Por Mariano Nin.

Pasaron 120 días desde que se inició la cuarentena en nuestro país, el 11 de marzo. Entonces, sacudido por una situación que paralizó al mundo, nuestro país decretó el encierro.

Muchos pensamos que era una situación pasajera, que pronto todo iba a volver a la normalidad, pero nos equivocamos.

Para el mes de abril más de 1.700 empresas habían tramitado el cese temporal o definitivo dejando a miles de personas sin trabajo. Se estimaba que entre 50 mil y 60 mil trabajadores habían quedado desempleados.

Se esbozaron medidas transitorias para contener a la mayoría, pero los promocionados programas sociales no llegaron a todos y muchas denuncias de corrupción se hicieron públicas aprovechando el desconcierto de una situación inédita y tan grave como nunca hubo otra.

Según el Gobierno no había opción. Se debía preparar al deteriorado y olvidado sistema de salud, para una explosión de casos que, no lo dudo, será inevitable.

Nos conformamos.

La gente cumplió, se disparó el desempleo y una terrible crisis. La gente a los tumbos trató de reinventarse, se experimentaron cientos de formas de sobrevivir, pero los ansiados insumos que deberían haber llegado con la urgencia necesaria, se perdieron en un sinfín de denuncias y malos “negocios”.

Así el virus comenzó su inexorable expansión comunitaria.

No sé si nos cuentan todo, lo dudo y en casos no creo. En una charla con una persona de confianza me contaba que, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas escasean los insumos. Ya casi no hay detergente para lavarse las manos, se ahorran los tapabocas y los guantes son un artículo de lujo. Los pagos prometidos por el Gobierno para el personal de blanco en esta contingencia se perdieron (por decirlo de alguna manera) en un laberinto burocrático y los jefes de las distintas áreas minimizan las consecuencias de su propia ineptitud.

Así no es raro que los contagios se aceleren y que un subregistro sea una realidad que tratan de ocultarnos.

En uno de los últimos reportes del Ministerio de Salud se anunciaba de 29 nuevos infectados de un total de 1.486 muestras. Cinco sin nexo, o sea, que no se sabe cómo se contagiaron. De los poco más de 2 mil infectados en el país, 33 están internados, de los cuales 7 están en terapia intensiva. Solo SIETE.

El mismo día el Hospital de Clínicas hacía público que una de las características de nuestro sistema de salud en general, es que permanentemente las camas para terapia intensiva están ocupadas casi a un 100% y actualmente, el Hospital de Clínicas se encuentra con su capacidad llena. Sí, leíste bien. CAPACIDAD LLENA.

Y el Ineram, otro de los hospitales de referencia de nuestro paupérrimo sistema de salud, tiene una ocupación, por cuadros respiratorios, del 80%.

La situación, aunque no lo dimensionemos, es catastrófica.

Y todo se supo en momentos en que miembros de la Comisión Especial del Gobierno Nacional anunciaban que si bien habían descubierto precios sobrefacturados en la compra de elementos médicos, no hubo daño patrimonial al Estado.

Claro, se olvidaron de mencionarnos si el Ministerio de Salud pudo efectivizar la póliza de Seguro Patria para recuperar el anticipo pagado a Eurotec e Imedic para la compra de insumos que más tarde fue anulada. Es poco. Son solo 25 mil quinientos millones.

Sin analizar mucho quizás legalmente puedan hacernos creer que el Gobierno no perdió. Definitivamente los que perdimos fuimos nosotros.

Perdió la gente que quedó 120 DÍAS en sus casas mientras piensa qué pasará cuando todo se normalice y ya no tenga trabajo.

Perdieron los niños encerrados en un experimento educativo que deja más dudas que certezas.

Perdieron las empresas que vieron caer años de sacrificio y no obtienen créditos para recuperarse.

Perdieron los médicos que murieron y las enfermeras que se enfermaron sumiéndose en la incertidumbre.

Perdió la gente porque se les dio la espalda. Pero claro, esa es… otra historia.