El Tribunal de Ética Judicial decidió iniciar de oficio una investigación por presunta comisión de falta ética contra el actual Juez del Crimen Organizado, Osmar Legal. La presente investigación se genera a raíz de las publicaciones periodísticas generadas por una publicidad en la que él actúa de modelo de una barbería.

Los integrantes del Tribunal son Antonia Irigoitia; Miriam Peña, exministra de la Corte; Lourdes Breuer; Olga Talavera; Carmelo Di Martino y Amparo Samaniego Vda. de Paciello.

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La presente investigación se genera luego de la viralización de un video en el que se observa al juez Legal ser modelo de una barbería, cuya propietaria sería su actual pareja.

Ahora el citado magistrado deberá brindar su versión al Tribunal de Ética, cuyos miembros deberán estudiar y decidir si aplican una sanción ética al mencionado magistrado judicial.

El presente proceso de investigación tiene una duración máxima de 60 días, en el marco del cual el magistrado indagado será citado a una audiencia oral para ejercer su descargo respecto a los hechos que se le investigan.

El video fue muy cuestionado debido a los casos que maneja el citado magistrado, atendiendo a que el mismo es juez especializado en crimen organizado, y tiene varios casos como el operativo Pavo Real II, donde el principal imputado es el Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, entre otros procesos penales.

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Durante un acto en Palacio de Gobierno, liderado por el presidente Santiago Peña, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, presentó oficialmente el proyecto de paquetes de leyes que prevé 10 cambios en el sector público para impulsar el desarrollo de la economía.

“Hay algunas actualizaciones de leyes que han servido mucho para hacer inversiones, para crear empleo que necesitamos en este momento. Una de ellas es la vieja ley 60/90 que ahora se llama ley de Inversión Nacional y Extranjera, porque pone en un mismo lugar al local e internacional”, explicó el secretario de Estado.

Fernández Valdovinos fue enfático en decir que el Gobierno no está “obsesionado” solo con la inversión extranjera, sino con la inversión en general, sea nacional o extranjera. “Al compatriota lo que le importa es el empleo, y le da lo mismo si el dueño es nacional o extranjero”, dijo.

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Luego, expuso que también están trabajando en la modernización de la Ley del Mercado de Valores, teniendo que en cuenta que ahora la Superintendencia de Valores se encuentra dentro del Banco Central del Paraguay (BCP), y recordó que este sábado se celebra el primer aniversario del grado de inversión, “un hito económico importante”.

“Necesitamos actualizar también esa ley, de modo que el capital que llegue a Paraguay tenga muchas más facilidades, y que el mercado de valores opere bajo estándares internacionales. Así podremos alcanzar en el ámbito regulatorio el mismo estándar de grado de inversión que ya tenemos en lo macroeconómico”, explicó Fernández Valdovinos.

Profundizó en que estas iniciativas apuntan a una transformación productiva, tecnológica y financiera que beneficiará directamente a la ciudadanía, como la política nacional para la producción y ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos y digitales.

Con esto, se crea un marco normativo que impulsa la industrialización en el sector tecnológico, incentivando la producción local de dispositivos clave para el desarrollo digital, y se proponen incentivos concretos para que empresas nacionales e internacionales instalen fábricas de equipos eléctricos, electrónicos y digitales en el país. Esto implica más empleos formales, transferencia tecnológica, desarrollo industrial y posicionamiento del país en la cadena de valor global.

En el paquete de leyes se elimina una norma que obligaba a las aerolíneas a pagar un 6 % a agencias por cada pasaje vendido, lo que limitaba la competencia. Esto quiere decir que más aerolíneas podrán operar en el país, se abrirán nuevas rutas aéreas, habrá más opciones de vuelo y pasajes más accesibles.

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• Fotos: Pánfilo Leguizamón

La ministra secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República habló sobre los programas emblemáticos del actual proceso.

“Expresso” invita en esta edición a una reflexión desde dentro sobre el cómo, el para qué y el por qué de los programas emblemáticos de la actual gestión del presidente Santiago Peña. Para ello, Augusto dos Santos convocó a Marianna Saldívar Gadea, secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República.

La mirada amplia de la realidad, el aprendizaje a partir de la sistematización de las experiencias anteriores y una visión de futuro son algunos de los componentes que permiten al actual gobierno, primero gestar y después ejecutar, programas con gran aceptación tales como Hambre Cero, Che Róga Porã, Semillas del Futuro de Atención Integral a la Primera Infancia, entre otros.

ADS –¿Cómo es un proceso de elaboración de un programa de gobierno?

MS –Yo creo que es vital el rol del líder, en nuestro caso el presidente Santiago Peña, de transmitir la visión a su gabinete, hablando de ministros y también hablando un poco del equipo de presidencia que le acompaña. Esa visión él busca transmitirla, pero también propicia que existan intercambios internos para poder ir afinando la visión y que eso te traduzca en un proyecto implementable.

Hambre Cero, que es uno de los ejemplos más palpables de lo que es quizá nuestra política pública principal del Gobierno, tuvo ese proceso no solamente con actores a la interna del gabinete, sino también con colegas parlamentarios, con senadores, con diputados, gobernadores, hubo varias mesas de trabajo que son esenciales. La política pública no puede ser algo que se impone, sino algo que se consensúa y que, con el trabajo de consensuar, con el debate, con el diálogo, se perfecciona.

–¿Cómo es que se diseña el proyecto Hambre Cero y cómo un proyecto puede pasar de cubrir un 5 % a un 100 %?

–La conceptualización del programa Hambre Cero nace ya con el inicio del Gobierno, con una idea de que el futuro de nuestro país son los niños y para poder garantizar que los niños tengan el futuro próspero que buscamos que tengan y, por ende, también nuestro país, teníamos que entrar con mucha decisión al ámbito de la educación. Y cuando pensábamos en educación, antes incluso de pensar en programas pedagógicos, teníamos que pensar en cuál era la calidad de vida de los estudiantes en los colegios y en las escuelas. Y ahí nos dimos cuenta de que una gran parte es incluso anterior a la instrucción propia de las escuelas, que es que estos niños estén bien alimentados para tener las fuerzas, para estar en la escuela y efectivamente aprender, y que eso les lleve ya a los siguientes hitos de su vida, tanto de formación técnica como profesional y bueno, obviamente su carrera o el trabajo que van a desempeñar. Entonces, dijimos antes, y a pesar de que se trabaja en paralelo en todo lo que sean programas pedagógicos, en la carrera docente, tenemos que asegurar que los chicos estén en aula y que estén bien alimentados. Entonces, Hambre Cero lo que apunta es justamente a una población, a un montón de chicos, con el objetivo de garantizar que esta alimentación esté dada. Ahora bien, el concepto de la alimentación escolar no es algo que obviamente implementamos nosotros, es un programa que ya venía implementándose hace 10 años, estaba la Ley de Fonacide, que destinaba un monto a los municipios y a los gobiernos locales para destinar la alimentación escolar, pero ese programa era como máximo podíamos decir un poco inconsistente, o sea, habrá tenido éxito en algunas localidades, en otras no. Recuerdo cuando se hizo un análisis también de la cobertura de la alimentación escolar y estábamos hablando de que ni siquiera la mitad del ciclo escolar se cubría con la alimentación escolar. O sea, empezaban las clases, empezaban quizás 100, 120, 160 días y luego ya no había cobertura. Entonces, ¿cómo aseguramos que el chico se encuentre cubierto, alimentado y con la posibilidad de estar presente en las clases si nosotros a los primeros 3 meses luego ya no teníamos capacidad de darle? Entonces el programa se diseña tomando esa perspectiva, también, tomando un poco el aprendizaje de 10 años de aplicación de la Ley de Fonacide. La Contraloría fue un actor principal en eso. Ellos nos trajeron todo lo que ellos relevaron en sus años de auditoría, de relevamientos, de análisis de la ejecución del proyecto y nos dijeron estos son los dolores principales. Entonces tomando estas 2 cosas, tanto lo que abarca el proyecto como las cuestiones de falencia en cuanto al control y la ejecución es que se decide impulsar un nuevo sistema de alimentación escolar que realmente llegue a donde queremos llegar. Y ahí sí el presidente fue muy ambicioso al decir “yo quiero llegar a todos los niños”.

–Cuando se aplica imaginación y una voluntad precisa a una estructura que se hereda, puede servir para potenciar 100 % los programas.

–Totalmente. Yo empecé mi carrera en el sector público, estuve unos 10 años, luego me fui al sector privado unos 5, y ahora volví con el gobierno del presidente. Y si hay algo que noto es: uno, que el sector público es cada vez más complejo, cuando yo salí era una complejidad y ahora que entré, el doble de complejidad, es más grande, más complejo, más difícil, pero también hay cosas que yo me di cuenta que iniciaron cuando yo salí de la función pública que hoy las veo madurar, y eso es porque yo creo que llegamos a un nivel de desarrollo institucional que hace que los programas de gobierno ya son programas de Estado; entonces, vos ves cómo los programas, independientemente de quiénes estén en el Gobierno, van transitando. Ahora bien, para que realmente estos programas puedan quedar en el tiempo y proyectarse hay que tener la decisión.

–¿Qué significa construir 100 centros de atención a la primera infancia?

–A mí me gusta pensar en este proyecto como en algo que va a permitir llegar a acompañar al niño para que llegue quizás al inicio del programa Hambre Cero, o sea, lo veo casi como una línea de tiempo de la vida de una persona. En lo que es Centro de Primera Infancia hay un programa de primera infancia que se lleva adelante a través del Ministerio de Niñez y Adolescencia, donde se busca atender o garantizar el cuidado de los niños desde la primera infancia, incluso desde que está en el vientre de la madre. Entonces, este programa lo que hace es, llega al territorio para atender a la madre en cuanto a los cuidados que tiene que tener, orientarla también, sea en la alimentación de los chicos, le estamos orientando en cómo estimularles en temprana edad, cómo jugar, qué cosa sí, qué cosas no. Y estos centros lo que van a generar es la posibilidad de llegar a cada vez más territorios y tener como un PC del cual van a ir desprendiendo estos servicios y a los cuales también uno puede acudir para tener esa asistencia que muchas veces nosotros necesitamos construir en las comunidades.

–¿En qué consiste la apuesta infraestructural de este proyecto?

–Los Centros de Atención en la Primera Infancia se van a construir 100 en distintos puntos del país, en todo el país. Esa es la apuesta final.

–¿Ya se empezaron a construir?

–Ya se empezaron a construir. La primera, porque se está licitando esto de forma conjunta entre el MOPC y el Ministerio de la Niñez. Se van a hacer con fondos de Itaipú Binacional. Ya se hizo el inicio de obras de los primeros 20, se está licitando los siguientes 30 y así estamos haciendo distintos paquetes buscando que esto se vaya entregando a partir de fin de año, inicio del trimestre, en paquetes de 20, 30 centros.

–¿Cómo se ve la sostenibilidad de Hambre Cero a partir de cómo se está encarando?, ¿su financiamiento no corre riesgos? ¿Cómo están observando la coparticipación de las comunidades educativas?

–El rol de las gobernaciones en este proyecto fue esencial porque es uno de los programas que nosotros sabemos que la gente conoce, también hay una apropiación muy interesante por parte de las escuelas, no solamente de los centros educativos, sino de los padres, de los alumnos. Yo creo que no hay una mejor forma de blindar un programa que no sea involucrándole a los mismos beneficiarios, a la comunidad. También dentro de lo que es la estructura del Estado, yo creo que permeó en todas las instituciones, es un programa que toca a muchísimas instituciones, es casi universal. Hambre Cero el año pasado se presenta el proyecto de ley, se aprueba, empieza la implementación parcial y recién desde este año empieza la implementación al 100 %. Y es un programa masivo. Estamos hablando de 1.000.000 de chicos que comen todos los días a través de este programa. Entonces, es un programa que naturalmente va a tener su proceso de maduración, de ajuste, y para nosotros era muy importante que la comunidad, los padres, los chicos, los jóvenes, participen de este proceso.

–Cuando se plantean cuestiones de discursos, cuestiones que tienen que ver con la economía, sobre lo cual quiero hablar, avances en materia de índices económicos, siempre existe una reacción sobre que los números son reales, no son reales y se plantea un debate, digamos ¿cuál es la trastienda detrás de eso?

–En ese debate yo creo que es muy interesante, porque este es el famoso debate entre la macroeconomía y la microeconomía. Hay una verdad que es que Paraguay en los últimos 20 años se desarrolló muchísimo a nivel institucional y eso acompañó también un desarrollo económico que yo creo que el hito innegable fue nuestro grado de inversión, que nos otorgó Moody’s el año pasado en julio de 2024, que es el testamento, realmente un trabajo de décadas, no fue una cuestión puntual o mérito de un solo gobierno, sino que un trabajo totalmente estructural. Entonces yo creo que eso es lo que te valida esa idea de que Paraguay está en el camino correcto y se está desarrollando. Ahora bien, ese desarrollo económico, ese crecimiento que nosotros estamos viendo y vemos con números, vemos el crecimiento del 4 % que es por encima de lo que la región se está desarrollando en un momento donde hay retracción económica, donde tenemos problemas a nivel geopolítico, de guerras, de conflictos. Esos números son auspiciosos, pero para nosotros siempre tienen que responder a una mejora en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Entonces, yo entiendo que solamente decir estamos creciendo al 4 % quizás a una persona en situación de vulnerabilidad, que tiene un problema de salud o no tiene vivienda o no tiene acceso a los servicios que el Estado le tiene que proveer, no le significa nada. Yo no le puedo decir a un ciudadano vulnerable que estamos creciendo al 4 % y pretender que con eso se resuelva su preocupación. Entonces, en ese sentido nosotros sabemos que las 2 cosas deben acompañar, nosotros creemos en el desarrollo económico, en el posicionamiento de Paraguay en el exterior y vemos que estamos yendo por el camino correcto, pero eso es lo que nos tiene que dar, son los elementos para poder atender justamente a las poblaciones más vulnerables.

–¿Cómo se fue construyendo un edificio de institucionalidad en Paraguay, al margen de hechos de corrupción y compañías que ocurren y que probablemente, lamentablemente, pueden seguir ocurriendo?

–Cuando hablamos de esa construcción de institucionalidad probablemente podamos hacer referencia al advenimiento de la democracia, a los primeros gobiernos democráticos, la construcción de nuestra banca central, de nuestras instituciones principales. Entonces vemos cómo Paraguay fue transitando un camino hacia el ordenamiento de sus instituciones que hace que el Estado y el Gobierno vayan madurando. Hay una historia por ahí que quizás con el tiempo habremos escuchado más de una vez donde para un país corrupto, tercermundista, y esa yo creo que es una idea que tenemos que desterrar, porque nosotros tenemos como país una de las leyes más robustas de acceso a la información pública. Eso para mí fue una revolución. Hoy un ciudadano puede acceder a toda la información sobre la estructura del Estado paraguayo, en qué gasta, cómo lo gasta, y no solo eso, sino que está bien entrenado, sabe identificar eso. Quizás hace 15 años una persona no iba a poder reclamarle al Estado el servicio o lo que estaba haciendo porque no tenían las herramientas. Hoy para mí el síntoma de una sociedad sana y de buena institucionalidad es que la ciudadanía puede reclamar y tiene que hacerlo. (…) Siempre nosotros hablamos en el Gobierno con el presidente de que una cuestión superpositiva es justamente que nuestra ciudadanía, nuestro país, ya no se conforma sencillamente con lo que el Estado le da. Hoy exige y está viendo. Tiene que exigir a los gobernantes.

–¿Qué es Che Róga Porã y cómo va ese proceso?

–Es la apuesta más fuerte del Gobierno. Quizá ya estamos pensando en la siguiente fase: el chico que salió se cubrió con Hambre Cero, estudió gracias a quizá una de las becas que pudo haber otorgado el Gobierno y luego ya está listo para formar una familia o ya la tiene, y lo que quiere hacer es invertir en el bien de la familia. Qué finalmente es la vivienda. La vivienda es el bien familiar por excelencia, y lo que buscamos con Che Róga es, dado que nosotros desde el Estado podemos, a través de nuestras instituciones financieras, tanto las instituciones de primer piso como el BNF, como el segundo piso, como la AFD, potenciar la financiación a viviendas. Dijimos: ‘Vamos a generar un producto que sea agresivamente accesible, o sea, la tasa más baja que podamos concebir nosotros desde el Estado y orientarla a las familias para que puedan acceder a esa vivienda que finalmente va a ser la base de su economía y de su familia’. Porque ese bien es el que le va a permitir luego crecer financieramente hacia otros horizontes, es el que le da una sensación también de arraigo a las familias del lugar en el que están. Y también nosotros desde el Estado nuestra tarea fue generar el ecosistema, la infraestructura para que estas familias puedan acceder a eso. Entonces, es multicomponente. Por un lado, tenemos toda una ingeniería financiera para que sea accesible esa vivienda de la familia y, por otro lado, a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat hay una planificación también que se hace en cuanto a las viviendas, las ubicaciones, en qué parte del país se pueden construir y es un poco construcción de ciudad también; porque si nosotros empezamos a planificar el lugar de vivienda de las familias, podemos alrededor de eso ofrecer servicios públicos de calidad, ordenar un poco nuestro crecimiento territorial.

–¿Culturalmente sigue inamovible esta actitud del paraguayo joven recién casado, o por casarse, o recién estudiado, que quiere una casa propia?

–No cambió. Yo creo que hay muchísima demanda para la vivienda propia, incluso hace poco hubo un evento, uno de los eventos del día de gobierno donde fue el presidente y le entregaron las llaves a una chica que tenía 22 o 23 años. Ella estaba orientada a tener su casa y fue una de las aplicantes al programa y lo obtuvo. Quizá la innovación con Che Róga es que se están contemplando no solamente viviendas, sino también quizás soluciones habitacionales en altura, departamentos, porque hay familias también que pueden sentirse más seguras en un departamento porque tienen vecinos. Yo creo que hay algo muy importante en ese tipo de soluciones habitacionales que es también creación de comunidad. Finalmente, los vecinos, las personas que viven cerca son las que generan comunidad y eso hace también que las familias tengan un apoyo adicional al que puedan tener esa familia inmediata, gente que de repente viene del interior o se muda a otro lugar a vivir, tiene esa interacción con sus vecinos. Y Che Róga 2.0 tiene esa flexibilidad de ofrecer distintas soluciones a distintos tipos de personas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados un informe sobre la situación de la Caja Fiscal, sistema que sostiene las jubilaciones y pensiones del sector público.

La exposición estuvo a cargo del viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, junto con su equipo técnico. Según detallaron, la caja atraviesa una situación cada vez más complicada, con un déficit creciente y un sistema desordenado que incorpora regímenes distintos, muchos de ellos con beneficios otorgados sin fuentes claras de financiamiento. Esta fragmentación normativa genera desigualdades y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Durante la reunión, tanto autoridades del MEF como los legisladores coincidieron en que urge una reforma previsional integral, pero que debe ser construida con amplio consenso político y social. “Las decisiones que se tomen hoy van a tener impacto por décadas”, advirtieron.

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Uno de los puntos centrales del debate fue la necesidad de igualar las condiciones de jubilación entre los distintos sectores del Estado, fijar edades de retiro acordes a la realidad demográfica y garantizar que los beneficios sean proporcionales a los aportes realizados por cada trabajador.

Desde el MEF aseguraron que están dispuestos a aportar todos los insumos técnicos necesarios para encarar este proceso, incluyendo proyecciones actuariales, comparaciones con modelos regionales y análisis fiscales. Adelantaron que en una próxima sesión presentarán otro informe sobre cómo otros países enfrentaron reformas similares.

Legisladores de distintos sectores reconocieron que la Caja Fiscal ya no resiste más parches. Señalaron que se necesita voluntad política para tomar decisiones impopulares pero necesarias, antes de que el sistema colapse y se vuelvan inviables los pagos a jubilados del Estado.

La Caja Fiscal cubre hoy a miles de jubilados docentes, policías, militares, judiciales y funcionarios públicos en general. El déficit se agrava año tras año, y si no se encara una solución de fondo, podría convertirse en uno de los problemas financieros más serios del país, acordaron las autoridades.

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