• Por Aníbal Saucedo Rodas
• Periodista, docente y político

El discurso ha perdido el fuego de la elegancia. Se desnudó de la agudeza del ingenio y la lucidez de la inteligencia. Se vistió, en cambio, con el descolorido traje de la rutina. De las mismas frases repicadas a ritmo de letanía. Aprendidas de memoria y pésimamente repetidas. Esto, en el caso de aquellos pocos que todavía leen libros, pero que no lograron consolidar su propio pensamiento crítico. Los demás apenas balbucean algunos deshilachados trucos verbales. En medio de ellos, resiste una pequeña legión que todavía puede hablar y escribir comunicando (se hace entender) contenidos y transmitiendo conocimientos.

No estamos condenando las citas de un texto o los aportes intelectuales de los demás. De otro modo, este mismo artículo pecaría de incoherente. Son importantes para contextualizar y enriquecer un discurso, pero no para convertirse en el discurso, peor, en una deplorable interpretación.

En esta tierra de Babel todo es discutible. Total, el relativismo permisivo ubica en la misma categoría la opinión sin sustento racional y la certeza lógica. Cinco horas en las redes, más algunos minutos “productivos” en Google, equivalen a leer la “Teoría general de la política”, de Norberto Bobbio, o “La política: lógica y método en las ciencias sociales”, de Giovanni Sartori.

La preocupación no es original ni tampoco es nueva. Desde 1987, el francés Alain Finkielkraut –polémico intelectual y ensayista– viene asumiendo la irremediable derrota del pensamiento. Y cita el ejemplo de los populistas rusos del siglo XIX, para quienes un par de botas tenía más valor que las obras de Shakespeare.

La preeminencia de la vida guiada por el pensamiento, que define a la cultura, va cediendo suavemente su lugar, advierte, al ridículo cara a cara del fanático y del zombi. O sea, entre aquel que no logra cruzar el umbral de sus miopías intelectuales y el que solo sigue el paso de la procesión.

En este mundo que habitamos y en esta sociedad donde sobrevivimos la política se ha desprendido de la excelencia. Se ha desviado de su misión trascendental: el bienestar colectivo. Que representa el subrayado ético del buen gobierno, en las antípodas de aquel que privilegia el bien particular.

En medio de este ambiente de confusión conceptual y de mediocre gestión, donde la pandemia convive con la corrupción, una reforma estructural del Estado, impulsada desde los centros del poder, tiene que abrirse a un amplio acuerdo social y político. Toda reforma que tenga aspiraciones de sostenibilidad en el tiempo debe convocar a personas con credibilidad intelectual. No solo teóricos de la academia, sino hacedores de la realidad.

Es imposible pensar en el diseño de una nueva arquitectura para el Estado con funcionarios que viven colgados de la cornisa del pensamiento.

Por tanto, no es arbitraria nuestra exigencia de que el Ejecutivo integre una comisión de reforma con personas competentes y honestas y que tengan claro el imperativo de garantizar la coexistencia “de las formas del Estado de derecho con los contenidos del Estado social” (Gozzi, 2008). Como solemos afirmar: los privilegios deben terminar arriba para que se haga justicia abajo. De lo contrario, todo se reducirá a remiendos apurados que soltarán sus costuras en el primer asalto.