• Por Jorge Torres Romero
• Columnista

Desde el arranque de la crisis provocada por el coronavirus, el 11 de marzo pasado, se han reportado más de 100.000 suspensiones temporales de empleo y otros 10.000 despidos concretados entre marzo y abril; y, por si fuera poco, no existen perspectivas de crear nuevos puestos laborales sino hasta comienzos de 2021, según la propia ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo.

Es un dato aterrador, sobre todo porque detrás de cada desempleado hay una familia que queda sin el sustento diario y con la incertidumbre de cómo harán para sobrevivir en los próximos meses.

La pregunta que surge de inmediato es ¿qué podemos hacer frente a esta realidad que golpea a todos los sectores y, sobre todo, a los que están más desprotegidos?

En Ciudad del Este, una de las regiones más afectadas por el cierre de fronteras, que paralizó la actividad comercial hace más de dos meses, muchos perdieron sus trabajos y otros también fueron alcanzados por la suspensión temporal de contratos. Actualmente, estos compatriotas sobreviven gracias a las ollas populares que casi llegan a mil, distribuidas en municipios como Hernandarias, Minga Guazú y Presidente Franco, además de la capital del Alto Paraná.

Sabemos, igualmente, de otras iniciativas solidarias que han surgido de personas, asociaciones u organizaciones sin fines de lucro que se han puesto la camiseta albirroja para ayudar a los que la están pasando mal.

Pero, ante una crisis de la magnitud como la que tenemos, es necesario pensar en soluciones de más largo plazo, teniendo en cuenta sobre todo que la situación respecto a la enfermedad es incierta y según las autoridades sanitarias, estamos aún lejos de alcanzar el pico máximo de contagios esperado. A esto hay que sumar la situación de los países vecinos, sobre todo el Brasil que es nuestro principal socio comercial.

Los analistas políticos suelen decir que la incertidumbre y el miedo son el caldo de cultivo propicio para los estallidos sociales y eso es lo que debemos tratar de evitar que ocurra en nuestro país. La crisis obliga a una mayor inversión social, pero no se tienen recursos ni existe la posibilidad efectiva de incrementar el déficit, lo que se traduce en tensión política, discrepancias parlamentarias y crecientes protestas sociales.

Hasta ahora, todas las medidas aplicadas desde el Gobierno han servido como un parche para reducir el impacto en los diferentes sectores de la economía y, en cierto modo, se ha cumplido con los objetivos establecidos en la ley que declaró estado de emergencia; entre las que sobresalen las compensaciones económicas para trabajadores formales e informales que, si bien tuvieron múltiples inconvenientes para su implementación, debemos reconocer que han servido para dar algo de oxígeno a los sectores más vulnerables.

Sin embargo, ha llegado el momento de pensar en las medidas estructurales, aquellas que permitan enfrentar con mayor efectividad la situación económica y para ello se requieren de políticas claras que apunten a una rápida recuperación de la economía. Pero, esto requiere de un consenso que vaya más allá de un simple acuerdo entre los poderes del Estado.

Este tipo de medidas requieren de acuerdos nacionales específicos que involucren también a los sectores productivos, empresarios e industriales, de modo de establecer mesas de diálogo con la participación de diversos actores, así como conversaciones con los partidos políticos en la búsqueda de posiciones que vayan más allá de la coyuntura en una perspectiva de largo plazo.

Algunos economistas sostienen que la reactivación económica debería pasar por algunos ejes principales, como la simplificación de trámites para el apoyo a las pymes y emprendimientos, una mayor empleabilidad y los proyectos de inversión en infraestructura pública, que vendrían a dinamizar la economía, tanto con la generación inmediata de empleo, como también con una mayor competitividad en el tiempo, y que esto contribuya a disminuir de forma permanente la tasa de desempleo abierto. Para ello –insisto– se deben buscar formas de diálogo permanentes que procuren encontrar soluciones consensuadas entre los principales actores de la sociedad. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.