Desde mi mundo

Por Mariano Nin

Analista

Corría el año 2016 cuando una noticia conmocionó al país. Un grupo de agentes de la Senad, durante un dudoso procedimiento, mató a una niña de tres años en Nueva Italia.

Poco después debía renunciar al cargo el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Luis Rojas.

Cinco policías fueron acusados, pero cuatro años después no se pudo fijar condena, ya que el proceso judicial entró en un laberinto de chicanas en el que quedó atrapado el caso.

Cinco años antes, en el 2011, otros policías, pero de Interpol y en otro confuso incidente, mataron a un niño de cuatro años en Ciudad del Este. El caso hablaba de extorsión, prepotencia y violencia. Si bien en este caso se llegó a una condena, bueno, condena es un decir, la pena fue una pena. Todos los involucrados fueron beneficiados con la suspensión de la condena.

Pero la Policía nos seguiría sorprendiendo. ¿O no?

En el 2019, policías de civil persiguieron un bus escolar en Areguá. Dicen las crónicas de esa época que la conductora se asustó y huyó. Hubo velocidad y tiros y dos niñas de 8 y 10 años resultaron heridas de bala. Todos los policías involucrados fueron apartados del cargo y siguen en proceso.

En la mayoría de los casos la Policía acusa un error en los operativos, pero no habla de la falta de preparación o desconocimiento de los procedimientos de sus agentes.

Y así, con estos antecedentes, llegamos al caso que nuevamente enciende las alarmas y pone a la institución, cuyo trabajo es uno de los más nobles, en el centro de la polémica.

La polémica no es si la irresponsabilidad del padre desencadenó el incidente (lo cual puedo criticar desde mi visión de padre, ya que yo no arriesgaría a mi familia sabiendo que es impredecible cómo podía reaccionar la Policía) ni si las barreras son legales o ilegales (que dicho sea de paso parece que no existen documentos y la “barrera” habría sido improvisada, algo común entre algunos uniformados dedicados a la coima y procesos irregulares), ni siquiera es la persecución en sí.

La polémica gira en torno al procedimiento. ¿Por qué la Policía habría de disparar si nunca estuvo en peligro? En el mejor de los casos si el padre hubiese violado la cuarentena como se dice (cosa corriente en estos días) la Policía debería haberlo intimado a detenerse, pero no a balazos.

Siempre está la posibilidad que en el vehículo en fuga haya niños, adultos mayores o embarazadas. Si bien todos los que huyen deberían de ser considerados un riesgo, se debería evaluar en el contexto o la coyuntura.

El propio ministro del Interior, Euclides Acevedo, alimentó el fuego al decir que se trató de un accidente debido a la falta de idoneidad de los policías. Pero la Fiscalía no está de acuerdo y en base a la declaración de testigos, imputó a los policías y pidió su prisión.

La ley es clara.

Está prohibido realizar disparos de advertencia, disparar desde o hacia un vehículo en movimiento (salvo excepciones) y disparar a personas que solo cometan faltas administrativas. Incluso está prohibido disparar a la cabina de forma preventiva.

Aun así, no había indicios de que el conductor o los ocupantes del vehículo representaran un riesgo para el orden público.

Es preocupante porque no es nuevo. Son situaciones que se repiten en el tiempo y casi siempre con desenlace desafortunado. No solo es ver en las calles policías gordos, corruptos o desinteresados, es la falta de preparación que nos pone en medio de las balas, como esas historias de policías, niños y balazos en las que los policías no son los héroes que deberían ser…

Pero esa, es otra historia.