Por Carlos Mariano Nin
La noticia copó las redes sociales con grandes titulares y feroz foto del hombre señalado.
Lo habían detenido en la calle dentro de una investigación por la presunta violación de una niña.
Algún diario sensacionalista incluso lo sacó en portada, difuminando la misma foto que había circulado horas antes en las redes sociales, pero dejando adivinar quién era el monstruo.
El abuso de niños es quizás el crimen más abominable de cuantos existan, siempre lo condenamos y rechazamos a la hora que sea y donde sea.
Pero no de esta manera.
Lo prohíbe el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia: “Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal.
En las redes sociales la noticia se amplificó y la condena cayó sobre el hombre como una terrible maldición.
Violamos las leyes de un lado y del otro.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 11, apunta: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad…”.
El título es fuerte. La palabra violación siempre sonará más fuerte que presunción. Así, antes de que se inicie cualquier proceso la condena social es irreversible.
El caso me recordó a otro muy comentado en Uruguay hace años y que siempre pongo como ejemplo. Se trata de la historia de Catherine, la hija menor del matrimonio Vázquez. La beba amaneció muerta en su cama. Nada más llegar a la casa, una pediatra, consultada por la televisión, aseguró que la niña había sido violada. Luego se disculpaba porque había confundido una pomada para las paspaduras con semen.
Pero la policía ya había detenido a los padres y la televisión le había dado grandes titulares al tema.
Los movileros de los canales esperaron frente a la policlínica que salgan los padres. Ellos salieron con la cabeza gacha, se metieron en un patrullero con los vidrios bajos en pleno invierno y fueron entrevistados para todos los informativos. Los policías escoltas miraron a otro lado. Allí, un reportero lanzó: ¿violaste a tu hija? ¿tenés pruebas de que sos inocente?, disparó otro.
“Soy inocente”, contestó el padre con los ojos llenos de dolor.
Olvidaron que la Constitución es clara “Lo que se debe probar es la culpabilidad de una persona en un hecho delictivo”.
La autopsia revelaría más tarde que la niña murió a causa de una infección y que no existió abuso. Pero ya era tarde.
No hubo presunción de inocencia y los padres de la niña se ahogaron en la más absoluta tristeza y en la condena pública.
Pero volvamos a Paraguay.
La situación que envuelve a los abusos en niños es de terror, esa es una situación contundente.
Las cifras del año pasado desnudan la más absoluta realidad.
Desde enero hasta abril se registraron unas 4.750 denuncias de vulneraciones de distintas naturalezas y gravedad. Entre ellas se encuentran casi 1.500 denuncias de maltrato y 330 denuncias de abuso sexual.
Dentro de este contexto, que en realidad crece abrumadoramente a la sombra de un subregistro que haría crecer las cifras a niveles insospechados, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia lanzó el año pasado la campaña virtual #TodosSomosResponsables, en la que insta a denunciar los casos de los que vos pudieras tener conocimiento.
Pero no podés denunciarlo públicamente en las redes sociales, eso sí, si se comprobara que es falso, sería un delito. Tenés que hacerlo llamando al fonoayuda 147 o al sistema 911.
Pero nos falta mucho. Estamos creciendo, es verdad, y tratamos de hacerlo lo mejor posible, no podemos permitir el abuso ni violar la presunción de inocencia.
En este caso ya hubo una condena que no va a tapar el titular de un diario. El daño está hecho y posiblemente no tenga reparo.
El tiempo y la justicia deberán hacer su trabajo y juzgar, condenar o exculpar. Entonces estaremos pendientes para acusar con razón. Ahora somos nosotros los que estamos en falta alejados de un derecho, de un principio universal, que considera inocente al sospechoso hasta que se demuestre lo contrario.
Pero claro, esa es… otra historia.