- Por el Abg. Óscar Germán Latorre
- Ex fiscal general del Estado
Gobernar un país nunca fue ni será una tarea fácil y más aún cuando se plantean problemas tan graves como la amenaza del COVID-19, que hoy atormenta a numerosos países del mundo.
Nuestro gobierno adoptó oportunamente el plan de prevención que aparentemente está dando los resultados esperados, evitando que el contagio masivo supere la capacidad del servicio médico público y privado que hoy está disponible. Obviamente, la correcta valoración estará condicionada por el número de análisis clínicos que, si bien se han incrementado, siguen siendo insuficientes.
El Estado debe adoptar no solo las medidas correctas en materia de salud, sino también las necesarias para evitar los daños económicos y financieros que van a producirse a nivel mundial y, particularmente, en nuestro país.
En este sentido, el plan de emergencia contempla que el Estado deberá contratar un préstamo de US$ 1.600.000.000 que serán destinados a atender las exigencias médicas y económicas que el coronavirus está planteando.
El Gobierno piensa destinar varios millones de dólares como subsidio para los trabajadores informales y los cuentapropistas. La medida es correcta e impostergable para evitar un grave estallido social.
Confieso que siempre fui contrario al otorgamiento de subsidios porque la fórmula jamás resolvió el problema de fondo de los beneficiarios y se ha convertido en un mecanismo para producir una generación de holgazanes que vive a costilla del Estado, tal como ocurre en la Argentina, donde los que reciben el subsidio prefieren seguir en esa condición antes que trabajar; el resultado es un Estado quebrado sin posibilidad alguna de salir del fondo del pozo en que está metido.
La pregunta que se impone es ¿qué pasará con los trabajadores formales y las empresas empleadoras? Muchas de estas han paralizado por completo sus actividades y la pretensión del Ministerio de Justicia de que los empleadores –que no tienen ingresos– sigan pagando los salarios de sus empleados parece un destacable anhelo, pero impracticable en la mayoría de los casos. Muchas de las pequeñas empresas abonan el salario de sus empleados con sus ingresos semanales o mensuales. Y el proceso de despidos masivos ya ha comenzado.
Si el Estado no atiende la situación que se está planteando con los trabajadores formales y las empresas empleadoras, lo que se tendrá al final de este incierto camino que inevitablemente deberemos transitar será que varios miles de trabajadores que han perdido sus empleos pasarán a englobar la lista de desocupados y con derecho a reclamar subsidios.
No se trata de beneficiar a los empresarios en detrimento de ningún otro sector, sino simplemente enfocar un problema que inevitablemente se producirá con el sustancial incremento de la lista de desocupados y de pequeñas y medianas empresas quebradas. Si pretenden destinar US$ 100.000.000 para que el IPS abone los días de reposo médico de sus asegurados, más lógico sería que los registros del IPS sean utilizados para conformar la lista de empleadores y de trabajadores asegurados y, sobre esa base, que el Estado asuma todo o parte de lo que, según esos registros, constituye el salario de esos trabajadores formales. Hasta parece un absurdo subsidiar a los informales y abandonar a los formales y a las empresas que son las que tributan y aportan para que el Estado pueda sufragar sus gastos. Además, eso evitará que aparezcan los avivados de siempre y permitirá un mejor control de gastos.
Enfrentamos a un enemigo desconocido que ha sorprendido y golpeado a los países con los mejores servicios sanitarios del mundo y aún no se tiene otra fórmula que la cuarentena para combatirlo.
El COVID-19 ya está instalado en nuestro país y debemos ser conscientes de que permanecerá latente por muchos meses más, de modo que debemos prepararnos también para afrontar el problema económico que se avecina.
Sin ánimo de parecer como un entendido de la materia, que no lo soy, estimo que debería replantearse la aplicación de esos recursos que si llegaren a ser insuficientes para atender los requerimientos de salud y los económicos, el Gobierno deberá incrementarlos echando mano de las reservas internacionales del BCP porque de nada servirán los US$ 8.000.000.000 de la reserva si el país queda económicamente tan golpeado como después de las 2 grandes guerras que hemos tenido.