Por Eduardo “Pipó” Dios
Columnista
La liberación de los videos completos del circuito cerrado del PLRA de la fatídica noche del 31 de marzo del 2017, en la que fuera asesinado de un escopetazo el joven liberal Rodrigo Quintana, ha abierto, muy a pesar de lo que deseaban sus “usuarios políticos”, encabezados por Efraín Alegre y su comparsa de cómplices y encubridores, muchas interrogantes.
Si bien estas se tenían desde antes, eran muy complicadas de plantear, ya que nos mostraban siempre, tanto la Justicia como los medios “amigos” de este grupo, una historia oficial, llena de baches, pero que no se podía siquiera osar discutir.
Pese a la complicidad del propio juez inicial de la causa, como la de los actuales fiscales, haciendo el campo de orégano a las teorías “político-jurídicas” del inefable y conocido abogado y brazo jurídico del grupo político Alegre-Masi, el nunca bien ponderado y, sobre todo, siempre excesiva y generosamente pagado con dinero público Guillermo Duarte Cacavelos.
Desde un primer momento, llamó la atención que la generosa oferta de Alegre y su directorio marioneta, al padre de Rodrigo Quintana, de apoyarlo jurídicamente en una querella adhesiva, no recayera en uno de los cientos de abogados con mucho más solvencia jurídica y sobre todo moral que el cuestionado abogado, que al final ni es afiliado del PLRA.
Tampoco deja de llamar la atención que se le abonaran varios cientos de millones de guaraníes por hacer este trabajo tan “honorable y de interés nacional y republicano” con dinero del subsidio electoral recibido por el PLRA del TSJE y pagado por todos los ciudadanos de este país con sus impuestos.
Lo que no sabíamos era que el inefable Duarte Cacavelos no tenía siquiera derecho de participar de ninguna querella adhesiva, ya que la única heredera legal de la víctima del homicidio, su hija, ya estaba ejerciendo ese derecho inalienable a través de sus propios abogados a pedido de su madre y tutora legal. Es decir, Duarte Cacavelos se presentaba como abogado de los padres, que ya no contaban con ese derecho denominado “legitimidad activa”, pues en el orden de prelación está primero la hija.
El juez Corbeta no solo permitió este atropello jurídico, sino que junto con los fiscales se dedicaron a boicotear, suspender, humillar, ningunear y mentir descaradamente para evitar la presencia de los abogados de la hija de Rodrigo. Siempre de la mano de Guillermo.
Por otro lado, tenemos que esa noche ingresaron al PLRA tres oficiales, dos de la FOPE y uno de la Motorizada. La FOPE, dependiente de la Comisaría 3ra. Metropolitana, es la que tiene los equipos antidisturbios. Por ende, los famosos cartuchos de goma para las escopetas antimotines. El tercer policía, de la Motorizada, y según algunas fuentes custodio de altas autoridades del PLRA, no tenía ninguna necesidad de estar ahí y mucho menos era necesaria o urgente su participación en el allanamiento de la sede del PLRA hasta donde habían perseguido a las patotas que habían intentado incendiar el diario Abc Color, previa quema del Congreso, patrulleras, rotura de vidrios de comercios y arrojado bombas molotov y piedras contra los policías que los intentaban detener. Por ende, el allanamiento se hace en la persecución de un delito flagrante.
En los videos se ve claramente a los patoteros mezclados con otros activistas, aparentemente del PLRA, cuando irrumpen estos tres policías, los dos de la FOPE, con los cascos azules correspondientes y el tercero, de la Motorizada, con un casco blanco.
En el desbande se ve un destello y luego cómo cae Rodrigo Quintana, herido de muerte. Los policías entran en el ángulo de la cámara, primero el de la FOPE, casco azul, y lo sigue de cerca el motorizado casco blanco. Este último, luego de ingresar a la recepción, cerroja su escopeta y el cartucho disparado cae al piso, quedando claramente en el costado derecho de la escena.
Esa escena, hasta hace 10 días, terminaba ahí. Con esa escena era más que suficiente para la Fiscalía y su patrón, Guillermo, para convencer con cierta complicidad a la prensa amiga. Estaba todo dicho. Mató el de casco azul y ya no había que hurgar más. Simplemente ahora busquemos un responsable intelectual, un autor moral, “quién dio la orden”, repetían y repetían cual coro de buitres estos nefastos personajes de la Justicia y la política criolla. Total, lo que importa es que metamos presos a todos los enemigos políticos del jefe Efraín y la jefa Desirée. Rodrigo ya está muerto. Le hacemos un homenaje’i de mes en cuando y el papá ya tiene su pensión que le regalamos generosamente desde el Parlamento, no joda.
Pero a los abogados, tanto de la querella adhesiva legítima, no la espuria de Guillermo y su pandilla fiscal, como a la defensa del único autor material, el policía de la FOPE, no les daban acceso al expediente ni a las horas de material audiovisual secuestrado del local del PLRA por la Fiscalía. No hacía falta, según el juez Corbeta, ya lo verán en el juicio oral, repetía, violando los derechos constitucionales del acusado, entre otras barrabasadas. Esto siempre secundado y probablemente ordenado por Guillermo.
Pero la Justicia, lenta y cara de este país así como cómplice de los bandidos muchas veces, tardó, pero al final no hubo otra que liberar el expediente a la defensa. Después de más de 2 años esos videos de seguridad, que tanto intentaron hacer desaparecer esa noche, el patotero, incendiario y saqueador Patrón, el propio Efraín Alegre (h) y otros cómplices más, y luego hiciera un show el entonces diputado liberal Bogado Tatter, mano derecha de Efraín Alegre hasta el día de hoy, quien se sentó encima del grabador para evitar que la Fiscalía hiciera su trabajo de requisar esas pruebas, según consta en actas.
Esos videos mostraron más, muchísimo más. Mostraron cómo el cartucho de escopeta del policía motorizado, probablemente el cartucho con balines de plomo que cayera en el piso en la escena que siempre nos mostraban como única, era llevado a un costado, pisado y luego robado de la escena por el custodio de civil de un parlamentario liberal.
Cómo luego de una hora del asesinato de Rodrigo, tres activistas del entorno cercano de Efraín primero plantaban un nuevo cartucho traído del exterior, de color diferente al original. Luego otras dos mujeres se encargaban de ponerlo con mucho cuidado en un lugar designado por ellos donde nunca había caído ningún cartucho, según se ve en los videos del momento del homicidio.
La pregunta que surge es: ¿para qué?, ¿por qué?, ¿por orden de quién?, ¿qué buscaban implantar?, ¿que teoría intentaban crear con pruebas falsas, alterando groseramente la escena del crimen?
En su declaración a la Fiscalía, el oficial de la Policía Motorizada, de apellido Báez, nos cuenta cómo fue retenido por horas, luego del crimen, por una patota liberal, que lo amenazaba y maltrataba, que lo tuvo secuestrado prácticamente hasta que fuera liberado casi a las 3:00 por la Fiscalía a su llegada al lugar de los hechos.
Sin embargo, a eso de la 1:10 se ve al oficial Báez, ya sin su casco blanco, circulando por el pasillo de la muerte, como un activista más de la casa, junto con, presumiblemente, gente del partido, uno de ellos chofer del propio Alegre.
Con una tranquilidad pasmosa, una cordialidad casi familiar y recorriendo sin problemas hasta cerca de la puerta, sin custodia alguna. ¿Qué seguía haciendo ahí Báez? Por qué mintió a la Fiscalía. ¿Por qué luego de esa escena vemos al inefable Patrón subiendo las escaleras con su redonda humanidad, ingresando a la oficina donde se guardaba una de las máquinas del circuito cerrado y llevando la CPU, escaleras arriba, a “guardarla” en otro lugar? ¿Por qué, luego él, junto con otros del entorno, entre ellos el mismo hijo de Efraín Alegre, reemplazan la CPU por otra CPU? ¿A quién estaban buscando engañar? ¿Qué más borraron? ¿Qué más cambiaron del lugar? ¿A qué acuerdo llegaron con el amigo de la casa, el policía Báez?
Acá la única cosa clara es que Rodrigo Quintana fue asesinado. ¿Por quién? Por lo pronto hay tres posibles culpables, los tres policías. Pero ante tantas maniobras oscuras por embarrar la cancha, por tanta contaminación política, por tanta evidencia desaparecida intencionalmente, por quienes, en puridad, y si fuera como se pasan diciendo deberían ser los principales interesados en saber qué pasó esa noche… ¿quién asesinó a Rodrigo? No queda otra que dudar de todos, de que inclusive haya habido otro tirador más, puesto que la distancia del escopetazo hace dudar de que haya pegado tan de lleno en el cuerpo de Rodrigo y no se haya dispersado hacia los costados, hiriendo inclusive a gente que estaba a su lado.
Otra cosa que no queda clara, al menos a los que no estamos metidos en este asunto asqueroso, moviendo pruebas, manipulando escenas del crimen, borrando videos, escondiendo evidencia, permitiendo atropellos jurídicos, cometiendo barrabasadas antijurídicas, e insultando y descalificando sin bases a los que osan cuestionar la causa, es que son justamente Efraín Alegre y sus equipos políticos y jurídicos los menos interesados en que se aclare quién mató a Rodrigo. ¿Por qué? Porque, quién sabe, quizás la famosa pregunta “¿quién dio la orden?” termine justamente inculpando a quienes la inventaron. A quienes fueron los mayores beneficiados con esa muerte, los que consiguieron su objetivo primario, el que solo se lograría con “un mártir”.
Queda en manos de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General del Estado tomar cartas en este turbio asunto. En esta bastardeada causa. Es su obligación constitucional y moral.