En un primer comunicado, desde el Ministerio de Salud informaron que se tomó la decisión de proceder a la clausura temporal de la empresa Insumos Médicos SA (Imedic), basada en la recomendación recibida de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa). “La investigación arrojó evidencias suficientes para justificar la medida”, reza el escrito. Posteriormente, Salud emitió otro comunicado en el que aclara que la decisión asumida en realidad fue: suspensión temporal.

Si “existen evidencias suficientes para tomar la medida”, quiere decir que el hecho está demostrado que sucedió y certificado por la máxima autoridad de control sanitario. Acá no estamos hablando de una mera falta administrativa o una avivada empresarial para sobrefacturar un producto, estamos frente a un acto cuasicriminal.

La imputación a los directivos de Imedic y a un despachante aduanero se debe al caso de que esta empresa montó un esquema delictivo para importar medicamentos oncológicos y para pacientes en terapia intensiva procedentes de la India. Esta empresa tenía registro sanitario para importar estos medicamentos únicamente de la firma brasileña (Eurofarma). Sin embargo, Imedic falsificó facturas de Eurofarma para simular que compraba de esta empresa, cuando en realidad, estaba trayendo de la India.

Y acá viene lo grave del caso, que debe suponer una clausura definitiva de la empresa y el castigo a los responsables, no solo un estirón de orejas, que en la práctica representa la suspensión temporal tomada por Salud. Se habrían cometido delitos como evasión de impuestos, falsificación de documentos, contrabando, etc., hechos que no solamente afectan al fisco, sino que al introducir al país fármacos que no fueron ni habilitados ni certificados por las autoridades sanitarias, significaron un riesgo para la vida de las personas.

Si el propio Ministerio de Salud certifica la veracidad de lo acontecido es inadmisible una sanción irrelevante como la suspensión temporal. Esto implicaría darle tiempo a la empresa para subsanar lo evadido o hasta incluso seguir el protocolo establecido en la ley para la obtención de registros y habilitaciones para la importación de medicamentos como varias empresas lo hacen.

Ya no existe ninguna garantía por parte de esta empresa y sus accionistas de que a partir de ahora aprendan a hacer las cosas en regla. ¿Qué se puede esperar de quienes han montado esquemas delictivos para jugar con la salud de la gente?

La tibia reacción del Ministerio de Salud ante este hecho solo alimenta la teoría de la complicidad. Existe un aparente temor de quienes deben aplicar un castigo ejemplar a tan deleznable conducta empresarial. Ese temor se sustenta en el miedo a que los responsables revelen quiénes dieron el soporte político y el aval para estas operaciones.

El empresario Justo Ferreira tiene un par de mensajes guardados en su teléfono móvil, con copia de los mismos ante escribanía. Estos mensajes comprometerían a ciertos actores del poder en toda esta maraña, incluso relacionado al caso de la fallida adquisición de insumos provenientes de la China para usarlos en esta pandemia. “Si hablo yo, caen todos. Cuídenme”, habría sido el mensaje del empresario a las más altas esferas del poder. Si tienen que caer todos por haber lucrado a costas de la salud de la gente, que caigan todos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.