Por Gustavo Leite
Ex ministro de Industria y Comercio
En la eventualidad que la propuesta de crear un Fondo Soberano Blindado (FSB) sea realidad –a partir de descontar los ingresos futuros de Itaipú y aplicarlos a un fideicomiso blindado de las apetencias políticas y aventuras económicas–, tendremos el encantador problema de qué hacer con dichos recursos. Podremos revertir además el pesimismo que nos envuelve a raíz de las altísimas nuevas deudas contraídas en los últimos 20 meses, con resultados muy desalentadores.
La premisa fundamental debería ser el crecimiento económico acelerado, superando los dos dígitos por un lapso de por lo menos 5 años. Vislumbramos un FSB con fondos asignados a: (1) estabilización económica, (2) crecimiento acelerado y desarrollo estratégico. Las medidas de reactivación son importantes, pero insuficientes para la magnitud de la necesidad pos-covid-19.
Estabilización: La recompra de la deuda externa debería ser prioridad. En los próximos 10 años el promedio de repago anual es de US$ 780 millones al año. Los ahorros generados deberían ir a Salud y Educación, pero con un nuevo enfoque.
Crecimiento y Desarrollo estratégico: Incluye el desarrollo de infraestructura interna, de transporte, viviendas, y energía; todos generadores de empleo; y aplicar políticas industriales de diversificación económica; y de apoyo a la agricultura familiar.
¿Qué áreas priorizar? Hemos analizado la matriz productiva de nuestro país, y su vínculo con la capacidad de generar empleo digno y de calidad. Y encontramos lo siguiente: Existen sectores que “más ponderan” en el crecimiento de la economía y por ende en el empleo. Podemos deducir que:
1. Parte de los fondos deben financiar la industria, la construcción y proyectos de inversión eléctrica; el llamado sector secundario. Impactaríamos en más del 33% del PIB con su consecuente impacto en el empleo. Estos sectores en conjunto hoy involucran a muchos compatriotas, y nos indican que el crecimiento de la inversión privada –y pública complementaria– con el financiamiento adecuado en plazos y montos, rápidamente puede resolver problemas de empleo en Paraguay e impactar en el crecimiento económico acelerado.
2. Planteamos destinar, del total del FSB, US$ 15 mil millones para infraestructura, y US$ 5 mil millones para habilitar líneas de crédito, vía banca pública y concursable para la banca privada, que permita a las IFIs financiar:
2.1. Inversiones de envergadura, privada y público/privada. La complementariedad de la obra pública debe ser más agresiva y oportuna. Pero el Fondo debe recuperar su capital más inflación en dólares en el caso de infraestructura pública, ya sea vía concesión posterior o peajes.
2.2. Viviendas, desde la terminación de una dependencia, hasta nuevas viviendas familiares. El crédito para construcción, refacción y/o ampliación es una modalidad que se ha incrementado, pero su impacto es aún reducido dentro del sistema. Necesitamos 10 veces más que eso en esta etapa, y a una tasa de inflación más 2 puntos, hasta a 30 años de plazo. El Estado debería no solo financiar y gestionar los programas de crédito, sino que también convertirse en la inmobiliaria más grande –(tenedora de hipotecas)– y el banco hipotecario más grande del país. Con una señal como esta, el sector privado se lanzará al mercado agresivamente generando cientos de proyectos y miles de puestos de trabajo.
2.3. Inversiones industriales con sostenibilidad ambiental usando energía limpia y renovable, que permita superar el crecimiento del quinquenio 2013/2018 de casi 6% promedio.
2.4. En el sector agropecuario, que representa alrededor del 12% del PIB e involucra a casi 700 mil personas, debemos distinguir la asignación de fondos. Siendo el 5to. exportador mundial de soja y el 8tvo. de carne es obvio que estos sectores tienen acceso propio a financiamiento y son competitivos.
Sin embargo, podríamos recibir más por nuestros productos. El Estado debe acompañar políticas de competitividad rentables de estos sectores, como por ejemplo financiar programas de calidad y trazabilidad del hato ganadero, que reditúen en precios y mercados premium para ese sector, tanto para el gran, como para el pequeño productor. La inversión en investigación y desarrollo debe recibir más fondos públicos hoy disponibles en Conacyt.
2.5. Las pequeñas fincas familiares deben ser llevadas de la mano por el Estado. Dejarlas a su suerte no ha funcionado. Deberíamos apostar a un abastecimiento interno competitivo de todo el consumo nacional de frutas y hortalizas, y sus derivados industriales. Ese dinero debe quedar en manos de nuestros compatriotas. El rol del Estado parando el contrabando, apoyando activamente en la intermediación con los mercados, y promoviendo regulaciones de promoción a la producción nacional es fundamental.
Agradecimientos especiales al Dr. José Luis Rodríguez Tornaco por su aporte para esta columna.