Fuimos a 800 kilómetros de Asunción, en la localidad de Infante Rivarola, Chaco. Indígenas de la comunidad Loma, del pueblo guaraní ñandéva, denuncian que fueron engañados por una ONG. Le instaron a invadir una propiedad de 10 mil hectáreas, con el verso de que dichas tierras les pertenecen. Los indígenas creyeron la historia, atropellaron la propiedad, pero fueron abandonados a su suerte. No tenían agua ni alimentos. El productor de esas tierras, quien en el 2008 presentó un plan de desarrollo al Indert, y en donde invirtió más del millón de dólares, tuvo que, por humanidad, socorrer a sus invasores.
Hace dos semanas, estos indígenas llegaron hasta Asunción para presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. Solicitan que se investigue a la ONG Alter Vida, a su presidente, directivos, administradores y especialmente a Víctor Pereira, hermano del senador Sixto Pereira. Ellos quieren saber en detalles cómo se gastaron G. 1.700 millones que el Estado entregó para llevar adelante proyectos en asentamientos a favor de las comunidades indígenas en el Chaco.
En el relato de la denuncia se lee que Víctor Pereira, bajo engaños, llevó a miembros del pueblo guaraní ñandéva a invadir las tierras pertenecientes a la estancia San Miguel, propiedad del ganadero Miguel Ángel Muñoz, con la promesa de ayudarlos a emprender varios proyectos para mejorar su vida, nada de eso sucedió, sino por el contrario, fueron abandonados, pasaron hambre, algunos enfermaron e incluso otros fallecieron.
Señalan a Pereira como la persona que los embaucó y a la abogada Emilia Cano, también al servicio de Alter Vida, como la responsable de presionar en el ámbito judicial para tratar de despojar de sus tierras a Muñoz utilizando a los pueblos indígenas.
Los nativos se dieron cuenta del engaño y regresaron a sus tierras, pero el ex líder de la tribu Miño Ordóñez comenzó a amenazarlos de muerte si dejaban la estancia San Miguel. Por ello, los afectados realizaron en agosto pasado ante el juez de Paz de Mariscal Estigarribia, Ignacio León, una denuncia contra Ordóñez y la ONG Alter Vida y hacían responsables a estas personas si les ocurría algo.
Los líderes indígenas afirman que las denuncias judiciales en el Chaco no suelen progresar por las presiones que reciben desde la capital y de políticos influyentes. Por esa razón, realizaron el largo viaje hasta la capital para presentar su denuncia en el Ministerio Público.
No es la primera vez que una ONG utiliza a los indígenas para invadir propiedades, en su mayoría tierras productivas y en donde se realizaron grandes inversiones. Hace un par de años, se expropiaron 14 hectáreas para la comunidad indígena de sawoyamaxa y yakie axa en el Chaco. Las tierras eran explotadas por las empresas Kansol SA y Roswell Company SA. Hasta ahora el Estado no pagó por la expropiación y los indígenas ya abandonaron la propiedad, depredaron todos los árboles, vendieron los rollos y se mandaron mudar.
Según registros del Indi, la institución ya entregó más de 1.300.000 hectáreas a comunidades indígenas. En Paraguay, la población indígena no supera los 150.000. ¿Qué hay hoy en esas tierras? Muchas de ellas subarrendadas a brasileños para su explotación y los nativos arrinconados o despojados de esas tierras. Esto confirma que el problema indígena no pasa por otorgarles o que se apropien de un pedazo de tierra, ellos necesitan aprender la capacidad de subsistir y necesitan proyectos sostenibles.
El problema está en que si solucionamos el problema indígena, se acaba el negocio de estas ONGs, ya que el actual modelo les es rentable. Mientras el Estado solo actúe para titular tierras, las ONGs para alentar invasiones, este problema nunca se solucionará y como siempre los más perjudicados son nuestros hermanos indígenas. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
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Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
Consultora Certus Group desembarca en el país con innovadoras propuestas
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Certus Group es una consultora joven que proviene de Córdoba, Argentina, cuyos socios tienen décadas de trayectoria en proyectos vinculados al medioambiente, higiene y seguridad y también en el ámbito digital. Han decidido apostar por nuestro país, en donde han visto una oportunidad de negocio que, además, se traduce en calidad de vida para los ciudadanos.
“Estamos desembarcando en Paraguay, esta es nuestra primera visita, y la idea es seguir viendo qué se puede hacer. Acá creo que hay muchas cosas a desarrollar, es un país ávido de desarrollar muchas cosas y creo que se necesitan políticas públicas, se necesita algo que exceda a una gestión, algo cuyo beneficio sea a corto, mediano y largo plazo para que la población sea beneficiada”, expresó el licenciado Gustavo Ibarra.
En conversación con La Nación/Nación Media, Ibarra detalló que la consultora se especializa en la gestión ambiental de tratamiento de aguas, residuos y energía, realizan diseño de tratamientos de efluentes, estudios de impacto medioambiental, programas de tratamiento de aguas residuales, actualización para cumplir con estándares y regulaciones, entre otras actividades.
Otra de las áreas de competencia es lo vinculado a higiene y seguridad laboral, y entre sus roles se destacan las auditorías, prevención de riesgos laborales, protocolos de bioseguridad, seguridad industrial, habilitaciones de negocios y construcciones, planes de emergencia y evacuación, certificación y más servicios.
También realizan desarrollo de software que involucra a toda el área de digitalización de municipios y gobiernos, procuración y cobranza, ciudadanía digital, la cual fue implementada en Córdoba y está vinculada con todos los organismos oficiales, lo cual permite a la población conectarse y realizar gestiones de forma más amigable.
“A cada uno de los especialistas nos encanta la función que cumplimos, entonces para nosotros es un desafío profesional y personal mejorar el ambiente, la calidad de vida de la población y beneficiar a la ciudadanía en general haciendo todo muy amigable, generando conciencia y educación, expresó.
ESTABILIDAD PARAGUAYA
Esta consultora vio potencial en nuestro país para desarrollar este negocio, puesto que ofrecen un servicio completo y variado, además están abiertos a trabajar tanto con el sector público como con el privado, ya que Paraguay aún cuenta con áreas que deben crecer y, en este sentido, consideran que Certus Group es la oportunidad para llevar adelante una serie de proyectos.
“Desde Argentina vemos a Paraguay muy estable en la parte de macroeconomía, me parece que es un modelo a seguir, nosotros tenemos muchos altibajos, entonces creo que este es un país con muchas cosas por hacer, muchas cosas por desarrollar. Me gustaría tener la oportunidad de brindar todos los servicios y que esto genere un beneficio”, refirió.
En esta primera visita a nuestro país, la consultora mantuvo reuniones con representantes del sector privado y público, a los cuales les han expuesto las innovaciones y capacidades que son necesarias en Paraguay y que ellos pueden desarrollar. Ibarra remarcó la importancia del cumplimiento con los estándares medioambientales y por la apuesta de la economía circular, dado que esto beneficia al país en general.
“Nos han transmitido las necesidades, en algunos casos el problema era la falta de presupuesto y, en esa situación, nosotros podemos generar proyectos y hacer que califiquen para que organismos internacionales generen réditos y algunos créditos verdes de la Unión Europea, que están disponibles para ciertos proyectos que tienen un impacto ambiental y en la calidad de vida de la población”, explicó.
La apuesta de esta consultora en nuestro país también generaría fuentes de empleo mencionó el licenciado, quien indicó que, además, Certus Group lleva adelante capacitaciones a los grupos que desarrollarán un determinado trabajo, por lo que el impacto en cuanto a beneficios para el capital humano será muy importante. “La capacitación será parte de las soluciones integrales que damos”, dijo.
¿Un gran negocio o un riesgo para el sistema eléctrico?
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La criptominería ilegal provoca pérdidas por 40 millones de dólares anuales, en tanto que la legal deja en las arcas nacionales unos 150 millones de la moneda americana. Ante ese cuadro, legisladores estudian un proyecto para suspender por 180 días la actividad de las granjas de criptomonedas instaladas en el país y la prohibición de instalar nuevos equipamientos de este tipo.
El próximo martes 23 de abril a partir de la 9:00 en la sala de sesiones del Congreso se realizará la audiencia pública para analizar los alcances del proyecto de ley “Que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”. Los proyectistas fundaron la iniciativa en las millonarias pérdidas en dólares que ocasionan las operadoras ilegales y en que las conexiones clandestinas de las granjas de criptomonedas son una de las causas principales de los cortes de energía eléctrica en distintas localidades del país, principalmente en Alto Paraná, que es el centro geográfico de este tipo de operaciones.
El senador Colym Soroka (ANR) apuntó en la sesión del 10 de abril pasado: “Creo que la criptominería es un gran negocio. Apuntamos a que este buen negocio sea para todos los paraguayos y no para un sector. Tenemos el caso de una empresa que hizo un amparo ante la Corte Suprema y que hace 20 años está trabajando con ese amparo, no tiene una readecuación de su tarifa hace 20 años, mientras que los pobres ven aumentar las suyas año a año”.
SANCIONES Y NEGOCIOS
El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) contó a La Nación/Nación Media que se avanza en los proyectos normativos para sancionar la criptominería ilegal y que el punto central estará en la posibilidad de que “toda la infraestructura que se intervenga sea decomisada a favor de la Ande (Administración Nacional de Electricidad)”. El legislador considera que la criptominería “es una oportunidad para el Estado paraguayo. El tema es simple. Brasil nos paga 10 dólares por cada megawatt hora (MW/h) de excedente de energía, en cambio las cripto pagan 40 dólares más el IVA y llegan a pagar hasta 50 dólares. Entonces hablamos de cuatro a cinco veces más”.
DATOS DE UN FENÓMENO
El Gobierno tiene habilitado un registro para todas las empresas de criptominería bitcoin, las cuales también deben recibir autorización por parte del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Son unas 50 empresas, de las cuales cinco son grandes que dejan en las arcas de la Ande unos 150 millones de dólares más IVA por año. Estas empresas tienen establecido en el contrato que deben desconectarse automáticamente en horarios de consumo pico y también deben pagar al inicio de sus operaciones tres meses por adelantado como una especie de póliza de seguro.
Vale decir que esta disponibilidad de energía a bajo costo atrajo a gigantes del espacio cripto como Marathon Digital y Sazmining, por citar ejemplos.
El sitio especializado Sherlock Communications destacó el excedente de 5.500 MW de Itaipú, los costos energéticos constantes y la previsibilidad de Paraguay al describir el fenómeno de la instalación de granjas en el país.
En el reporte comentó que “Bitfarms, por ejemplo, comenzó su incursión en enero de 2023 con una instalación de 10 MW, mientras que Commons Foundation consolidó su presencia al asegurar 100 MW. Sazmining, a pesar de su lanzamiento de una operación de 5 MW, ahora enfrenta desafíos debido a cortes de energía”.
Se agregó a su vez que Bitfarms adquirió terrenos 100 MW en Iguazú, mientras que Penguin Infrastructure está en camino de aumentar sus instalaciones de minería de bitcoin después de firmar un acuerdo con Marathon Digital. Pero más allá de las grandes empresas, el informe afirmó que existe una comunidad cripto emergiendo en Paraguay. Como ejemplo de esta consolidación vale mencionar la realización de la tercera edición del Crypto Summit (Encuentro Cripto) del Sur el 20 de febrero pasado en las instalaciones del Hotel Casino Acaray de Ciudad del Este.
BAJO PRECIO
Unos 50 dólares por MW/h es el precio de referencia para estas empresas, aunque según otras voces deberían abonar entre 75 y 85 dólares por MW/h como mínimo. Así lo expresaron la campaña Itaipú Causa Nacional, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae) y la campaña Itaipú es También Soberanía en una nota que presentaron ante la Contraloría a la que adjuntaron un estudio de 16 páginas sobre el impacto de la criptominería en las finanzas y la infraestructura de la empresa energética nacional.
“Estas empresas están vaciando la Ande y provocando una sobrecarga en el sistema eléctrico que perjudica con cortes de luz y distorsiones en la tensión, factor de potencia y calidad del servicio eléctrico. Las pérdidas para la Ande hoy ya están en torno a 200 millones de dólares/año, causadas solamente con las criptomineras ‘legales’, por lo que las cifras totales son mucho mayores y podrían alcanzar hasta 1.800 millones de dólares/año”, expusieron en la presentación.
Entre tanto, desde finales de 2022 la Ande viene luchando contra las operaciones ilegales estimando en unos 500.000 dólares mensuales las pérdidas que le provoca este hecho.
En lo que va de 2024 se intervinieron 14 granjas ilegales de criptominería que usaban el equivalente a 40 MW. Para dar una idea, Pilar o Villarrica usan 33 MW al mes.
Técnicos de la Ande explicaron que se hace difícil rastrear a las ilegales porque se instalan en zonas con varios alimentadores de distribución, donde hay radicadas industrias o agroindustrias de gran consumo para pasar desapercibidas.
CUIDADO CON LAS ELECTROINTENSIVAS
Para Mercedes Canese, ingeniera especialista en electricidad, “Paraguay tiene algo que muy pocos países tienen, que es un excedente hidroeléctrico muy importante. Figura todavía como el tercer exportador mundial de electricidad y es el primero si hablamos de energía renovable”.
“Además, no solamente eso, tiene tierra fértil, tiene agua dulce, tiene una población joven y trabajadora. Entonces, deberíamos elegir qué tipo de inversiones se quieren no solamente por las necesidades actuales o el potencial actual, sino también pensando en el futuro”, agregó.
“Estas electrointensivas tienen una mínima generación de empleo constituyendo un tipo de inversión de tipo extractivista”, señaló citando otros ejemplos como la propuesta de instalación de una planta de aluminio, pero también “los servicios digitales como la criptominería, token, data centers y otras. El hidrógeno verde también entra en ese campo”.
Canese apuntó que la instalación de este tipo de empresas “no se diferencia de exportar la energía a Brasil y a Argentina como estamos haciendo hoy. Es inclusive peor que eso porque ni siquiera cubren los costos. Brasil y Argentina nos pagan un precio miserable por nuestra energía, pero cubre el costo y nos dejan un pequeño beneficio que es la compensación por cesión de energía que es la que financia muchos programas sociales”.
A más de ello, advirtió que si se da luz verde a las electrointensivas dentro de muy poco tiempo nuestro país consumirá toda su energía excedente. En este sentido, estudios técnicos dan cuenta de que Paraguay alcanzaría a consumir toda su energía, siguiendo el ritmo que tiene hoy, recién en 2042.
En cambio, con la incorporación rápida de criptomineras ese lapso se reduciría dramáticamente y para 2030 ya no se tendrían excedentes energéticos.
“UNA GRAN HERRAMIENTA”
Para Patrick Wenger, especialista paraguayo en criptomonedas, no sería buena la prohibición de la minería de criptomonedas. “Si se hace de manera legal y correcta, puede ser muy beneficiosa para la Ande y el país, siendo una herramienta para promover las inversiones extranjeras en el área de la tecnología”.
Este ingeniero empresarial con especializaciones en Suiza y Alemania consideró que “la energía ociosa, que abunda en Paraguay, es cedida al Brasil por un precio insignificante. Esta podría ser utilizada por los mineros que consumen el 100 % de la energía solicitada las 24 horas del día pagando una tarifa mayor de la que nos paga Brasil. Básicamente los mineros podrían ser uno de los mejores clientes de la Ande, siempre y cuando se mantengan las tarifas mineras actuales y no haya incrementos excesivos que los ahuyenten”.
El coautor del libro “Finanzas descentralizadas. De conceptos centrales a protocolos de finanzas descentralizadas para transacciones financieras” recordó que “la blockchain de bitcoin tiene un sistema deflacionario que disminuye la capacidad de creación de nuevos bitcoins cada cuatro años. Se estima que el último bitcoin será creado en el año 2140, lo que demuestra que aún le queda mucho por recorrer a la industria minera”.
Contra el argumento de que son inversiones que no generan trabajo, expuso que “la ingeniería necesaria para modelar una granja de minería es sumamente compleja. Esto requiere mano de obra altamente capacitada, lo cual genera puestos de trabajo directamente para la gente que opera las granjas e indirectamente para la gente que construye y diseña las granjas”, concluyó.
ACTUALIZAR MARCO LEGAL
Para Carmen Arias Rodríguez, abogada y magíster en Energía, “hace falta una revisión del marco legal que rige el sector eléctrico paraguayo y la política energética. Nuestro marco legal no crece a la par de los nuevos escenarios energéticos que tenemos a nivel nacional, regional y mundial”, apuntó.
Así, recordó que la ley que rige el sector eléctrico paraguayo es la Carta Orgánica de la Ande de 1964, que “tuvo una sola modificación en el 82 y nunca más se la tocó. También hay leyes que de repente se contraponen otra vez con esa misma Carta Orgánica. Entonces es bastante complicado trabajar dentro del sector eléctrico con una ley que rige de manera heterogénea absolutamente todo”.
Sobre la sanción a las granjas de criptominería ilegales, indicó que existe el hecho punible de sustracción de energía eléctrica, que implica la intervención del Ministerio Público y un proceso penal.
Para la especialista se necesita una mesa interinstitucional integrada por el MIC, el Viceministerio de Minas de Energía, la Ande y las binacionales para abordar la situación de manera inmediata porque es algo que está candente y requiere rápida solución.
ENDURECER SANCIONES
Para Adolfo Villalba, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Ande (Sitrande), “tienen que haber sanciones más duras para la criptominería ilegal, pero no estamos muy de acuerdo con que se prohíba, porque esto va a recrudecer el problema y puede terminar haciendo que haya más conexiones clandestinas”, advirtió.
Comentó que a su parecer lo importante es “que no se les deje la cancha muy libre. Ahora pasa que van los compañeros, hacen la intervención, pero no se les quita los equipos, nada no se incauta”, indicó. “Son muchísimas las granjas y corre mucho dinero, aceitan hasta a los fiscales”, denunció. “No existe una consecuencia al hecho de robar energía, consiguen que no se te lleve nada y se dejen los aparatos y se mudan nomás a otro lugar a seguir haciendo lo suyo”, agregó.
Según relató, las granjas no solamente se instalan en las ciudades, sino que brotan incluso en zonas alejadas causando perjuicios a la vecindad por la cantidad de carga que tienen.
“Usan equipos de refrigeración en gran cantidad y las 24 horas y es enorme. En casi todas las intervenciones que se hacen se encuentran transformadores de 3.000 a 4.000 kW. Imaginen que uno de 200 kW alimenta a todo un barrio, así que uno de 4.000 es casi para un pueblito, entonces se resienten las líneas, perjudica mucho”, explicó. Villalba recordó el impacto que provoca el consumo intensivo de las criptomineras en alimentadores y cables al punto de que incluso esto obligó a la Ande a anticipar sus cronogramas de reemplazo de estos elementos.
“La prohibición provocará algo parecido al narcotráfico, no se va a atajar, solo se va a criminalizar y me parece que le cerrás la puerta a la Ande a que trabaje en un parque en el que se pueda usar el excedente de energía”, expuso.
Grupo Zuccolillo, metido en negocio de criptomonedas sin pagar tarifa fijada por Ande
En medio de la fiebre por la criptomoneda y los allanamientos que se realizan a las granjas mineras que operan de manera ilegal en el país, una investigación periodística del programa “La caja negra” reveló que el Grupo Zuccolillo estuvo metido en el negocio a través de su empresa Esur SA (Energías del Sur), usando como pantalla a un shopping para no abonar la garantía ni la tarifa especial establecida por la Ande.
La pérdida ocasionada ronda los USD 300.000. De acuerdo a su página web, la empresa Esur SA forma parte del Grupo Azeta de la familia Zuccolillo. Esta firma inició sus operaciones en el 2011 con el objetivo de desarrollar negocios en el sector energético, a través de la administración y distribución de energía eléctrica en algunos centros comerciales, entre ellos el Shopping Mariscal y Abasto Norte, pertenecientes al mismo grupo empresarial.
Arancel Cero: “Hoy tienen la certeza de que el 100 % podrá ser cumplido”, afirman
“No solamente queremos que confíen en nosotros, queremos que nos controlen”, puntualizó el viceministro de Economía, Óscar Lovera, tras la decisión del Gobierno de crear una cuenta exclusiva e independiente para el Arancel Cero en el Banco Central del Paraguay (BCP) con un saldo actual de USD 14,7 millones asignados al ejercicio fiscal para el 2024 con recursos del tesoro conocidos como Fuente 10.
“Todos estos recursos son trazables desde el presupuesto de la nación, tienen un identificador propio donde podrán decir que si cumplimos o no con el compromiso de transferir el 100 % de lo solicitado”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Amaneceres muy frescos a partir de hoy hasta el sábado
Temperaturas de hasta 14 ºC pronostican en los amaneceres de esta semana, con un marcado descenso desde hoy. A partir de ahora ya no se observan probabilidades de lluvias. Hoy, el cielo estará escasamente nublado, soplarán vientos del sureste y la máxima será de apenas 25 ºC, según la Dirección de Meteorología.
Para mañana jueves, anuncian un día fresco a cálido, cielo escasamente cubierto y vientos del sector sureste. Las extremas irán de 14 ºC a 26 ºC.El viernes continuará la tendencia fresca a cálida, soplarán vientos variables, luego del noreste y el cielo estará escasamente nublado. La mínima será de 15 ºC y la máxima de 28 ºC.
Libertad mide a Nacional con las miras puestas en el tricampeonato
Nacional recibe a Libertad este miércoles desde las 19:00 en el estadio Arsenio Erico, por la regularización de la octava fecha del torneo Apertura 2024 de la Copa de Primera. El Gumarelo (28 puntos) llega invicto, inflado de confianza y con ganas de sumar una nueva victoria que le ayude a ampliar su ventaja (8) sobre su inmediato perseguidor, Cerro Porteño (23).
Por su lado, el Nacional de Víctor Bernay, que al fin ganó en la jornada anterior, intentará dar el batacazo con la intención de lavarse la cara y encontrar la regularidad que le permita alejarse del fondo de la clasificación.
Hernán Rivas y Erico Galeano requieren de vuelta su desafuero al Senado
Los senadores Hernán Rivas y Erico Galeano, mediante un comunicado remitido a la presidencia de la Cámara Alta, requieren de vuelta su desafuero para dar continuidad a las causas judiciales que enfrentan. La decisión de ambos parlamentarios surgió tras realizarse este miércoles una reunión entre los miembros de la bancada del movimiento Honor Colorado y el abogado constitucionalista Marcelo Duarte.
En estos momentos, en una sesión extraordinaria, el Senado analiza el pedido hecho por los legisladores oficialistas. Rivas se encuentra imputado por producción y uso de documentos públicos de contenido falso por el caso de título falso presentado para acceder a cargos públicos. Mientras que Galeano enfrenta una causa por lavado de dinero y asociación criminal.