Por Ricardo Rivas

Corresponsal en Argentina

Twitter: @RtrivasRivas

El último viernes, en la Argentina, el dólar oficial cotizó en $ 82. El ilegal, el “blue”, se negoció en $ 167. La brecha alcanza al 100%. Preocupante. Tanto para gestionar la economía desde el gobierno del presidente Alberto Fernández, como para todos los sectores de la sociedad que perciben claramente que sus ingresos –formales o informales– se evaporan.

La evolución histórica reciente de la divisa norteamericana apabulla. El 9 de diciembre pasado, en el inicio de la gestión de Alberto F., se comercializaba a $ 67. El 28 de setiembre último, a $ 140. Coincidentes expertos en economía y finanzas –no es mi caso– sostienen que “en diez meses, el dólar –en este país– se devaluó en más de 300%”.

El verbo devaluar es el que más se conjuga desde varios días aquí. No son pocos los que tienen la convicción de que la gestión económica devaluará el paso en la quincena que se inicia activamente hoy, mientras que otros –estrechamente relacionados con el oficialismo– aseguran que “no se devaluará y, si se llegara a ese extremo, no será nunca antes de las elecciones parlamentarias de octubre del 2021”. ¿Cuál será el estado político, económico y social de la Argentina para entonces? Pronóstico imposible. Sin embargo, se puede afirmar que habrá devaluación.

“Si no la hace el gobierno, la hará el mercado”, sostiene enfáticamente el periodista Willy Kohan, en sus columnas radiales, televisivas e impresas. En el frente político, la situación no es mejor. Fuertes tensiones generó en la coalición gubernamental que el embajador argentino ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Federico Villegas, votará –por indicación del presidente Fernández– a favor del informe en el que Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, denuncia una vez más al gobierno de Venezuela por la comisión de graves delitos que incluyen ejecuciones extrajudiciales. Reconocidas espadas políticas de la vicepresidenta Cristina Fernández, de Unidad Ciudadana –el partido político que lidera– y algunas organizaciones sociales fustigaron duro a Alberto F. “Cristina se mantuvo en silencio para no dañar ni debilitar, aún más, al jefe de Estado”, confidenció a este corresponsal un allegado a la ex presidenta.

Pedir la renuncia del canciller Felipe Solá es un punto en el que se unen las unas y los otros –sin diferencias– en las agrupaciones integradas al gobierno. “La política exterior argentina, durante los primeros diez meses del presente gobierno, ha sido confusa, en algunos casos contradictoria, y errática. Hay dificultades para la comprensión política de lo hecho desde la perspectiva histórica peronista”, sostuvo el jueves pasado en Clarín el embajador Juan Pablo Lohlé. La situación tuvo y tiene aún fuerte impacto en el peronismo y profundizó las diferencias con el llamado cristinismo.

Los gobernadores de esa extracción y notables dirigentes partidarios de la provincia de Buenos Aires insisten en destacar que peronistas y kirchneristas son ideológicamente diferentes. Dos relevantes dirigentes sindicales que exigieron reserva sobre sus identidades aseguran que “Cristina no dijo nada porque cada día que pasa su debilidad política es más evidente”.

Por su parte, tres dirigentes con larga trayectoria en el partido que fundara el general Juan Perón también “en off” describieron: “El peronismo está en estado de alerta y movilización permanente en el espacio virtual. Son momentos muy difíciles”. El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, es la cara visible de la resistencia de los mandatarios provinciales peronistas al kirchnerismo.

La tensión crece. Hablar en voz baja o “en off” ya no encapsula broncas ni incomodidades. Lohlé –en la columna que publicó en Clarín– luego de describir que al Frente de Todos lo “constituyen distintos espacios políticos y sociales que el kirchnerismo logró aglutinar desde el ‘progresismo’ hasta el partido comunista”, destaca en tono crítico que, en ese contexto, incorporó “entre muchos, a cuatro corrientes distintas con origen en el Partido Comunista” que “supo ser un interlocutor privilegiado de la última dictadura militar”. Como sostenía Cristina Fernández cuando era presidenta, incluso en la crisis, “todo tiene que ver con todo”.