Cuando creíamos que la hipocresía política y mediática ya no podía rayar más alto, sus protagonistas –los mismos de siempre– encuentran la manera de superar su propia marca. Sin pudor alguno exhiben públicamente su descalabro ético y moral. Ni siquiera guardan las formas ni las apariencias.

En dos casos que se presumen similares –porque todavía falta la instancia juzgadora– asumen la férrea defensa de uno de ellos, en tanto se erigen en inapelables jurados de condenación para el otro.

La parcialidad manifiesta es tan grotesca como censurable. Se desprecia el buen periodismo y se utiliza a los medios como garrote en contra de sus enemigos, al tiempo de ser portavoces de los discursos que siguen su misma línea y agenda.

Sobre todo, de los diputados y senadores que se desviven por un minuto de vanidad, aguardando ansiosamente que sus fotos y frases sean amplificadas en tales órganos de comunicación. Y ni siquiera se animan a subrayar los divagues conceptuales –cuando no la ignorancia– de sus repetidos entrevistados.

Así, pues, a partir del error van construyendo una campaña de infamias y mentiras que aspira a internarse en la conciencia colectiva con rango de verdad indiscutida.

Sin embargo, como también venimos insistiendo desde hace bastante tiempo, este público ya no es el mismo de hace una o dos décadas atrás, aunque suene perogrullesco, pues avanzó rápidamente en su capacidad de diseccionar la información y de recurrir a más de una fuente para alcanzar su propia conclusión sobre los hechos publicados.

En este caso, en particular, nos referimos al pedido de intervención de las comunas de Asunción, que tiene como intendente al colorado Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, que tiene al frente a Miguel Prieto, del movimiento Yo Creo. Ni hace falta explicar que el primero es rabiosamente fustigado y el segundo vehementemente defendido.

El maniqueísmo cromático en su más elevada expresión. Algunos parlamentarios hacen gala de una supina ignorancia, argumentando que la Contraloría General de la República no tiene competencia para plantear la intervención de los municipios, desconociendo lo que manda taxativamente la Constitución Nacional.

No estamos hablando de una ordenanza, una resolución, un decreto o, incluso, una ley, sino de nuestro máximo ordenamiento jurídico sobre el cual se establece nuestra democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes, entre otras cosas.

El Artículo n.º 165 de la Constitución Nacional, en el capítulo dedicado a la intervención, señala que “los departamentos y las municipalidades podrán ser intervenidos por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, en los siguientes casos: 1) a solicitud de la junta departamental o de la municipal, por decisión de la mayoría absoluta; 2) por desintegración de la junta departamental o de la municipal, que imposibilite su funcionamiento, y 3) por graves irregularidades en la ejecución del presupuesto o en la administración de bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República”. Una contundente demolición de las falacias de los defensores de Miguel Prieto.

Como nuestra función no es solo opinar, informar y entretener, sino, sobre todo, educar, abusaremos de la transcripción textual de nuestra ley fundamental, en la parte final del Artículo n.º 165: “La intervención no se prolongará por más de noventa días, y si de ella resultare la existencia del caso previsto en el inciso 3, la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, podrá destituir al gobernador o intendente, o a la junta departamental o a la municipal, debiendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocar a nuevos comicios para constituir las autoridades que reemplacen a las que hayan cesado en sus funciones, dentro de los noventa días siguientes a la resolución dictada por la Cámara de Diputados”.

Hasta ahora todo se ha encuadrado dentro del debido proceso que se requiere en estos casos. Por de pronto, es en las comisiones de la Cámara de Diputados donde las investigaciones de la Contraloría General de la República serán examinadas rigurosamente, tanto las que afectan a la Municipalidad de Asunción como a la de Ciudad del Este.

La sociedad podrá interiorizarse detalladamente de las irregularidades detectadas en ambas comunas. Porque, más allá de los discursos propagandísticos, estamos seguros de que existirán documentos que tendrán el aval de pruebas verificables y de daños cuantificables en números.

De manera que, sobre esas bases, habrán de manejarse los informes respectivos del ente contralor. Todo lo demás es puro humo con el que solo se pretende confundir a la ciudadanía con burdas mentiras y, a la vez, distraer la atención de lo que es verdaderamente relevante para el presente y futuro.

• Guadalajara, México. AFP.

“A lo mejor me iban a matar”, dijo Valeria Márquez momentos antes de ser baleada durante una transmisión en vivo por TikTok, un caso que pone en primer plano la epidemia de feminicidios en México, pero también la creciente violencia contra los influencers. Márquez, una joven de 23 años con 95.000 seguidores en TikTok, se suma a una interminable lista de mujeres asesinadas en este país, que crece a razón de diez casos diarios, según la ONU.

Pero el crimen, ejecutado el pasado martes mientras la joven interactuaba con sus fans, también se enmarca en una serie de homicidios y amenazas contra celebridades de redes sociales por parte de narcotraficantes. Sin embargo, las autoridades del estado de Jalisco (oeste), que investigan el hecho como un feminicidio, aseguran que “no hay evidencia” de que Márquez tuviera alguna relación con el crimen organizado.

El video de la transmisión muestra los últimos momentos de la joven en un salón de belleza de su propiedad en un sector exclusivo de Zapopan, municipio del área metropolitana de Guadalajara sacudido frecuentemente por asesinatos. “¿Eres Valeria?”, pregunta un hombre fuera de cámara. “Sí”, responde ella con inquietud. Apaga el micrófono y se desploma segundos después por los disparos.

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Vestida con una blusa sin mangas color fucsia, la joven sostenía un cerdito de peluche que acababa de recibir como regalo y que desató su euforia. Sería el mismo presente que intentaron entregarle más temprano cuando estaba fuera del salón, un episodio que la había dejado “preocupada” pues ignoraba quién se lo había enviado, según cuenta en la grabación.

“¿Me iban a levantar o qué?”, cuestiona sobre un posible secuestro, delito que se comete por miles en Jalisco y que a menudo termina con la desaparición de la víctima. La joven difundía contenidos relacionados con la belleza, algunos con hasta 800.000 reproducciones.

Según las autoridades, la mujer no había recibido amenazas. Al margen de los motivos, “fue un feminicidio y debe ser investigado como tal”, señaló a AFP el consultor en seguridad David Saucedo, aludiendo a versiones de prensa que señalan que algunos contactos de Márquez en redes sociales tenían vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La violencia de género es una problemática latente en México: 70% de las mujeres de más de 15 años han experimentado alguna agresión al menos una vez en su vida, según ONU Mujeres. Además, si se suman feminicidios y homicidios dolosos, los asesinatos de niñas y mujeres promedian diez por día, indica la ONU.

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México cuenta a varios de los más populares influencers de Latinoamérica, como Kimberly Loaiza y Luisito Comunica, que acumulan decenas de millones de suscriptores y seguidores en YouTube e Instagram gracias a sus contenidos de música y viajes. Pero en el vasto universo digital también han emergido controvertidos personajes que terminaron asesinados en medio de sospechas sobre nexos con criminales.

El pasado 9 de enero, medios reportaron que una avioneta arrojó en Culiacán (noroeste) panfletos que amenazaban a una veintena de artistas y youtubers por supuestos tratos con “Los Chapitos”, una de las facciones en guerra por el control del cártel de Sinaloa fundado por el detenido Joaquín “Chapo” Guzmán.

Cuatro de esas personas aparecían como “eliminadas”, entre ellas Jesús Vivanco (“Jasper”), asesinado en noviembre de 2024, casi un año después de que Estados Unidos lo acusó de tráfico de cocaína y metanfetaminas. También figuraba el cantante de corridos tumbados Peso Pluma, quien no se ha referido a esas intimidaciones. La guerra en el cártel de Sinaloa deja unos 1.200 fallecidos desde septiembre pasado.

“Los influencers se han convertido en una pieza más del engranaje de la estructura del crimen organizado”, opina Saucedo. Este analista identifica tres tipos de personajes ligados a esas bandas: informantes de sucesos políticos y delictivos; “socios” vinculados al lavado de dinero y personas que sostienen relaciones de pareja con criminales.

Saucedo compara este fenómeno con el de actrices y agrupaciones de narcocorridos que en el pasado terminaron en la mira de los cárteles. Con una impunidad arriba del 90%, Saucedo es pesimista sobre la resolución del asesinato de Valeria Márquez, peor aún si el o los implicados resultan ser criminales de alto perfil.

La influencer colombiana María Camila Dice señaló que la belleza de la modelo paraguaya Nadia Ferreira es irreal. En un TikTok que ya suma más de 3,2 millones de reproducciones, la colombiana manifestó que la guaireña parece escupida por un ángel y cuestionó cómo el cantante puertorriqueño Marc Anthony pudo conquistar su corazón.

“¿Ustedes han visto a la esposa de Marc Anthony? Yo no entiendo, de dónde salió esa mujer, quién parió a esa mujer pues, que la mamá pase la hoja de vida para que para también mis hijos", dijo la colombiana en el video titulado: “La esposa de Marc Anthony es irreal”.

La influencer, que suma más de 400.000 seguidores en TikTok, señaló que la belleza de Ferreira es angelical. “Qué mujer tan divina, esa mujer parece como que escupida por un ángel, yo no estoy, mi cerebro no está cerebreando, ¿qué está pasando? ¿De dónde salen mujeres tan bonitas?“, apuntó.

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Para cerrar su reflexión, María Camila preguntó al salsero cómo conquistó a la exMiss Paraguay. “Esa mujer es una Barbie, yo creo que la veo y le digo: `¿podemos ser amigas?`. Marc mi amor, ¿tú como hiciste para levantarte tremendo bombón de caja de oro? Aparte es superdiplomática, como elegante", opinó.

El comentario de la colombiana sumó reacciones como: “La mujer más hermosa del universo es de Paraguay”, “Y Marc Anthony no está tan lindo para ella, lo siento, pero es la verdad“, ”Nadia se parece más al papá porque la mamá no tiene ojos claros“, “Y en persona es aún más linda surrealista” o “Esa mujer es la hija de un ángel y un humano”.

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La Superintendencia de Salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), puso en marcha este miércoles el operativo denominado “Ñemboty”, el cual consiste en el cierre de más de 100 locales de diferentes rubros relacionados con la salud y belleza que no cuentan con la habilitación por parte de la mencionada entidad contralora.

El superintendente, el doctor Roberto Melgarejo Palacios, explicó en conferencia de prensa que una de las primeras clínicas intervenidas fue de tratamientos capilares, pero reconoció que dentro de esta lista también existen locales que ofrecen tratamientos cosméticos además de spas, entre los que se destacan spas que ofrecen tratamientos para bebés.

“Tanto la ciudadanía como los prestadores de servicios deben saber que lo primero que se hace es la habilitación por parte del ministerio; el ministerio verifica la infraestructura y los profesionales; esa es una cuestión que atañe y compete al Ministerio de Salud; y luego procedemos nosotros a darle el certificado para que funcione; haciendo un paralelismo, el ministerio le da el certificado de nacimiento, pero la cédula de identidad la da la Superintendencia y sin ese registro no se puede trabajar”, remarcó el doctor Melgarejo.

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Respecto a la cantidad de espacios que no contarían con el registro sanitario, el mismo explicó que son más de 100, por lo que se organizaron 10 equipos interventores, los cuales se dividen con personal de la Superintendencia de Salud, la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Defensoría Pública, de manera a trabajar de forma interinstitucional.

En cuanto a los procesos para que estos locales puedan volver a operar, refirió que primero serán sometidos a una investigación y posterior a esta los propietarios podrán solicitar el certificado actual que les permitirá volver a poner en funcionamiento sus locales de cara al público, ya que los mismos son clausurados solo para la atención a terceros y no así al trabajo administrativo que puede continuar mientras que dure la medida de intervención.

“El proceso de solicitud del certificado que expide la Superintendencia de Salud dura entre 8 a 10 días y cuenta con un canon estipulado que debe ser abonado, ya que si bien el registro del local o centro médico se hace una sola vez, la habilitación debe ser renovada de manera anual”, explicó el superintendente de Salud.

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