El 2021 está a la vuelta de la esquina. El 2020 que se va, no fue bueno para nadie. Tampoco para la Argentina. La pandemia por el SARS-COV-2, que comenzó cuando la aldea global finalizaba 2019, aún no ha sido acorralada.
Las vacunaciones masivas recién se inician, pero las severas restricciones a la circulación que incluyen cierres fronterizos, teletrabajo, educación a distancia, suspensión de vuelos comerciales, destrucción de puestos de trabajo, caídas inimaginables en turismo y recreación, por mencionar solo algunas actividades duramente golpeadas por la histórica emergencia sanitaria, se prolongarán -por lo menos- en el primer semestre del año a estrenar el viernes próximo.
En este país, que -como se consignó- no se encuentra al margen de las condiciones generales en el orden mundial y regional, como sucede en otras latitudes, se verifican condiciones particulares que, sin dudas, complejizan el cuadro y le añade máxima gravedad a partir de la opaca gestión presidencial que exhibe Alberto Fernández, frente a la vehemencia arrolladora de la vicepresidenta Cristina Fernández que, con dos comunicaciones públicas no solo sacudió al Gabinete Nacional por las que considera son inacciones o acciones erróneas de los más cercanos colaboradores presidenciales, sino que castigó fuerte a la Corte Suprema de Justicia, a la independencia de poderes, a los estándares internacionales del Estado democrático de derecho y al propio presidente Fernández al que, sin mencionarlo, lo significó como vicario del poder que ella misma le concedió cuando lo nominó para el cargo que ejerce desde el 10 de diciembre de 2019. De allí que, los que aparecen como los más urgentes temas a abordar por la administración argentina en el año que se inicia, aparecen como de muy difícil gestión para alcanzar un resultado positivo como consecuencia de la bifrontalidad ideológica que se evidencia entre Alberto F. y Cristina F. y las profundas diferencias entre ambos para establecer prioridades y alcanzar soluciones en un país en el que la pobreza alcanza a casi la mitad de la población.
La gravedad, por cierto, es mucho mayor -para los que ostentan el poder- porque, de no mediar cambios en los cronogramas institucionales, dentro de 8 meses comenzará aquí el proceso electoral para renovar la mitad del Parlamento. El resultado de esa elección, es crucial para lo que resta del mandato presidencial porque los datos que emerjan de la voluntad popular expresada en las urnas, serán los que abran paso a los cambios radicales que exige Cristina F. o, por el contrario, le exigirá al oficialismo abrirse al diálogo con las oposiciones para preservar la gobernanza. Entre tanto y hasta ese momento, las urgencias coyunturales demandan del Ejecutivo desarrollar acciones cortoplacistas que cada día que pasa se perfilan más como recursos discursivos para acotar la percepción social de inoperancia y evitar que se extienda esa idea hasta trocar en sentido común. De hecho, la necesidad que como prioridad se fijó el gobierno para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se demora.
El presidente Fernández meses atrás clara y públicamente dijo que “no” le gustan los planes y, justamente, esa es una de las exigencias que ese organismo multilateral demanda para acordar -o no- una salida institucional que permita postergar todo pago de la deuda pública “por tres años”, como es el deseo estratégico del ministro de Hacienda, Martín Guzmán, que comparte el Jefe de Estado, pero no la vicepresidenta. Dilemático. En lo que respecta a la emergencia sanitaria, la situación no es mejor. Con 1,57 millones de infectados y 42.501 fallecidos después la cuarentena más larga del mundo, del interminable ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), del actual DISPO (Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio) y de la suspensión desde el 20 de marzo del derecho constitucional de circular libremente, el gobierno anuncia con energía que mañana -29 de diciembre- habrá de comenzar la inoculación “masiva” para enfrentar la pandemia con la vacuna Sputnik V.
Llegaron al país, días atrás, 300 mil dosis. Suficientes para inyectar a 150 mil personas con el suministro de 2 dosis a cada una. Coincidentes informaciones originadas en publicaciones especializadas, sostienen que la vacunación para un país con unos 45 millones de habitantes de los cuales cerca de 8 millones se encuentran entre los 0 y 20 años, demanda proveerse de cerca de 75 millones de dosis. Voceros gubernamentales que solicitan reserva acerca de sus identidades, aseguran que, desde Rusia, “antes de que finalice enero llegarán 28 millones de dosis”. Solo dos vacunas, la ya mencionada Sputnik V y la de Pfizer, están autorizadas. La primera por el Ministerio de Salud -por fuera de la vía administrativa prevista por ley- y la segunda por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), como lo marcan las reglamentaciones vigentes. Poca transparencia para resolver graves problemas. ¿Será posible un feliz año nuevo?