Hasta la mañana de ayer (domingo) –oficialmente– en la Argentina se contabilizan 41.763 fallecidos y 1.537.169 infectados por SARS-CoV-2. Estremece. La estadística es contundente. Especialmente, cuando se recuerda que, meses atrás, en cada rueda de prensa que el presidente Alberto Fernández realizaba, aproximadamente cada dos semanas, destacaba la situación local en el abordaje de la pandemia que comparaba con otros países que, según su criterio de análisis, no les iba bien.
No fueron pocas las quejas diplomáticas formalmente recibidas. Se suele afirmar que toda comparación es odiosa. También, innecesaria. Una situación parecida se da con la provisión de vacunas para inocular a la población local, cercana a los 45 millones de habitantes. El 13 de agosto pasado, el jefe de Estado anunció que “la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford se fabricará en la Argentina, se envasará en México y se distribuirá en la región” con excepción de Brasil. Su homólogo en México, Andrés Manuel López Obrador, acoplado a Fernández, sentenció que aquella operación anunciada en la Argentina “es realmente algo excepcional que nos va a ayudar mucho a que se mantenga la esperanza, a que se acabe la incertidumbre y (la población) tenga la posibilidad de una vida sana”.
El argentino fue más allá y detalló un acuerdo rubricado con el empresario farmacéutico Hugo Sigman, director general del Grupo Insud y dueño de la firma mAbxience, para alcanzar aquel objetivo. Nada de lo anunciado, hasta ahora, ocurrió. El desarrollo de la vacuna se atrasó en origen y, sin alternativas locales, la operación anunciada deberá aguardar. Líder regional en contagios, este país anunció semanas atrás que en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la ya mencionada AstraZeneca, Janssen, BioNTech-Pfizer y, más recientemente, HLB Pharma Group, productora de la rusa Sputnik V, presentaron la documentación requerida para que dichos compuestos sean autorizados. La última mencionada, además, solicitó una aprobación de emergencia o, más exactamente, la preaprobación del producto.
En ese contexto científico y burocrático, el presidente Fernández reveló públicamente que será el primero en aplicarse la vacuna rusa “porque no tengo ninguna duda de su calidad”. La situación, sin embargo, cambió drásticamente porque el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en la única conferencia de prensa que realiza cada año, informó que él no será inoculado con ella porque tiene 68 años y el producto todavía “no” está autorizado para quienes tienen 60 años o más. Alberto F. tiene 61 años. Deseo frustrado. Miles de sexagenarios, también. Por su parte, el ministro de Salud, Ginés González García, –quien semanas atrás no dudó en afirmar que “el mundo nos mira” porque “somos ejemplo” en la lucha contra el covid-19– reveló que el gobierno está “molesto” con Pfizer porque “exigieron condiciones inaceptables”.
Ningún funcionario o funcionaria reveló cuáles fueron esas exigencias. La transparencia continúa como valor a alcanzar. Misterio de Estado. Mientras, la aquí exigente –según los dichos de Ginés– ya acordó, en el orden regional, para que con su producto se vacune, hasta ahora, en Panamá, Brasil, México, Costa Rica, Ecuador, Chile y Perú. En la emergencia de la emergencia, Argentina es muy probable que reciba vacunas a través del programa Covax, activado por la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el que se procura que unas 2 mil millones de dosis puedan ser distribuidas equitativamente antes de que finalice este año. Preocupante, por cierto.
Mientras, la Cepal (Comisión Económica para la América Latina y el Caribe) dio a conocer el balance preliminar de las economías en el área de su incumbencia, a la luz de los efectos que sobre ella tuvo la pandemia. En ese ranking la agencia multilateral de las Naciones Unidas destaca que Argentina “cayó por tercer año consecutivo” y señala que “se prevé que al cierre del año (2020) el PIB haya caído 10,5%”. Respecto de los otros tres países fundadores del Mercosur, Cepal reporta que en Brasil el PIB “caería un 5,3%”; Uruguay, “se contraerá un 4,5%”; y, Paraguay, “con una contracción del 1,6%”. Por su parte, Bolivia –que desde muchos años procura ser Estado asociado al bloque regional– “se contraerá un 8%”; y, Chile, “un 6%”.