económica a raíz de que la brecha es cada vez mayor.

Lo que urge analizar es el listado de sobrecostos que debe pagar el comerciante formal, pero que hoy en día estos no dan a cambio ninguna contraprestación por parte de instituciones públicas, ya que eran por ejemplo por un sello, estampilla o fotocopia que ni siquiera hoy en día es tal debido a que se realiza el trámite en forma digital. No obstante, el costo se sigue pagando. Esta decisión debe venir aparejada por un objetivo claro, el cual es la de facilitación del comercio y definitivamente el de brindar un mejor servicio o producto al consumidor final al menor precio posible.

El menor precio se va a dar cuando se deje de pagar costos innecesarios en los comercios formales. Costos que se obligan a pagar para poder estar en regla y dejan aún más ventaja e incentivo a la cantidad de contrabando que nos rodea. No hace falta ser un detective privado para ver la venta de productos en forma irregular alrededor de la propia capital del país. Es una pena que los esfuerzos sobrehumanos que ha realizado el sector privado en la pandemia por seguir invirtiendo, por no reducir su personal contratado y, aun así, luchar con grandes organizaciones informales que pasan los controles sin sonrojarse. Se debe a como dé lugar poner en marcha la facilitación del comercio para fortalecer a los formales y no a la inversa.