La encuesta que realizaron integrantes de la UIP Joven entre 1.500 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas arroja como resultado que en las próximas semanas podrían darse 20.000 nuevos despidos. Además, 2 de cada 10 empresas podrían cerrar ante la falta de créditos. Este sector ya quemó sus reservas y ahorros. Dependen exclusivamente de los créditos que se les pueda otorgar para seguir sosteniendo los empleos. Solo el 30% de estas empresas pudo acceder a un crédito, el 70% sigue aguardando, incluso algunas de ellas se vieron obligadas a recurrir a usureros.
Productores de caña de azúcar cerraron rutas durante la semana en el departamento del Guairá. Son 50 mil familias de cañicultores que dependen exclusivamente del rubro. Javier González (ANR), intendente de Tebicuarymi, calificó como catastrófica la situación, por lo que anunciaron que esta semana llegarán hasta la capital con sus camiones a manifestarse ante la falta de respuesta por parte del Gobierno. El contrabando de azúcar les está liquidando. “Si no nos mata el covid, nos va a matar el hambre”, declaró el jefe comunal, quien también es cañicultor.
El viernes pasado en horas de la mañana, referentes del bañado Sur, Tacumbú y Norte, quienes vienen sosteniendo las ollas populares solidarias, reclamaron ante la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) el derecho a la alimentación de las familias bañadenses en este tiempo de pandemia y crisis social. Afirman la falta de incumplimiento del acuerdo por parte del ministro Joaquín Roa en la provisión de insumos varios cada 15 días (carne, leche, verduras).
Integrantes de la Asociación de Vendedores Ambulantes se agruparon ayer cerca de La Nueva Olla del club Cerro Porteño a manifestarse. Ellos quieren volver a trabajar, pero como no hay público lo que piden es una ayuda del Estado, aunque sea kit de alimentos para poder sobrellevar este tiempo de cuarentena. Hace 4 meses que no trabajan y la situación se hace insostenible.
El presidente de la Cámara de Proveedores de Productos y Equipos Médicos, de Laboratorios y Odontológicos (Cappem), Juan Carlos Arce, manifestó que en cuatro meses no ha cambiado nada en el criterio de compras de insumos en el Ministerio de Salud, pese al escándalo por las fallidas compras en favor del clan Ferreira. Según el proveedor local, siguen los problemas en los llamados y licitaciones para compras públicas. Lamentó que empresas paraguayas sean dejadas de lado y no tenidas en cuenta. La última compra que hizo Salud fue a través de la OPS, siendo que localmente existen proveedores en condiciones de suministrar lo requerido. Arce dijo que sigue el mismo inconveniente de hace 4 meses. Compraron batas quirúrgicas del extranjero cuando acá hay empresas paraguayas listas para proveer. “No aprendieron la lección”, sentenció el empresario.
Adriana Chaparro, gerente general de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay, contó que entre 10 a 12 empresas ya firmaron un acuerdo nacional para proveer batas quirúrgicas al Estado. Estas empresas darán participación a 120 firmas que están pendientes de este acuerdo, ya que cooperarán en la fabricación de estos insumos. Chaparro lamentó la excesiva burocracia en el proceso de licitación, ya que incluso una vez que se firme el acuerdo tendrá una demora de 25 a 30 días para que se puedan entregar los productos. Sin embargo, la fallida adjudicación en favor de los Ferreira por valor de US$ 14 millones se cocinó en tres días.
Vicente Ruiz, gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), relató que en tres semanas se agota parte de los equipos de bioseguridad que utiliza el personal de blanco. Contrataciones Públicas debe analizar 14 ítems de una licitación de manera acelerada o, de lo contrario, médicos y enfermeras ya no podrán realizar intervenciones quirúrgicas ante la falta de equipos. El fato detectado en las compras en Salud frenó todos los procesos y hoy están desesperados.
Estos hechos relatados son solo los expuestos la semana pasada por diferentes sectores. El gobierno de Mario Abdo Benítez nos presentó un informe presidencial en el que oímos el relato cansino y aburrido del funcionamiento de los distintos ministros que por su propia inercia deben seguir y concretar aunque sea el empedrado de una calle. Hoy se necesitan medidas de impacto y determinantes que surtan un efecto inmediato en las personas.
Estas series de movilizaciones y reclamos sociales son señales de que se vienen momentos de inestabilidad que para nada son convenientes para el país. El nuevo préstamo solicitado por el Gobierno (US$ 350 millones) no tendrá el acompañamiento del Legislativo, no por revanchismo político, sino por la falta de claridad y transparencia en el manejo de los US$ 1.600 millones otorgados para la pandemia. El pueblo sigue aguardando la reacción del “piloto de tormenta” con medidas que inspiren confianza y resultados, de lo contrario el avión se estrella. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.