Por Jorge Torres Romero

Columnista

En el programa “La Caja Negra” emitido la semana pasada, quedó al descubierto un perverso esquema judicial que, por medio de dilaciones y chicanas en juicios del fuero de la niñez y la adolescencia, terminan por causar un daño irreparable a los menores.

En efecto, los desgarradores testimonios de madres y padres afectados, recogidos por el equipo periodístico, permitieron descubrir la terrible situación por la cual deben atravesar los padres al caer en manos de inescrupulosos profesionales del derecho y auxiliares de justicia que operan desde hace años en el Poder Judicial, impartiendo “justicia” al mejor postor, en detrimento del interés superior del niño.

Según las denuncias formuladas, existen llamativas coincidencias en el modus operandi de los casos de la jueza y abogada Lucila María Luisa Bajac Cazal, quien se encuentra a cargo del Juzgado de la Niñez del Quinto Turno en la capital.

La magistrada tendría en su despacho varios procesos en los que la justicia nunca llegó o llegó demasiado tarde. De acuerdo a las denuncias presentadas, el esquema judicial operaría con la confabulación de abogados, psicólogos y funcionarios judiciales.

Llamativamente todos los casos analizados tienen en común la participación de la abogada Fátima Flor de Buccini y la psicóloga Sonia Salazar.

Este esquema arranca habitualmente con arrebato o secuestro del menor. A partir de ahí se desencadena una serie de acciones, que van dilatando el juicio en el fuero de la niñez, como las denuncias penales por maltrato y violencia doméstica, intento de abuso y las recusaciones, que se vuelven interminables.

A la par que el progenitor acusado presenta su defensa en el fuero penal, se inician las chicanas en el Juzgado de la Niñez. De acuerdo a los testimonios, la abogada propone la intervención de la psicóloga Sonia Salazar, quien se encarga de presentar informes psicológicos “a la medida” que prácticamente anulan la posibilidad de que se establezca un régimen de relacionamiento a favor de la contraparte.

Lo grave del caso es que la separación forzosa resulta traumática principalmente para los niños que son generalmente sometidos a una presión emocional y absorben todo lo que implica el alejamiento de los seres queridos. Así lo demuestran muchas de las historias presentadas en el programa, que relatan las atrocidades cometidas por jueces y abogados en servicio que, por dinero, causan un daño irreparable al menor. Los años pasan y la justicia nunca llega o lo hace demasiado tarde, dejando a su paso familias destrozadas para siempre.

Hay centenares de casos. Existe una organización integrada por 1.200 padres que están en esta situación, es decir, misma cantidad de niños que perdieron el relacionamiento con su papá o mamá, solo porque uno de ellos, en el momento del divorcio o la separación, decidió usar a su hijo como instrumento de canje, amenaza, extorsión o pase de factura. ¿Qué culpa tiene el niño de las peleas de los grandes? La ruptura en las relaciones matrimoniales no deberían afectar la condición de vida de los niños. Es aquí donde la justicia debe intervenir. Tenemos legislación vigente que protege esto, pero de lo que nadie nos protege es de la justicia corrupta.

Luego de tomar estado público las graves denuncias, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón, anunció que la máxima instancia judicial abrirá una investigación y no descartó la apertura de un sumario con base en los datos que vayan surgiendo de las averiguaciones que ya se iniciaron.

Es sabido que el interés superior del niño es un principio que debería prevalecer en estos casos y es lo que uno espera que suceda cuando se recurre a un Juzgado de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, nos encontramos con que la propia institución encargada de preservarlo es la que justamente se encarga de bastardear estos derechos fundamentales, impartiendo “justicia” al mejor postor. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.