En el día 88 de la ochentena –“aislamiento social preventivo y obligatorio”– comienza una semana en la que, cuando aún no se acallaron los ecos de las tensiones de los siete días anteriores, un nuevo conflicto se añade a la negociación de la deuda pública, inconclusa; y, a la pandemia de SARS-COV-2: la idea social de que el Estado avanza sobre la propiedad privada con la intervención e intención declarada por el presidente Alberto Fernández de estatizar la empresa Vicentin. El clima económico y político para hacer pública la decisión gubernamental no fue el mejor. La consultora Management & Fit, que dirige Mariel Fornoni, en su informe semanal sobre la marcha del “optimismo político y económico”, reportó –casi simultáneamente con el anuncio sobre Vicentin– que la percepción social de lo político cayó nuevamente hasta ubicarse en 43,2 puntos en tanto que en lo económico, se clavó en 29,3.

“El subíndice de expectativas económicas se ubicó en 32,5 y el de confianza sobre la economía en 26,1 con una variación de +1,3 y -0.6, respectivamente”, agregó la analista. Detalló después que “por el lado de la situación política, el subíndice de expectativas se ubicó en 37,8 puntos y el de clima en 48,5; ambos con caídas de 1,1 y 1.3, respectivamente”. El gobierno conocía esos números. El viernes, ya con el debate instalado en la calle, Fornoni midió la valoración social del anuncio. Sobre una muestra de 1.200 casos, con un margen de error calculado en +/-2,8%, el 21,4% respondió que “aprueba” la medida adoptada por el gobierno; el 32% no tiene opinión a favor ni en contra; en tanto que el 46,6% “desaprueba”.

Ante los cuestionamientos y las críticas el presidente Fernández, sin que nadie se lo preguntara, explicó que la decisión de intervenir y expropiar Vicentin “fue solo mía. No de Cristina”. El anuncio aparece, por lo menos, como insuficiente. En el mismo trabajo de análisis de opinión pública, el 22,6% de la sociedad cree que efectivamente lo decidió Alberto F.; el 21,1% cree que lo hicieron ambos; pero, el 47,2% responde que fue la vicepresidente Cristina Fernández. “Es muy probable que, en esas percepciones negativas que casi todos las y los colegas consultores coincidimos, se vincule con los 12 años de la familia Kirchner en el poder y la confiscación de Ciccone (la empresa que imprimía el papel moneda argentino) o el enfrentamiento con el sector agropecuario”, interpretó un analista que, prefirió mantener su identidad en reserva, “por ahora”.

La encuesta de Management & Fit, agrega que un 58% de los consultados cree que el gobierno “intentará confiscar más empresas”, mientras que el 19,8% no considera que será así. Pero, más allá de las compulsas, tanto en esta ciudad como en las principales capitales en todo el país, durante dos noches, las cacerolas rechazaron la medida. Sin embargo, por el lado de los actores públicos, por ahora, prefieren expresar sus rechazos y preocupaciones sin ser identificados. Pese a ello, este corresponsal pudo constatar que “hay profunda preocupación” entre los gobernadores aliados a la coalición gubernamental “porque no fuimos siquiera advertidos de lo que iba a suceder con Vicentin”. Grave. Los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti –donde se localiza el complejo agroindustrial afectado- y de Córdoba, Juan Schiaretti, tampoco sabían nada, se oponen a ese tipo de políticas y cuentan con votos claves en el Parlamento cuando el proyecto confiscatorio tenga que debatirse en procura de aprobación.

No menos de tres ministros del gabinete nacional, entre ellos el de Hacienda, Martín Guzmán, aseguran tres fuentes confiables, “tampoco tenían idea” sobre el tema. Meses atrás esta columna advirtió sobre las dificultades que presenta cualquier coalición de gobierno bifronte. El debate sobre las fortalezas y/o debilidades de la economía planificada por el Estado o la de libre decisión de los privados, ganó la calle. Las contradicciones se hicieron públicas. No son pocos los que aquí piensan que comenzó a gobernar Cristina F., ni los que sostienen que “el conflicto recién empieza”.