• Por Carlos Mariano Nin
• Columnista

Con los hospitales colapsados por la epidemia de dengue, cuando terminaba el año comenzaba una nueva odisea. El coronavirus tomó al mundo de sorpresa. Y nosotros estuvimos en sintonía. Primero, las noticias llegaban desde la lejana China, luego se iban acercando hasta que finalmente sucumbimos a la globalización.

Nuestro país tomó medidas sanitarias drásticas; mientras, con cierta confusión se practicaban medidas económicas para acompañar el confinamiento.

Del susto se pasó a la acción mientras los muertos aumentaban vertiginosamente en donde el virus había desembarcado. Fue entonces que muchos aprovecharon la confusión y el pánico para sacar provecho de la situación.

La corrupción es como un animal insaciable que nunca se contenta.

Para enfrentar la pandemia, el país realizó préstamos internacionales por un total de 1.600 millones de dólares, que serían destinados a salud, a sectores vulnerables de la economía y a brindar asistencia a personas de escasos recursos, afectadas por la política de cuarentena.

En palabras fáciles, las excepciones establecidas por el Gobierno para enfrentar esta nueva crisis también permitieron a las autoridades de las instituciones tomar medidas de emergencia como realizar contrataciones de servicios, adquisición de materiales e insumos de protección para los funcionarios y compras de alimentos para distribuir entre los sectores más vulnerables de la población, a través de licitaciones sumarias sin necesidad de pasar por procesos burocráticos.

Fue como un reguero de pólvora y era previsible que explote.

Los medios de prensa y la ciudadanía en general actuaron como contralores del dinero público. De estar preparados dependía en muchos casos la diferencia entre levantarnos, sobrevivir o quedar devastados.

Una de las primeras alertas se encendió en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Hoy se investiga si la institución adjudicó a una empresa fantasma la compra de tapabocas, cuyos costos se sobrefacturaron hasta la vergüenza.

Una empresa de maletín supuestamente fue constituida exclusivamente para el negociado. El propio presidente de la Dinac habría tratado con una empresa proveedora los tapabocas para luego revenderlos a la institución por varias veces el precio original a través de la empresa fantasma.

El escándalo motivó la renuncia de su titular, Édgar Melgarejo. Luego, algo parecido desembocó en la renuncia de Patricia Samudio en Petropar, mientras se esperan resultados de investigaciones de la Fiscalía.

Situaciones como estas se dieron en varias empresas gubernamentales y municipalidades de todo el país.

También, las miradas apuntaron a las adquisiciones hechas por el Ministerio de Salud de equipos médicos importados de China por las empresas Eurotec SA e Insumos Médicos SA, que incluyen mascarillas quirúrgicas, trajes protectores y camas para hospitales, rechazados en un primer cargamento por no cumplir las especificaciones técnicas.

Con la llegada de un segundo cargamento, el Ejecutivo creó entonces la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras ante el covid-19, cuyas atribuciones corresponden a la Secretaría Nacional Anticorrupción o a la Auditoría del Poder Ejecutivo, por nombrar algunas herramientas.

La pandemia nos demostró que la corrupción no discrimina. Le da lo mismo matar a un niño que desproteger a un médico. Incluso no tiene conciencia. El dinero que se roba podría salvar al hijo de un corrupto, o a su madre o a él mismo. Da igual.

Robar en tiempos difíciles no solo es criminal, es inhumano. Hoy tenemos la gran responsabilidad de cuidar el gasto público. Ese gasto que nos garantice salud y educación, salud para sortear al virus maldito y educación para que no nos engañen políticos corruptos, pero claro, esa es… otra historia.