Por Ricardo Rivas
Corresponsal en Argentina
Twitter: @RtrivasRivas
El presidente argentino, Alberto Fernández, prologó la cuarentena hasta el próximo 24 de mayo. Hasta la noche del pasado sábado, la estadística revela que, en éste país, había 5.776 casos “confirmados”; 1.757, casos “recuperados”; y, 300 fallecidos, como consecuencia del coronavirus. La mayoría de ellos en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) conformado por la capital argentina y una veintena de municipios que la rodean.
En ese espacio urbano es donde se desarrollan en los últimos 30 años los asentamientos en los que se hacinan miles de familias pauperizadas con todo tipo de carencias. Por esas razones, la cuarentena que sigue, en casi nada cambia para los que allí residen mientras que, para el resto del país, la “cuarta fase”, como la categoriza Alberto F., tiene menos intensidad. Incluso, se habilitaron algunas actividades económicas. Las recreativas continúan suspendidas so pena de aplicar sobre las y los infractores todo el peso del Código Penal.
En ese contexto, el jefe de Estado anunció que “todo el que vuelva a trabajar debe bajar una aplicación” a su celular llamada “Cuidar”. Al momento de buscarla, la APP, indica que se trata de una herramienta de monitoreo digital “del Ministerio de Salud de la República Argentina destinada a la prevención y al cuidado de la ciudadanía frente a la pandemia del Nuevo Coronavirus Covid-19”. En ella, el usuario, debe cargar todos sus datos personales para luego pasar a una instancia de “autoexamen” con el que las autoridades definirán si debe o no aislarse para prevenir que COVID-19 circule. Es obligatoria y ningún trabajador podrá circular sin estar registrado en ella y con ella. Nada nuevo en el mundo emergente de la pandemia.
Desde esta misma columna se advirtió, semanas atrás, sobre la aplicación de sistemas de control social en varios países antes que en la Argentina y claramente se categorizó esas prácticas gestión estatal como un significativo retroceso para el Estado Democrático de Derecho. De hecho, luego que una decena de países nucleados en la Organización de Estados Americanos (OEA) –entre los que se encuentra la Argentina- notificaran formalmente a ese organismo multilateral la “suspensión de (algunas) garantías” individuales para enfrentar la pandemias, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitieron contundentes recomendaciones a los Estados parte del sistema.
El más alto tribunal continental, el 9 de abril último, les advirtió que “los problemas y desafíos (que supone enfrentar la pandemia) deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales”. Clarísimo y preciso. Pero mucho más aún cuando la Corte agrega que “todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedanafectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”.
Los jueces interamericanos precisan además que “deben disponerselas medidas adecuadas para que el uso de tecnología de vigilancia para monitorear y rastrear la propagación del Coronavirus COVID-19, sea limitado y proporcional a las necesidades sanitarias y no implique una injerencia desmedida y lesiva para la privacidad, la protección de datos personales, y a la observancia del principio general de no discriminación”. Hasta el momento sólo algunos opositores liderados por la diputada Karina Banfi impulsan un “pedido de informes” en el Parlamento inactivo sobre la APP “Cuidar”. No se conocen aún cuestionamientos de las organizaciones de trabajadores ni de ningún otro organismo. Delgada línea roja.