- Por Eduardo “Pipo” Dios
- eduardodiosk@gmail.com
Los negociados no son cosa nueva cuando hablamos del Estado paraguayo. Desde que existe, siempre ha habido empresarios que se han hecho ricos vendiendo o proveyendo con exclusividad y casi siempre sobrefacturado todo lo que el Estado podía comprar o contratar, insumos, alimentos, obras públicas, equipamientos, merienda escolar, servicios de catering, lo que sea. El “empresario” recibe el favor por una cuestión familiar, política, o simplemente la coima a la autoridad encargada de la adquisición.
Desde que empezó la democracia, a fuerza de denuncias, se fueron modificando los mecanismos de adquisición de bienes y servicios del Estado. Siempre que se hizo una ley, la trampa salió a la par. Se creó la Dirección de Contrataciones Publicas con su ley y reglamentación llena de hermosos enunciados y atrás estaban los muchachos listos para burlar los controles.
Como si esto no fuera suficiente, cada tanto, alguna catástrofe natural o artificial, o en este caso de hoy, una pandemia, hace que los muchachos pidan que se declare el estado de emergencia para “poder comprar sin tantas vueltas las cosas urgentes” (sic).
La excusa es que después ndaje nos van a mostrar todos los papeles y si... Dios no lo permita, y hay alguna sospecha, las autoridades correspondientes hagan caer el peso de la ley sobre ellos. Eh, si... claro.
La connivencia entre los que hacen el fato y los que tienen que controlarlos y eventualmente, castigarlos, es un matrimonio de esos de antes, indisoluble.
Hoy, tenemos las compras hechas por la urgencia sanitaria de la COVID-19 bajo la mira, las redes sociales están llenas de denuncias de todo tipo, algunas son falsas, las menos, otras manipuladas, y la mayoría espeluznantemente reales. Muchas de ellas son hechas por los propios empresarios que, esta vez se quedaron fuera, porque aparecieron otros que fueron más rápidos, o más generosos con la autoridad de turno o con mejores vínculos, entonces, en su despecho, filtran anónimamente la información. Otras, los propios funcionarios, que por motivos válidos o por enojo, también filtran. Al final, no importa mucho de dónde viene, sino que termine en algo positivo y no que un escándalo tape al otro, se duerma la investigación, con algún fiscal cómplice, o un juez arreglado, o por una “orden superior” de algún político poderoso.
Realmente, ¿es tan difícil hacer un llamado público a corto plazo, digamos una semana, en todos los espacios que tienen gratis y comprados en los medios, en las redes y donde sea, avisando que quieren comprar mascarillas, alcohol, respiradores o curitas y que se presenten todos y delante de las cámaras abran las ofertas y se adjudique a la mejor oferta en precio y calidad? ¿Por qué las empresas privadas pueden hacerlo? ¿Por qué tantos meses para pliegos interminables, llenos de trampas y especificaciones a medidas de algún socio y no simplemente algo abierto? Se hace complicado para que no entren los que no conocen los conductos escondidos, los pasadizos secretos, lo que no tienen un facilitador dentro que les arme el pliego o el llamado a medida. Y luego, cuando pueden ni siquiera eso, tienen su emergencia y directamente invitan a los suyos, calladitos y rápido.
En resumen, nos joden por izquierda, por derecha, con emergencia o sin ella, hay que ser muy ilusos para pensar que gente que toda la vida ha lucrado con el pan y la salud del pueblo, se conmueva por una pandemia, cuando toda la vida sus fortunas las hicieron viendo morir de hambre y enfermedades a los mismos a los que les hacen lo mismo hoy.
La ocasión hace al ladrón, y acá ocasiones hubo, hay y seguirá habiendo, desgraciadamente, todo el tiempo.