Por Eduardo “Pipó” Dios

Columnista

El trillado término del título, utilizado hace tiempo en todos lados, a veces en serio y a veces para vender humo, hoy viene al dedillo para describir el plan que debería tener sobre su mesa el presidente de la República. Una economía de guerra tiene que partir del concepto de austeridad total, no de recortar donde le sea más cómodo o más conveniente a los políticos.

Al final, son muy pocos los que realmente ven más allá de sus narices, o sea de sus propios intereses mezquinos y sectarios, o hasta personales. Entonces el Presidente debería hacer como hace cualquier hijo de vecino, como usted o yo, cuando las cosas están mal, espero que a nadie le vaya tan mal como le está yendo al país en su casa, pero está jodido.

No podemos seguir financiando los cuoteos políticos en las instituciones dependientes de alguna manera y otra del Estado. Plantear que hay entes descentralizados o instituciones binacionales que viven, al parecer, fuera de la Constitución, ya que no respetan el principio básico de igualdad de todos ante la ley. Ese principio, inopinable, nos deja claro en que los trabajadores contratados por el Estado de alguna forma u otra no pueden estar por arriba de un empleado de una empresa privada y tampoco de algún otro empleado del Estado, que haga trabajos similares o con las mismas habilidades.

Entonces, por eso mismo, se deben articular los mecanismos, que existen, y proceder a terminar con los privilegios. El salario mínimo debe ser el mismo en todos lados. Un médico del sector público que trabaja las horas reglamentarias no puede ganar lo mismo o menos que un ascensorista de una institución estatal, o un portero de una binacional no puede ganar más que el gerente de un banco privado. No se pueden pagar dos o tres o cuatro aguinaldos bajo la etiqueta que se le pueda poner para tratar de disimularlo.

Por otro lado, el Estado debe limitarse a las funciones lógicas, y ahora más que nada básicas. La salud, la seguridad y la educación son las funciones indelegables del Estado. Un ferrocarril fantasma, la fabricación de caña o la superpoblación de secretarías, comisiones, supuestamente ad honórem, pero que utilizan recursos del Estado para realizar sus inentendibles funciones no deberían siquiera aparecer en el presupuesto, ni debería gastarse un guaraní más en esos rubros.

Asimismo, cualquier economista sabe que la famosa “gran obra pública” no es la solución más eficiente para la situación actual. El famoso puente a Chaco’i, las rutas pendientes y megaobras similares no van a generar ingresos a tantas personas como las obras de construcción de viviendas sociales, las cuales están programadas solo por 40 millones de dólares en el plan de reactivación, número que debería ser 20 veces mayor por la necesidad de vivienda y por la necesidad de generar empleos. Ni hablemos de consultorías, compras de equipamientos innecesarios, inversiones en temas no prioritarios.

Achicar el Estado es algo que aparte del componente económico tiene un componente moral, es inmoral cómo se malgasta la plata del Estado y la gente común está harta, inclusive los funcionarios públicos que no están en la nomenclatura de privilegio.

Hablar de subir impuestos, con un Estado pornográficamente despilfarrador, es una burla. Ni a los más ricos, ni a los sojeros, ni a nadie. Es como que yo pida austeridad a mi familia en mi casa, les tenga comiendo galleta con cocido negro y yo me pase tomando champagne francés y ostras.

En resumen, es momento de que el Presidente, ya blindado por su propio partido ante la posibilidad de un juicio político, que solo causaría más daño al país con la situación actual, deje de lado todas las presiones de su entorno, ya las facturas políticas están más que pagadas, y plantee un plan sincero, real, honesto y justo al pueblo, y no hará falta hacer ningún lobby legislativo, nadie se podrá oponer sin caer en el repudio generalizado.