El pasado martes, en un conversatorio organizado por el Banco Central del Paraguay y el Ministerio de Hacienda, los uruguayos Fernando Lorenzo, exministro de Economía y Finanzas, y Gustavo Viñales, experto en finanzas públicas, expusieron sobre la ley de inclusión financiera del Uruguay, a partir de la cual este país logró consolidarse como uno de los referentes regionales en la materia.

Dicha ley estimuló un cambio profundo en los hábitos de pago en favor de la digitalización. En los últimos 5 años, en el Uruguay fueron emitidos 1,3 millones de instrumentos de dinero electrónico, 850 mil nuevas tarjetas de débito y el financiamiento de Mipymes experimentó una mejora importante. Hoy el acceso a medios de pago electrónicos es mayor que la población económicamente activa del Uruguay (PEA = 1,77 millones).

En Paraguay, si bien hace tiempo consideramos replicar en la ley ciertas normativas de probada eficacia en el derecho comparado, la pandemia ha reafirmado nuestra convicción en ese sentido.

Los programas de fortalecimiento del Fondo de Garantías del Paraguay y de subsidios de emergencia Pytyvõ, ejecutados en tiempo récord, ponen de relieve (1) el rol del Estado en la solución de fallas de mercado, (2) la importancia de la coordinación público-privada y (3) las ventajas de la digitalización.

Una norma bien diseñada, con incentivos del lado de la oferta y de la demanda, puede alinear tales elementos con el fin de aumentar la inclusión financiera. Precisamente, de eso se trató tanto la experiencia uruguaya como la de otros países que impulsaron reformas legales parecidas.

La ley debería incorporarse a la estrategia inclusiva del país en coordinación con sus demás componentes. En Paraguay, hoy estamos actualizando la Estrategia de Inclusión Financiera 2014-2018, por lo que este es el momento más propicio para optimizar el marco legal.

Nuestra ley debería brindar certeza jurídica plena a los pagos electrónicos e incentivarlos por su accesibilidad, su practicidad y su efecto formalizador. También debería determinar que ciertas transacciones, especialmente en moneda extranjera y a partir de cierto umbral, se realicen solo electrónicamente o a través de medios de pago que identifiquen a las partes. La restricción del uso de dinero efectivo ha sido adoptada con fines de inclusión y formalización en varios países.

Otro componente clave será que la percepción y cancelación de obligaciones del Estado, así como el pago de haberes de retiro, remuneraciones y honorarios del sector privado, deban canalizarse por medios electrónicos o trazables. A este efecto, la ley podrá complementar productos como las cuentas de remuneraciones garantizando las mejores condiciones de servicio para la ciudadanía, incluyendo al trabajador en relación de dependencia y al profesional independiente.

No menos importante será un sistema de estímulos tributarios acorde a los fines de la ley.

Una lección de la pandemia es que la tecnología se ha vuelto componente inescindible de la política pública. En el sistema financiero, la tecnología diversifica los productos, aproxima los servicios a las personas en distintos segmentos y permite la trazabilidad de las operaciones.

A la par que la economía se formaliza, los sectores público y privado acceden a datos relevantes para la toma de decisiones e incrementan su capacidad de respuesta. Esto favorece desde la agilización de los procesos crediticios en el caso de las instituciones financieras, hasta el perfeccionamiento de programas de la red pública de protección social dirigidos a los más vulnerables. Existe una diferencia notoria en el acceso al crédito entre las empresas formales e informales, en favor de las primeras, lo cual indica el aspecto rentable de la formalidad.

En Paraguay hemos logrado avances significativos. Hoy existen 4,4 millones de cuentas en el sistema financiero, con 9 mil puntos de acceso, y casi 3 millones de billeteras electrónicas activas. En octubre, el Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) canalizó 1,5 millones de operaciones por valor de 4.735 millones de dólares. Pero para asegurar la continuidad de los avances en inclusión financiera, requerimos mayor digitalización. Una economía más digital será también más inclusiva y transparente. De allí que la ley primaria deba favorecer las transacciones electrónicas.

Sin duda, un nuevo marco legal planteado en función de los objetivos precedentes, es el próximo paso en firme hacia el acceso universal a servicios financieros de calidad para las familias y las empresas paraguayas.

Fuente: Fernando Filártiga, miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay

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