El Gabinete Social de la Presidencia de la República articula acciones en San Pedro para reducir los índices de pobreza en la población. Para ese efecto se instalaron mesas de protección social (MPS) a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en los distritos de Puerto Antequera y San Vicente Pancholo, en el segundo departamento.

Esta actividad estuvo liderada por el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, quien estuvo acompañado por el diputado Leonardo Saiz y el gobernador local, Freddy D’Ecclesiis.

Durante el acto, el diputado Saiz agradeció el compromiso de las autoridades regionales y subrayó que el éxito del esquema dependerá del liderazgo de los municipios.

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Destacó, además, la importancia de esta gestión para revertir las cifras que sitúan a la zona con uno de los mayores índices de pobreza en el país.

Así también, el congresista colorado informó que las localidades del departamento asistidas bajo este programa son: Capiibary, Yrybucuá, Santa Rosa del Aguaray, San Vicente Pancholo y Antequera.

El Sistema de Protección Social tiene como objetivo articular servicios de salud, educación y asistencia, para garantizar una mejor calidad de vida.

Se busca proteger a las familias en situación de crisis, en los distritos seleccionados según los informes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estas incorporaciones ya suman cinco los municipios de la región beneficiados por esta estrategia del Poder Ejecutivo para asistir a poblaciones vulnerables.

A nivel nacional, el programa ya alcanza a 36 distritos en 10 departamentos, según los registros oficiales.

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Durante la última reunión del Gabinete Social, en la que se establecieron los lineamientos de acción que se focalizarán este año en beneficio de la clase media y trabajadora, que permitirá una mejor calidad de vida, atendiendo el crecimiento sostenido de la macroeconomía. Uno de los ejes tiene que ver con la titulación masiva de tierras.

Al respecto, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, señaló que la titulación masiva de tierras rurales será nuevamente en 2026 una de las prioridades del Gobierno. Sobre todo, teniendo en cuenta el impacto positivo de esta política en los sectores rurales más vulnerables.

Comentó que se prevé leyes que faciliten el acceso al título de propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria. Anunció que está prevista la presentación ante el Congreso de un proyecto de ley que elimine el requisito de un pago previo del 3% del valor del inmueble para la titulación de tierras.

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“Con esta medida, las familias rurales más vulnerables podrán acceder al documento que les dará seguridad jurídica y posibilidad de acceso a créditos, sin necesidad de ningún pago, lo que permitirá mejorar sus capacidades de producción agropecuaria y consecuentemente mejorar sus condiciones de vida”, expresó.

Así también, el presidente del Indert adelantó que este año la institución afianzará su plan de descentralización para la ágil titulación de tierras mediante los equipos técnicos encargados de aplicar el método Barrido Predial Masivo (BPM).

“Este trabajo se desarrollará en coordinación con los propios colonos, transparentando todos los procesos, en base a la experiencia ganada en los últimos años”, acotó.

Igualmente, mencionó que también está pendiente la presentación al Congreso de otro proyecto de Ley que buscará aumentar el plazo de pago de lotes de 15 a 30 años para las mujeres rurales; y de 10 a 20 años para los varones.

Indicó que en esa segunda propuesta normativa se prevé la reducción de la tasa de interés en un 2 por ciento en el pago de los lotes para los hombres, que anteriormente era 4 por ciento.

Es importante señalar que durante la primera reunión de este año del Gabinete Social, que se desarrolló este lunes, se anunciaron varios ejes de acción para que las familias trabajadoras y de clase media sientan los beneficios del crecimiento macroeconómico por encima del 4% que experimenta el país por cuarto año consecutivo.

El Gabinete Social está integrado por 30 instituciones del Estado, del cual el Indert forma parte, igualmente. En esta mesa de trabajo interinstitucional se han socializado las metas y los objetivos que formarán parte de un plan interinstitucional de acción del Gobierno para este 2026.

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, confirmó que el próximo lunes 19 de enero se llevará a cabo una reunión importante del Gabinete Social, para analizar las mejores estrategias que puedan beneficiar y mejorar la calidad de vida de la franja de la población que se encuentra en la clase media. Recordó que el presidente Santiago Peña, cuando inició este año, aseguró que este 2026 estará abocado a buscar acciones que ayuden mejorar la calidad de vida de la clase media.

En conversación con La Nación/Nación Media, el ministro Rojas señaló que el desafío ahora es mucho más grande porque es un área que abarca mucho más en lo que respecta a la población. Sobre todo, si se mira zonas metropolitanas como Asunción, Central, Pdte. Hayes, que serán zonas que demandarán mayor atención que otras áreas del interior, lógicamente sin discriminar y dejando de lado a nadie.

“Vamos a tener una reunión del Gabinete Social este lunes próximo en la que instituciones como el Banco Nacional de Fomento, el Crédito Agrícola, Mipymes, Ministerio de Trabajo, incluso el Indert, Sedeco, Conacom, entre otras instituciones están comprometidas en llevar adelante acciones bien definidas que se puedan implementar este año, de manera que puedan tener un impacto económico y social positivo en acciones concretas”, precisó.

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Explicó que durante la reunión del Gabinete Social se trabajará sobre la base de varios ejes que ya fueron establecidos inicialmente para buscar esas estrategias que signifiquen establecer políticas públicas que estén orientadas a mejorar el acceso a empleo, que reduzcan los gastos de bolsillo, que mejore el sistema de transporte público, el cual ya ha comenzado el Viceministerio de Trabajo a implementar con la Reforma del Transporte Público. Sin descuidar el ámbito de la salud, la existencia de medicamentos, fortalecer el área de la educación, entre otros.

Sobre este último punto, recordó que en Capital, Central y Presidente Hayes, el programa Hambre Cero, está llegando al 100 % de la educación inicial, escolar básica e incluso la media.

“Vamos a llegar a 310.000 alumnos como mínimo, eso indudablemente también tiene su impacto social y económico en las familias, acciones que puedan impulsar el financiamiento productivo, esto representa un poco lo que hace relación a que el departamento Central tiene zonas muy importantes que producen horticultura y entrar un poco con más fuerza ahí a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y lógicamente las mipymes donde el Ministerio de Industria y Comercio tiene un programa de crédito para microemprendimientos que se va a intensificar mucho más”, acotó.

El ministro Rojas remarcó que desde el Gabinete Social están llevando adelante un trabajo interinstitucional este año en el que cada institución va a implementar acciones concretas que puedan tener la posibilidad de generar una dinámica que mejore la economía de la gente.

Al respecto, destacó la mesa de trabajo que se llevará a cabo el lunes en la que participarán la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), que serán los invitados principales de la reunión del Gabinete Social, donde se abordarán propuestas específicas que llevarán las instituciones.

“Esperamos tener un debate intenso entre todos los que componemos el Gabinete Social de manera que salga un plan estratégico, que es lo que el presidente Peña está pretendiendo para que podamos buscar la manera de mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, acotó.

El ministro Rojas indicó que si bien se tiene previsto como un único punto del orden del día del Gabinete Social la presentación de acciones que sean tendientes a mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables y de la clase media durante el ejercicio 2026, aseguró que seguirán trabajando en la implementación del sistema de protección social con el mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Indicó que para este año estarán completando 40 distritos de otros departamentos incluyendo Concepción, Guairá, inclusive y aumentando distritos en otros departamentos. Explicó que esa es la manera más eficiente de poder luchar contra la franja de la pobreza debido a que se focalizan las acciones del gobierno sobre esa área.

“Es bastante ambicioso, pero realmente hay mucho que se puede hacer en un plan de trabajo interinstitucional. Hemos trabajado en un equipo técnico de alto nivel del Gabinete Civil de la Presidencia, de la Unidad Técnica de Gestión del gabinete social y también del Viceministerio de Políticas Sociales dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y se elaboraron algunos ejes muy específicos para que sirvan como una base de discusión”, comentó.

Finalmente, el ministro Rojas ratificó que el Gobierno nacional seguirá complementando los programas sociales, que son de suma importancia, justamente para evitar que se debilite la calidad de vida de los paraguayos, sobre todo de los que están en situación vulnerable.

Indicó que seguirán trabajando en los programas sociales desde Tekoporá, que es una transferencia monetaria con corresponsabilidad en educación y salud para familias de la franja y la pobreza. Continuarán implementando el programa de pensión de adultos mayores, que gradualmente irán incluyendo a nuevos beneficiarios.

“Esto permitirá combatir la pobreza en la vejez que cuando un adulto mayor no tiene ingreso monetario tiende a caer en la pobreza y esa transferencia, esa pensión es sumamente importante para estas personas. Estamos poniendo todo el empeño posible para que el trabajo sea siempre interinstitucional en equipo y sobre planes específicos”, concluyó.

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En los próximos días, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), deberá analizar y definir las acciones a tomar a raíz de dos informes conclusivos de auditoría interna y externa que confirmaron notorios hallazgos por la mala utilización de los fondos de fideicomiso gestionado por el Banco Atlas, financiado con recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones.

Esto se da como consecuencia del informe final de la auditoría interna que la previsional llevó a cabo, sobre los fondos de fideicomiso gestionados por Banco Atlas, lo que confirmó las graves irregularidades que podrían implicar hechos punibles, por la mala administración y una mala planificación en la ejecución de los recursos. Entre las acciones no se descarta la remoción de la entidad bancaria como responsable del fiduciario.

Al respecto, el director de la Asesoría Jurídica del IPS, Dr. José González, explicó a La Nación/Nación Media, que está previsto el análisis y la aprobación por parte del Consejo de Administración, que es la máxima autoridad de la previsional. Pero además, se remitió a la Dirección Jurídica para su correspondiente análisis, si corresponden los sumarios pertinentes a los funcionarios que estuvieron entonces a cargo.

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No obstante, señaló que ya con el primer informe de auditoría externa presentaron denuncias ante la Contraloría General de la República, para que se expida sobre los hallazgos y ante el Ministerio Público, que cuenta con una carpeta fiscal abierta.

“También le hemos hecho reclamo al fiduciario de por qué crearon la cuenta que genera interés y también hemos denunciado eso ante el Ministerio Público. Pero ahora está pendiente de la aprobación del Consejo y pendiente de nuestra emisión del dictamen”, indicó.

González aclaró que no podría adelantar cuál será la decisión final que adopte el Consejo, no obstante, mencionó que entre las opciones está la remoción del fiduciario o la nulidad. Insistió en que ya se denunció ante la Fiscalía y la Contraloría General.

A su criterio, son varias las acciones que se podrían desarrollar, pero en todas ellas se están recolectando todos los elementos necesarios.

“También habíamos solicitado en su momento la intervención del BCP (Banco Central del Paraguay). Nosotros ya hemos presentado todas las notas, hemos exigido al Banco Atlas la devolución de los intereses. Caso contrario, le hemos emplazado con advertencia de denuncia ante la Fiscalía, como ellos no cumplieron ya denunciamos también ante el Ministerio Público. Vamos a agotar todas las instancias administrativas y jurídicas si fuera necesario, para hacer lo que se tenga que hacer”, enfatizó el asesor jurídico.

A su turno, la directora de la Auditoría Interna del IPS, abogada Alicia Olazar, explicó que esta segunda auditoria interna se llevó a cabo a solicitud de la máxima autoridad, para ampliar el primer informe presentado por una consultoría externa contratada por la actual administración del IPS. Indicó que en ese primer informe ya se habían revelado irregularidades en la ejecución del fideicomiso.

El Consejo instruyó ampliar el informe de la consultoría en cuanto a la parte formal del contrato de fideicomiso en sí, para comprobar las observaciones de la auditoría externa. Este estudio les llevó varios meses, porque debieron escudriñar las documentaciones justamente para no cometer injusticias.

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Al concluir, lograron confirmar una gran mayoría de las observaciones de la auditoria externa, sobre todo observaron las falencias de carácter formal desde la planificación, la formalización y la ejecución del contrato en cuanto a documentos.

Indicó que el principal hallazgo es el incumplimiento contractual por ambas partes, tanto del Banco Atlas como de funcionarios de la administración en su momento del IPS, que tenían a su cargo el control de las documentaciones.

Recordó que originalmente, en el año 2017, cuando se iniciaron los estudios para la formalización de este fideicomiso, su objetivo era la construcción de cuatro hospitales fundamentales; estos son Ingavi, el hospital Hemato-Oncológico, el Hospital Día y el Policlínico. Se contrató a una consultoría para que haga el estudio previo.

Esta consultoría realizó los cálculos correspondientes, el monto era de 828 mil millones, que tenían que ser distribuidos para la construcción de esos cuatro hospitales.

“Por el camino, mientras la proforma se fue ajustando, eran remitidos los antecedentes al Banco Atlas, volvían al IPS, se fueron ajustando. En algún momento de ese proceso se incluyó un ítem más a esas cuatro obras que decía “Otros Establecimientos de Salud”, generando un descalce en los recursos previstos, que trajo como consecuencia que los cuatro hospitales no se terminen y se realizaron en su lugar obras de mantenimiento”, precisó.

Explicó que la Auditoría Interna solicitó información al Banco Atlas, a la Superintendencia de Bancos, a la Fiscalía; internamente también a la Gerencia de Administración y Finanzas, con el fin de determinar cuál fue el momento y la instancia y de quién se incluyó o quién solicitó la inclusión de ese punto 5, porque en realidad esa inclusión fue una mala decisión.

“Buscamos la manera de armar ese rompecabezas, analizando todos los informes, concluimos de que ese pedido no partió del IPS. No tenemos al menos documento que respalde, que fue el IPS el que haya solicitado la inclusión del ítem 5. Esa proforma del contrato cuando se fue al banco para su verificación y supervisión no tenía el punto 5, pero cuando regresó del banco al IPS para la aprobación por parte del Consejo ya estaba incluido ese punto y así se aprobó y así se firmó el contrato”, acotó.

Detectaron que a partir de la inclusión de ese punto 5 dentro del contrato, que no figuraba inicialmente, surgieron en cadena las demás falencias formales que generaron las diversas irregularidades.

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